El Foro Penal Venezolano dijo que, incluso completada las designaciones del Fiscal General y el Defensor del Pueblo, van a mantener una evaluación independiente y ser exigentes con su desempeño. La organización denunció que han recibido más de 1.000 denuncias sobre detenciones arbitrarias a partir del 8 de enero de este año, cuando inició un proceso masivo de excarcelación, algunas relacionadas a «abusos de poder» político
La organización Foro Penal afirmó este jueves que las designaciones un nuevo fiscal general y defensor del pueblo pondrán «a prueba al país», al tener que superar la asignación de cargos por afinidad política que han marcado los últimos nombramientos y la necesidad de justicia real para las víctimas de violaciones de derechos humanos.
«Se está poniendo a prueba al país entero, a las instituciones y a quienes están en el poder. Con esta elección del fiscal y el defensor del pueblo vamos a comprobar si efectivamente hay una construcción de un país desde la verdad, desde las normas y desde el respeto a la Constitución o si vamos a seguir otorgando cargos a personas por el simple hecho que son leales a un proyecto político», señaló en rueda de prensa Gonzalo Himiob, abogado vicepresidente de la ONG.
Según el diputado Antonio Ecarri (Alianza del Lápiz), el Comité parlamentario de Evaluación ha recibido más de 120 postulaciones a los cargos de fiscal general y defensor del pueblo, tras las renuncias el pasado 25 de febrero de Tarek William Saab y Alfredo Ruíz.
Himiob dijo que una vez escogidos ambos funcionarios o funcionarias, van a mantener una evaluación y ser «exigentes con su desempeño».
«Lo que está en juego no es solo la designación de un funcionario o una funcionaria, lo que está en juego es la posibilidad real de justicia para miles de víctimas y la seguridad jurídica que se necesita, el Estado de derecho reconstruido que se necesita para salir adelante», afirmó el abogado penalista.
Destacó además que, pese al contexto represivo, la sociedad civil «tiene la responsabilidad absoluta de vigilar a sus instituciones y de exigir mejores instituciones».
«La legalidad también es importante para las víctimas», sentenció.
Alfredo Romero, presidente del Foro Penal, dijo que este proceso de evaluación y escogencia debe ser «observado, analizado y debatido públicamente. Durante años la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo han sido utilizadas como instrumentos de persecución política en Venezuela y no como mecanismos para la protección del ciudadano y de la víctima».
La consecuencia, dijo Romero, ha sido la «impunidad» y el «debilitamiento» del Estado de derecho. A su juicio, «no estamos en una transición democrática o en una democratización plena, pero hoy existe una oportunidad para reinstitucionalización del país. Como bien todos deseamos, necesitamos instituciones creíbles».
Detenciones por «abuso de poder»
Alfredo Romero ofreció un balance sobre los registros del Foro Penal. Reiteró que hasta el 12 de marzo hay 508 presos políticos, mientras que 673 personas han sido excarceladas desde el 8 de enero hasta la fecha.
Sin embargo, dijo que hay un grupo importante de detenciones arbitrarias que está analizando la organización relacionadas a «abusos del poder» político.
Por otra parte se conoció que el Foro Penal contabiliza 508 presos políticos al #9Mar: 179 son militares.
Las denuncias, indicó, superan las mil personas desde el 8 de enero, cuando se inició un proceso masivo de excarcelación. Algunas reportaron que sus bienes fueron expropiados de forma indebida o arrebatados.
«Cuando uno revisa el caso no tiene contexto ni vinculación política, pero hay graves violaciones al debido proceso en esos casos y es una constante… Tenemos casos en los que definitivamente hay presos del poder, por venganza, retaliación, para ser sacadas de un negocio o juego político por personas que sí utilizan su influencia política contra estos ciudadanos», expresó.
Romero también cuestionó los criterios utilizados desde el poder y las instituciones para proceder a la excarcelación de algunos presos políticos. Mencionó los casos de Plaza Venezuela, del cual han verificado 46 personas, o de los 12 cadetes detenidos por emitir comentarios mientras jugaban Call of Duty. Por este último todavía hay un joven civil detenido en la cárcel de máxima seguridad Rodeo I.
Respecto a la aplicación de la Ley de Amnistía, el abogado Gonzalo Himiob dijo que han recibido algunos reportes de personas cuyo lapso de respuesta a su solicitud ha vencido, como la situación de Perkins Rocha, consejero legal de Vente Venezuela y de María Corina Machado.
Mencionó que «aún es muy temprano» para determinar si son casos aislados, forman parte de una motivación política o la incapacidad de responder por parte de los tribunales debido a la cantidad de solicitudes que deben procesar.
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