José Antonio Robles
Mientras los discursos oficiales florecen cada 28 de marzo, las paredes de nuestra historia se deteriora en silencio. Basta recorrer los centros históricos de Coro, Ciudad Bolívar, Valencia o Maracaibo, para confirmar el abismo entre la retórica protocolar y la realidad física. Hemos perfeccionado un modelo perverso: protección patrimonial sin financiamiento ni autonomía, una fórmula que no salva edificios, sino que certifica su desaparición lenta en todo el territorio nacional.
La Ley de 1993 opera hoy como una trampa legal: impone cargas de conservación rigurosas sin ofrecer incentivos, créditos blandos o asistencia técnica. El resultado es una «expropiación de facto» donde la «ruina provocada» se vuelve la única vía de escape para el propietario. Esto se agrava por la subordinación de la técnica a la política; el IPC y las alcaldías carecen de autonomía, generando una «declaratividad estéril»: poligonales protegidas en Gaceta sin Planes de Manejo reales, diluyendo responsabilidades en una inacción cómplice.
La vergüenza comparativa es inevitable. Mientras Latinoamérica movilizó más de 10.000 millones de dólares en 20 años y el BID invirtió 630 millones en la región, Venezuela ha estado sistemáticamente negada a recibir cooperación internacional. Por más de dos décadas, fuimos excluidos de fondos UNESCO, BID, CAF y ayudas externas por decisiones políticas que nos aislaron. Esta exclusión es un factor determinante que explica por qué nuestros vecinos florecen y nosotros nos deterioramos en soledad.
El error conceptual es grave: protegemos fachadas y no vida. Un centro histórico sin habitantes es un cuerpo muerto. Pero incluso con vida, el éxito está en los detalles: baños públicos dignos, estacionamientos ordenados, vigilancia y guías turísticos son fundamentales. Por el contrario, la anarquía visual, el caos de buhoneros desbordados y los tarantines que devoran fachadas no solo hieren la imagen; destruyen la funcionalidad y sostenibilidad. Un centro desordenado es un centro rechazado.
La solución exige un Pacto Ciudadano por la Memoria y el Futuro de los Centros Históricos. Esta acción estratégica de presión social y cogestión debe blindar la conservación frente a la discrecionalidad política y la inestabilidad presupuestaria. Un acuerdo que trascienda los ciclos electorales para exigir a los gobernantes compromisos vinculantes: cronogramas claros, financiamiento transparente y metas concretas de revitalización, garantizando que la memoria histórica no sea sacrificada por la inmediatez del poder.
Basta de lamentos protocolares frente al deterioro. El desafío es innegociable: transformar los centros históricos en ejes de progreso habitado o aceptar su conversión en reliquias inertes. Rescatar el patrimonio es rescatar la cohesión nacional. Quien deja caer sus cimientos y se aísla del concierto global, no solo pierde el pasado, hipoteca su posibilidad de futuro.
Arq. José Antonio Robles
Expresidente del Centro Rafael Urdaneta S.A
Directivo del Centro de Ingenieros del Estado Zulia
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