El diputado de la Asamblea Nacional Jorge Arreaza reconoció que el uso irregular de la Ley Contra el Odio derivó en detenciones carentes de sustento jurídico. Admitió que existen casos de personas que perdieron su libertad debido exclusivamente a mensajes encontrados en sus equipos móviles durante revisiones aleatorias e ilegales. las cuales no debieron admitirse por su ilegalidad.
El diputado Jorge Arreaza, actual presidente de la Comisión para la Convivencia y la Paz de la Asamblea Nacional, reconoció de forma pública que la Ley de Convivencia contra el Odio ha sido objeto de aplicaciones «irregulares».
Durante una entrevista radial este martes 24 de febrero, el dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) admitió que el sistema de justicia y los cuerpos de seguridad han empleado este instrumento legal de manera errática, lo que derivó en privaciones de libertad carentes de sustento jurídico sólido.
“Aquí se ha aplicado a veces muy bien y a veces muy mal la Ley contra el Odio”, afirmó Arreaza durante una entrevista con Circuito Exitos.
El parlamentario puso especial énfasis en una de las prácticas más denunciadas por la ciudadanía y las organizaciones no gubernamentales: la inspección de teléfonos celulares en las alcabalas policiales y militares. Sobre este punto, el vocero declaró, tras varios años de denuncia de esta práctica por parte de la ciudadanía, que «no hay derecho» a revisar los dispositivos personales de los ciudadanos en los puntos de control vial, pues la acción constituye una transgresión a la esfera privada si no existe un mandato judicial previo.
De acuerdo con la explicación de Arreaza, la revisión de un teléfono solo se justifica si el ciudadano se encuentra bajo una investigación formal o una imputación específica. El diputado admitió que existen casos de personas que perdieron su libertad debido exclusivamente a mensajes encontrados en sus equipos móviles durante revisiones aleatorias e ilegales.
Esta admisión valida las alertas que, de forma sistemática, han emitido organizaciones como el Foro Penal y Provea sobre el uso de la tecnología como herramienta de persecución política.
A pesar del reconocimiento de estos excesos, Arreaza defendió la utilidad de la ley bajo el argumento de la protección de la vida. Aseguró que el Estado ha logrado prevenir agresiones físicas y linchamientos motivados por el odio político mediante imputaciones preventivas. El diputado citó ejemplos de mensajes en redes sociales donde se incitaba a atacar hogares de militantes del chavismo, y sostuvo que en esos escenarios la actuación estatal resulta necesaria para evitar tragedias mayores.
Por su parte, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) reaccionó a estas declaraciones y reiteró que la revisión de móviles no solo atenta contra la privacidad, sino que pone en riesgo el ejercicio del periodismo. Para el gremio, estas acciones de las fuerzas de seguridad violan el derecho al secreto de la fuente, un principio fundamental para la libertad de información. El debate sobre la Ley contra el Odio resurge así en un contexto donde el propio oficialismo empieza a señalar las costuras de un sistema que, en la práctica, ha servido para criminalizar la opinión disidente.
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