Familiares de presos políticos siguen esperando mientras crece el temor de que se frenen las excarcelaciones
Más de una decena de personas dormía en plena calle cerca de la Zona 7 de la PNB, en colchonetas y soportando el frío, aferradas a la promesa que Jorge Rodríguez hizo hace casi una semana: la liberación de “un número importante” de ciudadanos detenidos por motivos políticos
Por Luis De Jesús | @Luisdejesus_
Familiares de presos políticos en Zona 7 siguen esperando mientras crece el temor de que se frenen las excarcelaciones
Familiares de los presos políticos de Zona 7 tienen casi una semana durmiendo en la calle | Foto: Ezequiel Carías / El Nacional
Mientras Caracas retomaba su ritmo tras los días de silencio y tensión que siguieron a la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores, el tiempo pasaba lento en los alrededores de la Zona 7 de la Policía Nacional Bolivariana, en la urbanización Boleíta. A escasos metros del centro de reclusión —conocido como El Inframundo o La Llorona— familiares de presos políticos aún esperaban este martes que sus allegados recuperaran la libertad.
La Zona 7, un sitio en la sombra
El Nacional constató que alrededor de 15 personas dormían en plena calle —sobre colchonetas donadas, soportando el frío y dependiendo de la comida y el agua que les acercan vecinos—, aferradas a la promesa que Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, hizo hace casi una semana: la liberación de “un número importante” de ciudadanos detenidos por motivos políticos.
“Este es un sitio en la sombra. Nadie pensaba que había presos políticos”, expresó Nelcy Escorcia sentada en la acera en la que durmió. Ella espera la liberación de su esposo Franklin Parra, quien fue detenido por agentes del gobierno en Maracaibo, estado Zulia, el 26 de noviembre del año pasado y trasladado a Caracas.
“Estamos cansados porque hasta la fecha no hemos obtenido ninguna noticia positiva con respecto a nuestros presos políticos, y ya estamos desesperados. No hallamos qué hacer. Estamos pacíficamente esperando esa promesa que hicieron de unir a las familias, pero hoy sentimos desesperación, queremos gritar, queremos salir corriendo. Nadie nos da respuestas positivas, nadie nos dice nada”, manifestó.
En contraste con la situación en la Zona 7, los accesos hacia El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional y principal centro de torturas de Latinoamérica, permanecían cerrados y bajo control de la Policía Nacional Bolivariana, con camiones y autobuses policiales atravesados en plena vía para impedir el paso de familiares y periodistas. Una situación similar se registró en la sede de la Dgcim en Boleíta.
Escorcia reconoció que temen que se terminen las excarcelaciones y no logren ver a sus familiares en libertad. “Ese es el miedo que tenemos, ese es el temor, esa es la angustia. Saber que Zona 7 es el único lugar donde no ha habido ni una excarcelación”.
Dijo que los familiares no pueden entregarles alimentos ni ropa, tampoco saben en qué condiciones se encuentran recluidos en ese lugar, donde el sábado 10 de enero falleció el preso político Edison José Torres Fernández, de 52 años de edad, acusado de traición a la patria. Además, allí detuvieron a opositores —entre ellos adolescentes— que protestaron contra las cuestionadas elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.
“Tenemos la fe intacta en Dios, todos los días oramos, sabemos que es el único que tiene el poder. Pero nosotros como hijos, como padres, como esposas, tenemos que alzar la voz y accionar para que nos escuchen, para que por lo menos veamos que alguien salió de allí excarcelado y tener la esperanza de que los demás van a salir”, expresó Escorcia.
Familias de presos políticos siguen esperando mientras crece el temor de que se frenen las excarcelaciones. Los familiares pernoctan cerca de la Zona 7 de la PNB l
“Eso es lo que necesitamos y lo que estamos pidiendo. Que se toquen el corazón, que tengan humanidad de verdad. Que digan ‘vamos a unir familia’, que quieran paz y reconciliación, pero ¿qué están haciendo? Miren cómo nos tienen aquí tirados. Nos comparamos con mendigos y somos personas trabajadoras que hemos dejado nuestro trabajo, nuestros hijos abandonados, por pernoctar aquí”, añadió.
Desde el jueves, tras el anuncio de Jorge Rodríguez, allegados de cientos de presos políticos comenzaron a concentrarse en los centros de reclusión con la expectativa de que se ejecutaran las excarcelaciones, pero han ganado la incertidumbre y la confusión por la falta de información y la espera.
El gobierno interino de Delcy Rodríguez afirmó el lunes que habían liberado a 116 personas, una cifra que contrasta de forma dramática con los datos reportados por ONG de derechos humanos como Foro Penal. El abogado Alfredo Romero, presidente de la organización, indicó que hasta las 10:00 am de este martes solo habían verificado 56 presos políticos excarcelados.
