Dr. Gustavo Duque Largo
En los últimos años, la figura del «preso político» se ha instalado con fuerza en el vocabulario de la crisis venezolana. No son meros conceptos abstractos; son nombres, rostros e historias de ciudadanos cuya libertad está supeditada a su disidencia. El uso del sistema judicial como herramienta de persecución y amedrentamiento es una de las manifestaciones más crudas de la erosión democrática en Venezuela. Ante este panorama desolador, la Asamblea Nacional electa en 2015, y que mantiene una legitimidad de origen incuestionable a pesar de los intentos por anularla, tiene ante sí un desafío moral y constitucional ineludible.
Una Realidad Innegable
Hablar de presos políticos en Venezuela no es una retórica opositora; es reconocer una realidad documentada por organizaciones internacionales como Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la ONU. Se trata de militares, políticos, periodistas, defensores de derechos humanos y civiles cuyo único delito ha sido pensar distinto. Sus procesos judiciales suelen estar plagados de irregularidades: detenciones arbitrarias, denegación del derecho a la defensa, uso de tribunales militares para juzgar civiles y la recurrente figura de la «exhibición de armas» para fabricar delitos. Esta práctica no solo destruye las vidas de los directamente afectados y sus familias, sino que envía un mensaje de terror a toda la sociedad, silenciando las voces críticas y anulando cualquier forma de oposición legítima.
El Papel Imperativo de la Asamblea Nacional 2015
Aunque su poder ejecutivo y judicial ha sido sistemáticamente cercenado por un Tribunal Supremo de Justicia alineado con el ejecutivo, la Asamblea Nacional del 2015 conserva una potestad fundamental: la voz y la tribuna. Su legitimidad, derivada de la voluntad popular expresada en las urnas, le otorga una autoridad moral que el oficialismo no puede ignorar por completo. Su papel, por tanto, debe ser activo, constante y estratégico.
- Fiscalización y Denuncia Incansable: La Asamblea debe convertir la situación de los presos políticos en un tema central y permanente de su agenda. A través de comisiones especiales, debe documentar cada caso, darle publicidad y denunciarlo ante los organismos nacionales e internacionales. Es su deber nombrar a los sin voz, recordar sus historias y exponer las ilegalidades de sus procesos. Cada sesión debe ser una oportunidad para interpelar a los responsables y mantener viva la memoria de quienes están tras las rejas.
- Impulso de una Ley de Amnistía: Aunque cualquier ley aprobada por esta AN será bloqueada por el TSJ, el gesto político es poderoso. Promover, debatir y aprobar una ley de amnistía para los presos
políticos es un acto de justicia simbólica que reafirma el compromiso con los derechos humanos. Este proyecto serviría como un faro de principios y una herramienta de presión, estableciendo un marco legal concreto que cualquier salida a la crisis democrática debería incluir. - Puente con la Comunidad Internacional: La AN debe seguir utilizando su reconocimiento internacional para presionar al régimen. Presentar los casos documentados ante la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU, la Corte Penal Internacional y otros foros multilaterales es crucial. Puede y debe actuar como el vocero legítimo de las víctimas, asegurando que su situación no caiga en el olvido y que el gobierno sea responsabilizado ante el mundo.
- Articulación de una Agenda Común: Más allá de la denuncia, la Asamblea debe trabajar en la construcción de consensos con la sociedad civil, las ONGs de derechos humanos y otros actores políticos. El objetivo debe ser colocar la liberación de todos los presos políticos como una condición sine qua non para cualquier proceso de negociación o diálogo político serio. No puede haber reconciliación sin libertad previa.
Una Cuestión de Humanidad y Futuro
La lucha por la libertad de los presos políticos trasciende las siglas partidistas. Es un test fundamental del estado de derecho y un prerrequisito para cualquier futuro democrático en Venezuela. La Asamblea Nacional del 2015, a pesar de sus limitaciones operativas, tiene en sus manos la bandera de la dignidad. Su labor no se mide solo en leyes aprobadas, sino en la firmeza con la que defiende a los más vulnerables ante la maquinaria del Estado.
El tiempo de los presos políticos se agota en sus celdas. El tiempo de la Asamblea Nacional para actuar con la urgencia que este tema merece es ahora. Su legado histórico no será recordado por los decretos que no pudo aplicar, sino por la integridad y la tenacidad con la que alzó la voz por quienes no pueden hacerlo. La libertad de estos venezolanos es, hoy por hoy, la medida más clara de la salud moral de la nación.
GUSTAVO DUQUE LARGO
Abogado venezolano, Máster en Relaciones Internacionales y Diplomacia
gustavoduquelargo@gmail.com