La sentencia contra las primarias emitida por la Sala Electoral evidencia «un piquete político», señala el analista Michael Penfold. Desde la Academia de Ciencias Políticas y Sociales se advierte sobre un atentado contra el orden constitucional. En este texto, TalCual ofrece algunos elementos para ponderar el efecto de la decisión del TSJ
Aunque las elecciones primarias opositoras han sido blanco de ataques desde antes de su celebración, tras la jornada del 22 de octubre en la que participaron 2,5 millones de personas y resultó electa María Corina Machado como candidata presidencial unitaria, el cerco al proceso arreció bajo las denuncias del oficialismo de un presunto fraude.
Finalmente, la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) -en sentencia del 30 de octubre- anuló de facto los comicios, justamente cuando el presidente de la Comisión Nacional de Primaria, Jesús María Casal, la vicepresidenta Mildred Camero y Roberto Abdul, otro de los miembros de la instancia y cofundador de Súmate, acudían a la citación del Ministerio Público en calidad de investigados. La citación incluyó a representantes de las Juntas Regionales de Primarias en varios estados del país.
En este contexto, el diario TalCual presenta las claves del dictamen contra las primarias y el contexto en que se produce.
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-¿Qué dice la sentencia de la Sala Electoral? El dictamen número 122 de la Sala Electoral se produjo tras ser admitido un recurso contencioso electoral del diputado José Brito, miembro de la Asamblea Nacional (AN) de 2020 en contra de los comicios opositores. La sentencia, en ponencia conjunta de los magistrados, indica que “se suspenden todos los efectos de las distintas fases del proceso electoral conducido por la Comisión Nacional de Primaria».
– Los requerimientos del TSJ. Con la sentencia de la Sala Electoral se solicita a los ocho integrantes de la Comisión de Primaria entregar varios recaudos: los antecedentes administrativos de las 25 fases del proceso; las actas de totalización regionales y nacional; los cuadernos de votación; las papeletas de votación y las actas de escrutinio; así como las actas de adjudicación y las actas de proclamación de María Corina Machado.
También piden enviar las actas de postulación de María Corina Machado (quien está inhabilitada) y remitir las renuncias de los candidatos Henrique Capriles Radonski y Freddy Superlano, también inhabilitados.
-Notificación al fiscal. El TSJ notificó al fiscal general designado por la extinta asamblea constituyente de la sentencia y advirtió que las elecciones primarias pudieron “configurar la presunta comisión de delitos contra la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la presunta comisión de ilícitos electorales y la presunta comisión delitos comunes”.
El 25 de octubre, el fiscal Saab informó que se designaron a los fiscales 73 nacional contra la delincuencia organizada y 8° nacional con competencia de delitos asociados al Saime para adelantar las investigaciones por los presuntos delitos de usurpación de funciones electorales, usurpación de identidad, legitimación de capitales y asociación para delinquir.
– Atentado contra el orden constitucional. Para la Academia de Ciencias Políticas y Sociales «judicializar y criminalizar a los organizadores de las primarias, a través de actuaciones del Ministerio Público y del Tribunal Supremo de Justicia, representa un atentado al orden constitucional y legal, a la democracia misma y a los ciudadanos que de manera cívica participaron en dicho proceso”.
En un comunicado, difundido el lunes 30 de octubre, la Academia puntualizó que el CNE solo actúa en este tipo de proceso,»si los organizadores del evento electoral así lo solicitan”. En ese sentido, negaron las acusaciones contra la Comisión Nacional de Primaria de usurpar las funciones del ente comicial.
Sin embargo, el primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, negó que las elecciones opositoras hayan sido judicializadas: «La oposición, sin contraloría inhabilitó a candidatos que querían participar. De ahí viene una solicitud, de José Brito, a quien inhabilitaron. Esa es la oposición que pide elecciones libres, transparentes, verificables y auditables. No están judicializando las elecciones. Él fue y denunció lo que pasó».
Por su parte, el director de Acceso a la Justicia, Alí Daniels, cuestionó que la Sala Electoral aceptara la solicitud de amparo cautelar de José Brito contra las primarias, cuando el diputado no participó en el proceso: «Cómo alguien ajeno al proceso de primarias pueda tener la potestad para pedir su anulación”.
– Piquete político. El politólogo Michael Penfold señaló, a través de la red social X (antes Twitter) que el dictamen sobre las primarias «evidentemente tiene un piquete político». En este sentido, Penfold planteó dos dudas.
«¿El fondo del amparo cautelar fue suspender (más no anular) los efectos de un evento político que ya ocurrió? Es curioso eso de suspender lo que ya aconteció y cuando, además, es un hecho políticamente consumado y aceptado. ¿O el objetivo de fondo fue colar la ratificación a través del TSJ de las inhabilitaciones por 15 años de Machado, Capriles y Superlano?», increpó.
Penfold añadió que una segunda reunión del Comité de Verificación del acuerdo de Barbados podría dar luz sobre estas interrogantes.
Asimismo, el politólogo Ángel Álvarez dijo, también en la red social X, que siempre creyó que el TSJ anularía las primarias antes de que se efectuaran: «Me equivoqué, pero ahora lo hacen ex post. Un mensaje claro para aquellos que creían en que las primarias eran para elegir un candidato. Sirvieron para elegir un liderazgo».
-La amenaza de la «Lista Tascón». Las ONG Provea y Control Ciudadano advirtieron que la entrega de los cuadernos de votación de las primarias, como solicitó la Sala Electoral del TSJ, revive el fantasma de la «Lista Tascón».
«En el país de la ‘Lista Tascón’ es inaceptable que cualquier político que quiera adjetivarse como ‘democrático’ venezolano avale la entrega de cuadernos de votación al autoritarismo», señaló el director de Provea, Rafael Uzcátegui, a través de su cuenta X.
Por su parte, Rocío San Miguel, directora de Control Ciudadano, sostuvo que los ataques contra las elecciones del candidato opositor repiten la misma ruta que tomó el gobierno frente al referendo revocatorio en 2003: «Sorpresa en Miraflores por el aplastante resultado que define como amenaza existencial a su permanencia en el poder; respuesta feroz e intento por deslegitimar el resultado y la construcción de Lista Tascón con apoyo del TSJ. Lo demás es historia».
Coordinación Sala de Redacción, Lcda. Amarilis Romero, CNP 12267
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