Gonzalo Himiob, vicepresidente de la ONG Foro Penal, detalló que 77 de estas detenciones ocurrieron desde que se dio inicio a la campaña presidencial. Para la fecha «hay más militares presos políticos que civiles con 152». El abogado condenó que los cuerpos de seguridad del Estado no intervengan cuando se dan estos casos en los que los afectados son opositores

El presidente del Foro Penal, Alfredo Romero, informó este martes 16 de julio que en el país hay 301 presos políticos y que solo en lo que va año se han dado 102 detenciones relacionadas directamente con los movimientos políticos de campaña electoral por parte de la oposición, encabezados por María Corina Machado, líder de Vente Venezuela, para promover la candidatura presidencial de Edmundo González.

Romero detalló que a esa cifra hay que sumarle otras detenciones de personas que no están relacionadas directamente con la campaña política, para un total de 124 apresados en 2024.

«Lamentablemente, la represión política sistemática se mantiene», afirmó el abogado para expresar preocupación por el aumento de esta y solicitar a las autoridades que cesen.

Gonzalo Himiob, vicepresidente de la ONG Foro Penal, detalló que 77 de estas detenciones ocurrieron desde que se dio inicio a la campaña presidencial el pasado 4 de julio. «Esta situación ha arreciado y se ha presentado con mucha más intensidad», precisó el abogado y aclaró que de ese total, 69 han sido liberados, reseñó Tal Cual

Alfredo Romero indicó que de los 301 presos políticos, 93 no han culminado sus procesos judiciales y se encuentran «con medidas preventivas de libertad»; es decir, aún no son declarados culpables,

Indicó que existe una variedad en los presos políticos; es decir, no todos son activistas políticos y enfatizó que para la fecha «hay más militares presos políticos que civiles con 152», 149 son civiles: 27 son mujeres y 274 hombres.

El abogado condenó que los cuerpos de seguridad del Estado no intervengan cuando se dan estos casos en los que los afectados son opositores y les recordó a los funcionarios que ejecutan actos de persecución que «no pueden ampararse en órdenes de superiores porque esto no los exonera de responsabilidad».

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