Los obispos de Venezuela solicitaron la «plena liberación» de todos los presos políticos y dijeron seguir con interés la propuesta de una ley de amnistía, que «necesariamente debe ser amplia e inclusiva» y producto de una consulta con la sociedad civil. En una exhortación pastoral fechada el 9 de febrero, también reclamaron la derogación de leyes que, a su juicio, recortan derechos fundamentales y restringen la acción de las organizaciones civiles
Los obispos de Venezuela llamaron a la «plena liberación» de todos los presos políticos y a que cualquier ley de amnistía general sea «amplia e inclusiva», tras una «extensa consulta a todos los sectores de la sociedad civil». La posición quedó plasmada en la «Exhortación pastoral con motivo de la CXXV Asamblea ordinaria plenaria», firmada en Caracas el 9 de febrero de 2026.
Bajo el apartado «El bien del pueblo venezolano», la Conferencia Episcopal Venezolana enumera problemas que atribuyen a los últimos años: empobrecimiento generalizado, falta de trabajos «justamente remunerados», corrupción e impunidad, además de violaciones de derechos humanos y ciudadanos, como la libertad de expresión y el derecho al debido proceso y la defensa.
Los obispos expresan «cercanía y solidaridad» con distintos sectores afectados, incluyendo «los presos políticos y sus familiares», personas sometidas a vejaciones y trata, quienes no logran cubrir necesidades básicas, adultos mayores en abandono, enfermos sin medicamentos, jóvenes sin oportunidades, trabajadores de educación y salud con «salarios paupérrimos», comunidades indígenas marginadas y personas que han perdido bienes por «confiscaciones arbitrarias».
Los prelados dicen hacerse eco de reclamos que exigen la derogación de leyes que recortan derechos fundamentales consagrados en la Constitución y en convenios internacionales, especialmente los referidos a libertad de expresión y al voto libre, «sin coacción», además de normativas que restringen de forma significativa la acción de las organizaciones civiles.
En el punto 17, califican como «signo positivo» la excarcelación de algunos privados de libertad por su posición política o por la libre expresión de su pensamiento, pero insisten en la liberación plena de todos los presos políticos o detenidos por «causas injustas». Sobre la propuesta de amnistía, señalan que una ley general debe ser amplia, inclusiva y fruto de consulta, y la presentan como un paso para la reconciliación nacional y el restablecimiento de la convivencia democrática.
El pronunciamiento también aborda la crisis política y social, y plantea que uno de los anhelos del pueblo es vivir «en paz y libertad», algo que vinculan con resolver la crisis. Piden evitar la violencia y desterrar «la mentira, el odio, los rencores, la venganza y la guerra de las palabras», e invocan procesos de reencuentro, reconocimiento mutuo, perdón y reconciliación «en la verdad y en la justicia».
En el segmento «Garantizar la soberanía de la nación», citan el artículo 5 de la Constitución y afirman que la soberanía expresada en el voto «se vio truncada» cuando se omitió la publicación detallada de los resultados de las presidenciales del 28 de julio de 2024. También mencionan la existencia de grupos irregulares que controlan territorios y de grupos foráneos vinculados a la extracción irregular de recursos minerales, especialmente en el sur del país, y llaman a reconstruir la institucionalidad democrática con poderes públicos independientes y autoridades electorales y judiciales «creíbles» que garanticen elecciones «libres y justas».
El documento de la Conferencia Episcopal Venezolana cierra con una invitación a promover iniciativas durante la Cuaresma y alude a la campaña «Compartir» con el lema «Sanar la herida. Abrazar la vida», como oportunidad para unir voluntades. «Con sentimientos de fraternal solidaridad», los obispos bendicen al pueblo venezolano, al final de la exhortación fechada en Caracas el 9 de febrero de 2026.
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