Juan Pablo Guanipa insistió que el traslado de los presos políticos no representa una solución a su situación jurídica ni una medida de libertad, pues ahora están «en otros centros de tortura del régimen»
El dirigente de Primero Justicia Juan Pablo Guanipa afirmó que el cierre de El Helicoide, una de las principales dependencias del Sebin y calificado como un «centro de torturas», respondió a la presión ejercida por Estados Unidos y por los familiares de los presos políticos.
«No lo están vaciando para liberar a los presos que ahí estaban, sino para llevarlos a otros centro de reclusión (…) Estamos exigiendo que todos ellos estén en libertad», expresó el dirigente político desde la población de Guanipa, estado Anzoátegui.
En sus redes sociales, Guanipa sostuvo que las acciones de denuncia y el seguimiento internacional han sido determinantes para visibilizar la situación de quienes permanecían recluidos en ese centro de detención.
Insistió que el traslado de los presos políticos no representa una solución a su situación jurídica ni una medida de libertad, pues ahora están «en otros centros de tortura del régimen». Esto en referencia a los traslados arbitrarios reportados hacia cárceles como La Planta, el Internado Judicial Rodeo I, la cárcel de Yare II y la prisión de Tocuyito.
El dirigente hizo un llamado a mantener la presión nacional e internacional en favor de los detenidos. «Sigamos alzando la voz hasta que alcancemos la libertad para todos los presos políticos, civiles y militares», manifestó.
El Helicoide fue vaciado por la presión de los Estados Unidos y de los familiares.
Los que allí estaban recluidos siguen en la cárcel, pero en otros centros de tortura del régimen.
Sigamos alzando la voz hasta que alcancemos la libertad para todos los presos políticos, civiles… pic.twitter.com/K0rRWthUN4
— Juan Pablo Guanipa (@JuanPGuanipa) June 6, 2026
Según el Foro Penal, en Venezuela hay más de 400 presos políticos, entre ellos 35 mujeres y un adolescente.
Luego de la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, las autoridades venezolanas –encabezadas por Delcy Rodríguez– han hablado de un «nuevo momento político» y han ordenado cientos de excarcelaciones que, hasta la fecha, no han podido ser comprobadas por oenegés y los familiares de los detenidos.
También se ordenó y aprobó una Ley de Amnistía bajo este propósito; sin embargo, los diversos comités de familiares, organizaciones nacionales e internacionales reclamaron que el instrumento era revictimizante e insuficiente, pues dejaba de lado a cientos de personas, como aquellos relacionados a presuntas conspiraciones militares.
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