Esta semana, Karim Khan se apartó oficialmente de su cargo mientras la Oficina de Servicios de Supervisión Interna de las Naciones Unidas investiga las denuncias en su contra por presunto acoso sexual. Según la doctora en Derecho Internacional Soranib Hernández de Deffendini, Mame Mandiaye Niang asumió la situación Venezuela el año pasado, cuando se conocieron esas acusaciones. Es decir, la investigación por las violaciones a los derechos humanos en el país no se ha detenido
El fiscal adjunto de la Corte Penal Internacional —CPI—, el senegalés Mame Mandiaye Niang, tiene en sus manos la decisión de solicitar a la Sala de Cuestiones Preliminares las posibles órdenes de comparecencia o de detención contra los altos mandos civiles y militares de la estructura orgánica de poder en Venezuela, incluido Nicolás Maduro, por los crímenes de lesa humanidad que se habrían cometido desde 2014. Esto significaría que se recabaron la información, los testimonios y las evidencias suficientes que confirman la existencia de un patrón sistemático de represión en el país, atribuible directamente a la cadena de mando.
Así lo explicó a El Nacional la doctora en Derecho Internacional Soranib Hernández de Deffendini, quien reveló que se entregaron al tribunal testimonios no solo de víctimas, sino también de exvictimarios, personas que estuvieron en los más altos niveles del régimen chavista y que declararon sobre el macroestructura represiva en Venezuela. “(Las fuentes) entregaron información de muy alto nivel que evidencia que había un plan y una planificación de perseguir, castigar, reprimir y estigmatizar a la población civil”.
Esta semana, el fiscal Karim Khan se apartó oficialmente de su cargo mientras la Oficina de Servicios de Supervisión Interna de las Naciones Unidas investiga las denuncias en su contra por presunto acoso sexual. Según Hernández, Mame Mandiaye Niang asumió la situación Venezuela I el año pasado, cuando se conocieron esas acusaciones. Es decir, la investigación por las violaciones de derechos humanos en el país no se ha detenido.
Sin plazos y con presión política: la CPI bajo la lupa
No hay una fecha definida para conocer los resultados de las averiguaciones ni si se emitirá una orden de arresto contra Maduro. Es este, explicó la doctora, uno de los obstáculos más grandes porque la CPI no tiene lapsos procesales, sin embargo, dijo que el fiscal puede acelerar las posibles órdenes de comparecencia o de detención solicitándolo a la Sala de Cuestiones Preliminares, en el ejercicio del monopolio de la acusación penal.
“Este fiscal adjunto tiene en su mano una oportunidad histórica y que, por su propio mérito profesional, pase a la historia como un fiscal que hizo lo que tenía que hacer. Está en manos de él que avance la investigación. Si no, tendrá una mancha en su expediente y definitivamente la Corte Penal Internacional perderá su credibilidad”, dijo.
Graves consecuencias para la Corte Penal Internacional
Si eso sucede, advirtió la experta, muchos Estados parte podrían salirse del tribunal y las pruebas comenzarían a perderse porque, mientras más tiempo pase —argumentó—, las víctimas dejarían de testificar por miedo, cuestionarían si realmente habrá justicia en el caso de Venezuela o si deberían seguir colaborando.
Incluso, señaló que hay víctimas de la represión que murieron o familiares que decidieron retirar sus declaraciones.
Hernández subrayó que el fiscal no comenzó con sus propios criterios y desde cero la investigación porque hay un avance y existen informaciones confiables y verificadas. Y rechazó cualquier idea de parcialización por la nacionalidad de Mandiaye. “Él no está representando a Senegal, sino a un fiscal de una corte internacional. La Fiscalía de la CPI es un órgano independiente. Pero el criterio del fiscal debe ser que, si están todas las condiciones, puede avanzar con las órdenes de detención”.
Años con Nicolás Maduro, meses con Vladimir Putin y Benjamín Netanyahu
A diferencia del caso venezolano, Karim Khan ordenó de forma expedita los arrestos del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, por el conflicto en Gaza, y del presidente ruso, Vladimir Putin, por la guerra en Ucrania.
La experta, que no se explica las razones por las que no se ha tenido esa determinación con el líder socialista, cuestionó que el fiscal en licencia haya priorizado una investigación sobre la otra y afirmó que la situación de Venezuela, aunque no está en guerra, es grave porque se han cometido crímenes de lesa humanidad.
“Sabemos que los casos de Ucrania e Israel son de crímenes de guerra, donde hay violaciones gravísimas del derecho internacional humanitario. Pero el caso de Venezuela es también grave, con crímenes de lesa humanidad. Por lo tanto, no podríamos hablar de que se priorice una investigación sobre la otra”, expresó.
Las víctimas ni sus familiares han recibido justicia ni reparación
En opinión de Hernández, el fiscal jefe, al dilatar las decisiones, ocasionó que las víctimas hasta ahora no hayan podido recibir justicia ni reparación.
“Si Karim Khan dio órdenes de detención exprés contra Putin y Netanyahu, no hay ninguna razón para la dilación procesal en el caso de Venezuela. Están dadas todas las condiciones para que se produzca la orden de detención de la CPI contra Maduro. Por eso el fiscal adjunto de la CPI, asumiendo las facultades de la oficina de la Fiscalía, tiene el deber de otorgar justicia y reparación a las víctimas de lesa humanidad en Venezuela”, afirmó.
