La dirigente y líder nacional María Corina Machado y otros altos integrantes de la oposición venezolana podrían ser acusados próximamente de tener responsabilidad en las muertes registradas durante la ola de violencia de las últimas semanas, dijo el Fiscal General del régimen de Nicolás Maduro, Tarek William Saab, según publicaciones del periodista Antonio Maria Delgado.
En una entrevista brindada en la sede del periódico Últimas Noticias, Saab dijo que la actuación de Machado y del candidato de la oposición Edmundo González conforman el último eslabón de una cadena de ataques emprendidos contra Venezuela desde Estados Unidos que comenzaron durante la administración del ex presidente Donald Trump.
Saab declaró que las indagaciones realizadas por la fiscalía venezolana de los eventos que siguieron a las elecciones del 28 de julio están bastante avanzadas y señaló que las protestas contra el régimen de Maduro fueron planificadas por el grupo “de extrema derecha” encabezado por Machado.
“En cualquier momento pudieran ser, cualquiera de ellos, responsabilizados como autores intelectuales de todos estos hechos”, respondió cuando se le preguntó si Machado está en vías de ser acusada de homicidio. Machado admitió en un artículo de opinión publicado en el Wall Street Journal semanas atrás que se encontraba en la clandestinidad y que temía por su vida y por su libertad.
Saab está entre decenas de funcionarios venezolanos sancionados en Estados Unidos por violaciones a los derechos humanos, narcotráfico, corrupción o por participar en el desmantelamiento de la democracia venezolana.
Organizaciones de derechos humanos y organizaciones multilaterales han acusado al fiscal de ser una de las piezas claves principales en los esfuerzos del régimen de utilizar el sistema de justicia venezolano como instrumento de persecución política.
Unas 25 personas han muerto y decenas de otras han resultado heridas en medio de la violenta represión emprendida por el régimen contra manifestantes contra el anuncio del régimen de que el gobernante Nicolás Maduro ganó los comicios presidenciales de hace cuatro semanas con casi el 52% de los votos.
Unas 2,000 personas han sido arrestadas en el marco de la ola represiva del régimen y el propio Maduro anunció que éstos serían finalmente encarcelados en Tocuyito y Tocorón, dos de las peores prisiones de Venezuela.
La oposición califica la declaración del régimen de que Maduro resultó reelecto como un nuevo intento de robarse la elección, y anunció que González es el verdadero ganador de los comicios, publicando los registros oficiales de la votación, conocidos como actas, de más del 80% de las mesas electorales.
Las actas muestran que el candidato opositor sacó más del 65% de los votos, o más del doble del 30% que habría obtenido Maduro.
El cuestionamiento de los resultados anunciados por el régimen se ha extendido hasta la comunidad internacional, donde múltiples gobiernos han solicitado al régimen que presente las actas electorales confirmando la victoria de Maduro.
Hasta el día de hoy, el régimen no ha respondido a esos pedidos. Saab formuló las declaraciones poco después de la divulgación de un informe elaborado por la Fundación Paz y Reconciliación de Colombia, señalando que se produjeron 82 hechos violentos que dejaron 129 víctimas durante las elecciones y que más del 91% de ellos fueron perpetrados por algún organismo del Estado venezolano.
La mayoría de víctimas fueron militantes de partidos políticos, pero entre las personas afectadas por la violencia electoral también hubo 26 víctimas de la ciudadanía en general y 10 periodistas.
“De lo anterior se puede inferir que la violencia político-electoral en Venezuela no solo se concentra en las bases políticas de los partidos que participan de los comicios, sino también se ha encarnizado con periodistas y con la ciudadanía que participa en las campañas”, dice el informe, que agrega que, en todo caso, más de la mitad de las víctimas, un total de 73, eran miembros de la oposición política.
Lo que si se asegura en los predios periodísticos es el grado de “parcialidad política y compromiso del ministerio publico con el régimen de Maduro en Venezuela”
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