La Justicia de Brasil exige explicaciones al gobernador de Río de Janeiro por operativo con más de 100 muertos
El magistrado Alexandre de Moraes ordenó una audiencia para determinar si el mandatario regional violó los protocolos de derechos humanos durante la intervención policial contra el Comando Vermelho
Río vive su jornada más letal: 64 muertos en una operación policial contra el narcotráfico y otras orgnizaciones criminales allegadas al partido político oficialista.
Se fijó una audiencia el 3 de noviembre en Río de Janeiro para que el gobernador responda interrogantes concretos.
La Corte Suprema de Brasil pidió este miércoles explicaciones al gobernador del estado de Río de Janeiro, Cláudio Castro, por el megaoperativo policial lanzado en la víspera contra el Comando Vermelho, que dejo más de un centenar de muertos.
La orden judicial, firmada por el magistrado Alexandre de Moraes, fijó una audiencia el 3 de noviembre en Río para que Castro responda interrogantes concretos, como el número oficial de muertos y heridos, el informe detallado de la operación, las medidas adoptadas para asistir a las víctimas, entre otros.
El pedido de explicaciones se enmarca en una sentencia previa de la Corte, en la que se dictaron una serie de nuevas reglas para la realización de operaciones policiales en las favelas del estado de Río de Janeiro, con el objetivo de prevenir violaciones de derechos humanos.
En tanto, el Supremo busca supervisar si el gobierno estatal cumplió con las determinaciones impuestas y si el operativo se llevó a cabo de acuerdo con los protocolos de derechos humanos establecidos por el tribunal.
Más de 100 muertos en operativo en Río de Janeiro
Hasta el momento, la cifra de muertos no está clara y varía según la fuente. Según cifras de la Defensoría Pública, una institución pública que recopiló los datos, el balance de fallecidos llega a 132, pero el gobierno regional solo ha confirmado 119.
Castro, responsable político de la intervención, dijo que el operativo fue un éxito, quitando los cuatro agentes que perdieron la vida durante el desarrollo de la acción, a los que se refirió como las únicas víctimas.
Más temprano, el ministro de Justicia de Brasil, Ricardo Lewandowski, cuestionó la legalidad de la operación y dijo que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva se quedó aterrado por el número de muertes y «sorprendido» por no haber recibido aviso previo.
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