Recordó que en otros casos, como el de Myanmar, Fatou Bensouda, exfiscal de la Corte Penal Internacional, inició investigaciones basándose únicamente en informes de misiones de expertos de la ONU, ya que no se le permitió el ingreso al país para realizar observaciones directas. En contraste, en contextos como el de Ucrania, el fiscal Karim Khan y su equipo sí pudieron acceder al territorio gracias a la cooperación del gobierno.
“¿Qué pasa cuando un régimen no lo deja entrar? Tendrá que basarse en esos informes. Pero en Venezuela es peor porque Karim Khan estuvo en el país tres veces”, señaló.
La “excesiva cortesía” del Karim Khan en Venezuela
“Esas cuestiones despertaron una especie de desconfianza. Él es un fiscal que está investigando y si le dio la mano a un investigado, también tuvo que hacerlo con una víctima. La excesiva cortesía del fiscal durante las visitas a Venezuela durante la firma de los memorándums de entendimiento y de la apertura de la oficina de la CPI en Caracas parecería haber dejado un velo de falta parcialidad hacia una de las partes, en detrimento de las víctimas”, criticó.
La Misión de Determinación de los Hechos ha documentado crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen, las fuerzas de seguridad y grupos civiles armados progobierno. Incluyen detenciones arbitrarias, tortura, desapariciones forzadas, violencia sexual y otros tratos crueles, que forman parte de un plan coordinado para silenciar a opositores políticos o personas percibidas como tales.
La represión no fue aislada, estaba planificada
En ese contexto, Hernández insistió en que lo ocurrido en el país no fueron excesos puntuales o de incidentes aislados, sino un patrón estructurado.
“Había una planificación, el Plan Zamora se había desarrollado. Hubo crímenes de lesa humanidad que no eran aleatorios. Todo el plan ha sido documentado por los informes de los mecanismos convencionales y extraconvencionales de protección universal e interamericano de derechos humanos. Era suficiente información como para justificar que se iniciara la investigación, porque ya veníamos de un examen preliminar”, expresó.
En noviembre pasado, Soranib Hernández de Deffendini y Simón Pedro Deffendini solicitaron al Comité de Peticiones del Parlamento Europeo, junto con un grupo de expertos, activar el acuerdo de cooperación de 2006 entre la Unión Europea y la Corte Penal Internacional con la finalidad de solicitar a la Oficina de la Fiscalía avanzar en la investigación y que se procediera conforme al artículo 58 del Estatuto de Roma.
Indicó que el acuerdo contempla la cooperación y la asistencia institucional entre ambas instancias, y permite que la Unión Europea provea recursos a la Fiscalía de la CPI para avanzar en sus investigaciones. Dijo que el año pasado el fiscal en licencia solicitó al bloque un fondo fiduciario, que le fue otorgado, y el acceso a satélites para verificar pruebas y los contextos de violencia.
Cuestionó que, a pesar de que se le proporcionaron esos recursos técnicos y financieros, la investigación sobre Venezuela no avanzó con celeridad.
Las apelaciones de Venezuela también dilataron el proceso
Las apelaciones presentadas por Venezuela también contribuyeron a dilatar el proceso judicial.
En particular, el Estado venezolano, en el ejercicio de sus derechos, impugnó varias fases, argumentando que las denuncias debían resolverse en el sistema judicial venezolano. Sin embargo, la Sala de Apelaciones del tribunal rechazó esas impugnaciones y confirmó la continuación de la investigación.
“Que haya una orden de detención es histórico porque se daría respuesta a las víctimas de violación de los derechos humanos, tanto quienes están en Venezuela como quienes han tenido que salir del país. La orden de detención significa que vamos bien y que el próximo paso es el juicio, donde se atribuye la responsabilidad penal. Eso también brinda satisfacción”, manifestó la experta.
Explicó que la declaración de responsabilidad de un Estado se realiza, por ejemplo, ante la Corte Internacional de Justicia y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y en estas jurisdicciones internacionales se insta a las autoridades a cumplir con las obligaciones internacionales violadas para ofrecer justicia y reparación a las víctimas. No obstante, agregó, Venezuela denunció la Convención Americana y no hay acceso a la jurisdicción contenciosa de la CIDH.
“Por eso es necesario que se mantenga activa la jurisdicción complementaria de la CPI para atribuir responsabilidades penales a los altos agentes estatales civiles y militares de la cadena de mando en Venezuela”, expresó.
“Los venezolanos deben saber que no están solos”
Soranib Hernández reconoció que existe una fuerte sensación de frustración entre la población, que expresa dudas sobre la utilidad de los mecanismos internacionales y cuestiona la falta de respuestas. Señaló que es comprensible que la gente manifieste su malestar y enfatizó la importancia de mantener la calma y la determinación.
La represión en Venezuela en 2014 y 2017 dejó miles de víctimas en Venezuela. Foto: Ronaldo Schemidt / AFP
Insistió en que, ante la ausencia de justicia en Venezuela, se debe seguir apostando por instancias internacionales como la justicia universal y la Corte Penal Internacional, ya que representan la única vía posible.
Asimismo, instó a confiar en que el fiscal adjunto de la CPI cumplirá con su deber institucional de garantizar justicia y reparación, una obligación que –según subrayó– no depende de la voluntad individual ni de beneficios personales, sino de los principios de la Justicia Penal Internacional. Aseguró además que se está trabajando intensamente dentro y fuera del país.
“Ante la CPI están trabajando abogados defensores de derechos humanos, ONG, juristas, doctores en Derecho Internacional, víctimas, Estados parte del Estatuto de Roma, organizaciones internacionales y las misiones de expertos internacionales de la ONU y de la OEA. Los venezolanos deben saber que no están solos, les pido que tengan confianza”, concluyó.
Con información de El Nacional
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