La Corte Penal Internacional condenó las sanciones estadounidenses y lamentó que esa decisión fomente la impunidad.
El fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, es la primera persona afectada por sanciones económicas y de viaje autorizadas por el presidente estadounidense, Donald Trump, que apuntan contra el tribunal de crímenes de guerra debido a sus investigaciones sobre ciudadanos estadounidenses e israelíes, en la comisión de crímenes de lesa humanidad y prácticas genocidas contra la población de la Franja de Gaza, dijeron a Reuters fuentes informadas sobre el asunto.
Khan, de nacionalidad británica, fue nombrado el viernes en un anexo -aún no publicado- a una orden ejecutiva firmada por Trump un día antes, explicó un alto funcionario de la CPI informado por funcionarios del gobierno estadounidense. El informante habló bajo condición de anonimato.
Las sanciones contra Khan incluyen la congelación de los activos estadounidenses propias y de las personas designadas en las sanciones, así como la prohibición de que ellas y sus familias visiten Estados Unidos.
La orden ordenó al Secretario del Tesoro, Scott Bessent, en consulta con el Secretario de Estado, Marco Rubio, presentar un informe dentro de los 60 días nombrando a las personas que deberían ser sancionadas.
La CPI condena las acciones de Trump
El viernes, la CPI condenó las sanciones impuestas por la Casa Blanca y se comprometió a respaldar a su personal y a “seguir brindando justicia y esperanza a millones de víctimas inocentes de atrocidades en todo el mundo, en todas las situaciones que se le presenten”. Los funcionarios de la corte se reunieron en La Haya el viernes para analizar las implicaciones de las sanciones.
La Corte Penal Internacional, creada en 2002, tiene jurisdicción internacional para juzgar genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra en los Estados miembros o si una situación es remitida por el Consejo de Seguridad de la ONU.
Decenas de países advirtieron el viernes que las sanciones estadounidenses podrían “incrementar el riesgo de impunidad para los crímenes más graves y amenazar con erosionar el estado de derecho internacional”.
“Las sanciones debilitarían gravemente todas las situaciones que actualmente se están investigando, ya que la Corte podría verse obligada a cerrar sus oficinas sobre el terreno”, dijeron en un comunicado los 79 países, que representan alrededor de dos tercios de los miembros del tribunal.
Lcda. Jaira Molano – CNP 25040 @JairaMolano News
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