La organización recordó que la transición justa busca «transformar el modelo económico, energético, de producción y consumo hacia una economía sostenible, baja en carbono, que garantice la protección social, el empleo digno, el cuidado del medioambiente y la biodiversidad para las personas y comunidades afectadas sin dejar a nadie atrás», por lo que una financiación deficiente puede profundizar en las actuales desigualdades.
Un estudio elaborado por la ONG española Alianza por la Solidaridad-Action Aid señala que apenas un 2,8% de la financiación climática del último decenio, equivalente a 630 millones de dólares, fue destinada a una transición justa que diera prioridad a trabajadores, mujeres y comunidades en lucha contra la crisis climática.
El documento, ‘Así se mueve el dinero: financiación climática para una transición justa’, llega a esta conclusión tras analizar los datos de los dos principales fondos climáticos globales: el Fondo Verde para el Clima y los Fondos de Inversión Climática.
«De forma decepcionante, sólo 1 de cada 35 dólares de la financiación climática se destina a una transición verdaderamente justa», subraya el texto, que también incide en que «sólo 1 de cada 50 proyectos -un 1,96% del total- escucha y apoya adecuadamente a las comunidades y personas afectadas en este proceso».
El informe recoge historias y testimonios de daños causados por «empresas de agricultura industrial y gigantes de los combustibles fósiles» en las poblaciones del Sur Global y apunta como ejemplo el caso de la comunidad amazónica que vive en el estado de Marañón, al noreste de Brasil, que subsiste gracias al babasú, un tipo de palmera que produce aceite y fibras, utilizados en alimentación, industria y cosméticos.
«A medida que avanza la deforestación, la comunidad enfrenta una creciente presión» que incluye «intimidaciones» para abandonar sus tierras y «dejar paso a la expansión de la agricultura industrial» incluyendo fumigación de pesticidas sobre el área lanzados desde aviones y drones, que han afectado a la salud de los miembros de esta comunidad.
Teresa Anderson, autora del informe y experta en justicia climática de la organización, advirtió de que sin un enfoque de transición justa que dé prioridad a «las necesidades cotidianas de las personas y no las empuje, por accidente, a una mayor pobreza», la acción climática «corre el riesgo de causar daños no intencionados, provocar rechazo y generar un retraso que no podemos permitirnos».
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Lcda. Jaira Molano Villalba. CNP 25040
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