Ing. Golfredo Dávila
El próximo 10 de diciembre se cumplen 76 años de la promulgación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH). Es propicia la ocasión para denunciar que ninguno de los 30 artículos de dicha declaración se cumple en nuestro país. Año tras año crece la arbitrariedad y el abuso de poder. Basta con observar el crecimiento de la pobreza, la bestial represión, cerca de 2000 prisioneros políticos, la tortura y demás tratos crueles e inhumanos que engordan el expediente del régimen por crímenes de lesa humanidad.
Estamos en presencia de un Estado inicuo, por ser injusto, arbitrario, parcial y malvado. Todo funciona al revés, la dictadura suprimió el derecho; ser decente, disentir y divulgar la verdad es un crimen; en cambio, el narcotráfico, los delitos atroces y la sumisión son justificados. No reconocen a quien gana elecciones y, si por alguna razón validan el triunfo de algún opositor, le colocan todo tipo de trabas a su gestión, o corre el riesgo de ser secuestrado con cualquier excusa o sin necesidad de explicaciones, como ha ocurrido en los casos del Alcalde Rafael Ramírez, o del diputado Eduardo Labrador, quienes se encuentran en absoluto aislamiento de sus familias y sin derecho a designar sus abogados.
Maduro nada tiene que envidiarle a Hitler y sus prácticas de terror. Conseguirse en el siglo XXI con prácticas racistas, con el desprecio al otro, con agresiones y actuaciones represivas contra las personas por sólo disentir, son delitos tan atroces como los cometidos hacen unos 70, 80 o 100 años, ya sea en medio de las guerras o por mentes criminales. Secuestrar a niños, adolescentes y personas discapacitadas y acusarlas de terroristas, se asemejan a aquella vieja práctica de ahorcar personas en la plaza pública, o de reprimir o asesinar a una mujer en Irán por no usar velo en espacios públicos. Crímenes como estos, por simple evolución humana, deberían haberse extinguido.
No son exageradas las acusaciones contra Maduro por crímenes de lesa humanidad, saquear durante tantos años a un país, llevarlo a la ruina económica y poner a pasar hambre a su población es un genocidio ¿Qué se puede concluir de la salvaje represión y la acusación de terrorista a quien divulgue la verdad sobre el golpe de Estado a la soberanía popular ejecutado el pasado 28J por la actual cúpula mafiosa, violando expresamente el Art. 5 de la CRBV y el 21 de la DUDH? Este artículo establece el derecho a elegir y ser elegido como un derecho humano.
Hace más de 300 años John Locke (1632-1704), en su Segundo tratado de gobierno civil de 1689, planteó “…siempre que los legisladores intentan arrebatar y destruir la propiedad del pueblo, o reducirlo a la esclavitud bajo un poder arbitrario, se ponen en estado de guerra con el pueblo, que queda absuelto de cualquier obediencia ulterior…” un gobierno sólo es legítimo si cuenta con el consentimiento de los gobernados. ¿Qué legitimidad puede tener un régimen que destruyó la economía, extinguió el salario de los trabajadores, las pensiones y la seguridad social? (¿quién sobrevive con 2,8$ mensuales, cuando la canasta básica alimentaria cuesta 531$?) Les importa un comino el Art. 91 de la CRBV, los convenios con la OIT, o que los adultos mayores no cuenten con medicinas y asistencia médica.
Muchos aspiran que los informes presentados por la OIT, ONU, OEA, la CPI, los cuales corroboran ante el mundo lo denunciado por los venezolanos, conlleven a frenar tanta violación de los derechos laborales, sociales, humanos, de los tratados y convenios internacionales, o la crueldad y el terror del régimen; pero bien es sabido que estas instituciones la mayor parte de las veces no van más allá de lo declarativo; de tal modo que el logro de la justicia dependerá principalmente de la presión que ejerzamos en forma unitaria los venezolanos.
Es positivo para el país que hayan liberado algunos prisioneros políticos, sobre todo para la tranquilidad de sus familiares y amigos, pero no olvidemos que ninguno ha debido ser sometido a ese brutal calvario, defender la soberanía popular no es delito ¡Ojo! Eso no significa que el sadismo de la dictadura quede absuelto con liberaciones parciales que, por cierto, son el resultado de la presión de familiares, de organizaciones de DDHH, la comunidad de naciones y la presencia en nuestro país de una comisión de la CPI.
Por ello es importante intensificar la campaña ¡POR UNA NAVIDAD SIN PRESOS POLÍTICOS! Esta es la misma lucha que libran los trabajadores por sus reivindicaciones económicas y políticas, la que desarrolla nuestro pueblo al enfrentar cada atropello y por imponer la verdad del 28J. En fin, es luchar sin descanso por la democracia, la libertad, la justicia social, la soberanía nacional y popular.
Vanguardia Popular
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