En rueda de prensa virtual posterior a su actualización oral ante el Consejo de Derechos Humanos, los expertos de la Misión de la ONU expusieron datos alarmantes sobre la continuidad de la represión en el país tras los eventos de enero de 2026. Subrayaron la necesidad de rendición de cuentas para figuras clave y detallaron los vacíos de la reciente Ley de Amnistía, insistiendo en la liberación incondicional de todos los presos políticos
Por José Gregorio Meza
Gráfico: Montaje hecho con Nano Banana en el que se muestra de forma gráfica los datos de la actualización oral de la Misión de la ONU
Los expertos de la Misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre Venezuela señalaron que solicitaron el ingreso a Venezuela, aunque no han recibido respuesta ni han tenido contacto directo con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.
En rueda de prensa virtual celebrada este 12 de marzo, tras su actualización oral ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, los expertos Alex Neve y María Eloísa Quintero dijeron que en febrero reiteraron una comunicación oficial y formal dirigida a quien ejerce el mandato de gobierno en este momento.
Quintero indicó que aunque operar desde el exterior no es una limitante para su trabajo, el acceso al país es «la forma más clara y más contundente de recibir una apertura a la investigación, a la transparencia y al camino hacia el otorgamiento de la libertad a las personas».
Al ser consultados durante la ronda de preguntas sobre si Delcy Rodríguez había sido señalada en informes anteriores por crímenes de lesa humanidad, los expertos manifestaron que no recordaban que se le hubiera nombrado de manera particular como presunta autora individual. Explicaron la diferencia metodológica entre investigar a las «instituciones» involucradas y señalar a «presuntos autores».
Sin embargo, frente a esta declaración es imperativo aclarar que existen señalamientos previos explícitos en los documentos de la misión que la vinculan con el aparato represivo. Las determinaciones de la ONU han establecido claramente la responsabilidad de la Vicepresidencia de la República –cargo que ella ocupa desde 2018– en la supervisión jerárquica y administrativa del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). Además, informes anteriores la nombran directamente al documentar cómo recibía reportes de inteligencia sobre opositores y cómo utilizó su cargo para criminalizarlos públicamente.
Alex Neve y María Eloísa Quintero en la rueda de prensa
Datos de la actualización oral
La conferencia de prensa sirvió para profundizar en los datos expuestos horas antes en la actualización oral, la cual abarcó el período desde septiembre de 2025 hasta la fecha.
Los expertos dividieron su análisis en dos fases, revelando cifras que evidencian que el aparato represivo y las instituciones responsables de los abusos «se mantienen firmemente intactos».
En la primera fase (septiembre a diciembre de 2025), la misión reportó una «intensificación de la represión» con 135 presuntas detenciones arbitrarias por motivos políticos.
Un dato revelador es que un tercio de estas personas eran familiares de los objetivos principales de las autoridades, táctica de castigo que ha afectado desproporcionadamente a las mujeres, que a menudo se declararon en huelga de hambre esperando información a las afueras de los centros de detención.
La segunda fase comprende los eventos a partir de la intervención militar de Estados Unidos el 3 de enero de 2026. Sobre este punto, la misión fue tajante al señalar que la operación «violó el derecho internacional», recordando que los ataques causaron 82 muertes (entre ellas las de dos civiles) y culminaron con la captura y traslado de Nicolás Maduro y Cilia Flores. No obstante, recalcaron que las violaciones de Estados Unidos no justifican ni borran los crímenes de lesa humanidad perpetrados por Maduro, que debe enfrentar la justicia por ellos.
Pese a los drásticos cambios políticos de enero, la represión interna mutó, pero no desapareció. La misión documentó al menos 87 detenciones posteriores al 3 de enero. Entre estas destacan las de 14 periodistas detenidos temporalmente mientras cubrían la juramentación de Delcy Rodríguez, y al menos 27 personas apresadas por presuntamente celebrar la captura de Maduro, entre ellas 15 niños. Además, se reportó la detención de cerca de 30 personas del Cicpc que se habrían negado a falsear evidencias relacionadas con el ataque militar.
Actualización de la Misión de la ONU: el aparato represivo continúa intacto en Venezuela
Amnistía, presos políticos y el futuro del escrutinio
Otro asunto central de la rueda de prensa fue la evaluación de la Ley de Amnistía. Aunque los expertos la valoraron como un paso «positivo» y «alentador», expresaron graves reservas. Advirtieron que la ley se adoptó en plazo acelerado sin consultas transparentes, excluye a numerosos detenidos y no reconoce la responsabilidad del Estado, tratando a las víctimas como «delincuentes» sin otorgarles mecanismos de verdad o reparación.
El organismo advirtió que cientos de presos políticos, incluyendo al menos 76 personas extranjeras o con doble nacionalidad, siguen encarcelados, y exigieron su liberación «inmediata e incondicional».
A la par, los expertos revelaron que el número de víctimas y personas excarceladas que se están acercando a la misión para brindar testimonio se ha incrementado de manera «muy considerable», triplicando sus labores, debido a que sienten un nuevo contexto nacional de seguridad para hablar. También señalaron cómo estructuras represivas como los «colectivos» (grupos armados) están mutando; tras un incremento de actividad a principios de enero, hacia finales de febrero adoptaron un papel mucho más pacífico y menos violento.
Alex Neve envió un mensaje de alerta a la comunidad internacional: ante el escenario transicional, podría ser tentador para algunos gobiernos concluir que «es momento de pasar la página». Sin embargo, insistió en que es precisamente ahora, en medio de la incertidumbre, cuando el mandato de la misión cobra importancia fundamental para asegurar la justicia, la rendición de cuentas y la verdadera reconciliación nacional en Venezuela.
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