La persecución de la disidencia se ha desatado en EEUU a todo nivel, en un contexto en el que todo el que investiga a Trump, será castigado

Un gran jurado federal imputó este jueves a James B. Comey, exdirector del Buró Federal de Investigaciones (FBI), quien lideró la investigación sobre los vínculos entre la campaña de Donald Trump y el gobierno ruso en 2016. La acusación, que incluye cargos por declaración falsa y obstrucción, ha sido interpretada por muchos como una represalia política disfrazada de justicia.

Aunque los cargos aún no han sido revelados públicamente, fuentes del Departamento de Justicia filtraron que el caso fue presentado apenas días después de que el presidente Trump instara a la fiscal general, Pam Bondi, a actuar contra sus oponentes políticos. Este patrón de presión sobre el aparato judicial ha sido recurrente en su administración, generando preocupaciones sobre la independencia de las instituciones democráticas.

La Casa Blanca sostiene que las declaraciones públicas y el uso de redes sociales por parte de Comey podrían constituir un abuso de poder. Sin embargo, defensores del exdirector del FBI y expertos legales señalan que la imputación parece más una vendetta personal que una acción basada en pruebas sólidas. La acusación se produce en un contexto donde Trump ha intensificado su ofensiva contra figuras que han cuestionado su legitimidad o investigado su conducta.

Comey, visiblemente afectado, expresó en Instagram: “Estoy destrozado por el Departamento de Justicia, pero tengo una gran confianza en el sistema judicial federal”. En un video, reafirmó su inocencia y pidió que se celebre el juicio con transparencia: “Soy inocente, así que celebremos un juicio y mantengamos la fe”.

El exdirector se convierte en el primer alto funcionario procesado en relación con la investigación sobre la interferencia rusa en las elecciones presidenciales. Cabe recordar que Trump ha calificado reiteradamente esa pesquisa como una “cacería de brujas”, a pesar de que múltiples informes y testimonios confirmaron contactos entre miembros de su equipo y funcionarios rusos.

La investigación dirigida por Comey fue clave para esclarecer si hubo coordinación entre la campaña de Trump y el Kremlin. Su despido en 2017, en medio de esa indagatoria, fue ampliamente criticado por juristas y legisladores, quienes lo vieron como un intento de obstruir la justicia.

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