Evelis Cano, quien viajó desde los Valles del Tuy, en el estado Miranda, porque tiene a su hijo Jack Tantak detenido en Zona 7, afirmó que ya no tiene miedo y acusó a Jorge Rodríguez de mentirle al pueblo de Venezuela una vez más. Admitió sentirse herida y burlada porque se han violado todos los derechos de los presos políticos “solamente por pensar distinto”.
“Necesitamos fe de vida de todos ellos. Necesitamos que alguien de este centro de reclusión salga y nos dé una respuesta. Hoy es el día de las respuestas”, exigió la mujer, de 49 años, quien dijo que, si este martes no liberan a su familiar, al menos espera que las autoridades permitan el ingreso de los allegados para poder abrazarlos y comprobar en qué condiciones físicas y de salud están.
Los allegados exigieron que, así como las autoridades reclamaron a Estados Unidos una fe de vida de Maduro, también se les dé a ellos una respuesta sobre sus familiares.
“Queremos que se respeten verdaderamente los derechos humanos de los venezolanos. Hoy queremos tener la fe de vida de nuestros familiares porque no la tenemos. No podemos ni siquiera ver a nuestros familiares. Queremos pasarles alimentación, medicinas. Ellos deben estar angustiados porque los hemos escuchado entonar el Himno Nacional. Los hemos escuchado (diciendo) ‘libertad, libertad, libertad, somos inocentes, suéltennos ya”, expresó.
Cano aseguró que su hijo no tiene vinculación política y que es un comerciante padre de un niño de 7 años de edad y de una adolescente de 15, que esperan que él regrese a casa.
“Estoy comprometida con mis nietos, en devolverles la alegría a mis nietos. Señor Jorge Rodríguez, cumpla con lo que usted prometió, porque ustedes piden fe de vida del presidente Nicolás Maduro Moros y piden que se le respeten los derechos humanos. Soy venezolana y no se le están respetando los derechos humanos aquí en Venezuela a nuestros presos políticos”, manifestó.
“Teníamos miedo, pero nosotros creemos en un Dios poderoso y tenemos la fe de que esto se tiene que solventar sí o sí. Todos los presos políticos tienen que ser liberados ya. No puede pasar un día más y que estas personas sigan injustamente aquí recluidas, privadas de libertad, sin ver a sus familiares, sin estar en sus casas con sus hijos, sin llevar el alimento a sus familiares, porque son padres luchadores que trabajan para llevar el día a día el sustento a su hogar”, dijo Cano.
El Observatorio Venezolano de Prisiones denunció, tras la muerte de Edison Torres, que la Zona 7 opera en condiciones extremas de hacinamiento, insalubridad y abandono, que ponen en riesgo permanente la vida de quienes están recluidos allí.
Este centro, que en la práctica funciona como una cárcel pese a que legalmente debería ser un lugar de detención temporal, mantiene a personas privadas de libertad por más de 48 horas sin garantías mínimas, en espacios marcados por la falta de atención médica, la corrupción y las precarias condiciones de higiene.
La organización indicó que con el fallecimiento de Torres ya suman 26 personas muertas desde 2015 en centros de reclusión del régimen venezolano, 8 de ellas desde que se intensificó la represión tras el fraude presidencial.
“La falta de transparencia es absoluta, no existen listas oficiales, no hay voceros que den certeza y la desesperación crece ante el temor de que más detenidos pierdan la vida en condiciones de insalubridad y abandono. Recordamos que el Estado venezolano es garante de la integridad física de quienes están bajo su custodia”, señaló.
Por estas razones, el observatorio reiteró que estos calabozos de la PNB en Boleíta deben cerrarse definitivamente, y exigió una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial por la muerte de Torres, así como la publicación de la lista de personas que podrían ser excarceladas.
La madre de otro preso político, que prefirió declarar bajo el anonimato tras recibir amenazas, contó que tiene un tumor cerebral, lo que le ha impedido pernoctar todos los días.
“Vamos a esperar todo lo que podamos porque estamos cansados de esto. Así como ellos piden fe de vida de Maduro, nosotros queremos pedir fe de vida de nuestros hijos que están allí metidos. Eso es lo que queremos, que nos digan: ‘Sí están aquí por esto y por esto’. Eso es lo que queremos saber, no que nos los sigan ocultando porque ya demasiado hemos aguantado. Ya esto es jugar con los sentimientos de la gente. Porque ellos tienen padres, madres e hijos”, dijo.
La mujer expresó su preocupación porque su hijo, de 31 años de edad, tiene una situación delicada de salud que podría agravarse. Está detenido desde noviembre del año pasado. “Este gobierno nos ha desgraciado la vida y ha separado a todas las familias completamente. Lo único que tengo es mi hijo, que ha estado pendiente para mí y para todo. Mi sustento es mi hijo”.
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Con Información de El Nacional – Noti/Imágenes
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