El burgomaestre de Maracaibo mencionó que cada una de las personas afectadas por esta medida tiene el derecho de no presentar el recurso. detalló que estará de acuerdo con las decisiones que tomen las personas inhabilitadas al respecto.

El próximo viernes 15 de diciembre se vence el plazo estipulado en el acuerdo de Barbados para que los políticos opositores inhabilitados presenten su recurso ante el Tribunal Supremo de Justicia por el veto emitido por la Contraloría General de la República, situación que ha generado diversas opiniones dentro y fuera del país.

Ante este hecho, el alcalde de Maracaibo, Rafael Ramírez, expresó su opinión sobre el tema de las inhabilitaciones durante su balance semanal, donde expuso su rechazó a esta medida por considerar que no se trata de un tema administrativo sino político.

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Siempre he dicho que las inhabilitaciones administrativas no son legales, son más políticas que administrativas y lo hacen por el temor de enfrentarse electoralmente a las personas y no por algún procedimiento administrativo relacionado de lo que haya sido su gestión», indicó Ramírez.

Sobre la decisión tomada por algunos opositores de no acudir al Tribunal Supremo para buscar una posible habilitación, el burgomaestre mencionó que cada una de las personas afectadas por esta medida tiene el derecho de no presentar el recurso e indicó que si esta vía es la única que se puede tomar según lo acordado en Barbados sería factible utilizar esa ruta para verificar si el acuerdo se cumple o no.

Cada quien debería decidir individualmente sí va a acudir o no, lo que si es cierto es que si todo eso está en el marco del acuerdo de Barbados y esas fueron las condiciones que los negociadores establecieron para crear una ruta, ojalá todos, en la medida de lo posible, pudieran utilizar esa ruta para verificar si el acuerdo se cumple, y para eso es necesario la necesidad de que las personas acudan a lo que tiene que ver con el procedimiento», explicó

Por último, Ramírez, detalló que estará de acuerdo con las decisiones que tomen las personas inhabilitadas al respecto y calificó las medidas impuestas por la contraloría como ilegales y arbitrarias.

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