La medida no dispone que le quiten la propiedad, sino que determina que el departamento no puede ser vendido ni traspasado
Los mismos magistrados que dictaron el fallo condenatorio y proscriptivo contra CFK
Defensa denuncia ante la ONU ocho violaciones en proceso contra Cristina Fernández
Los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso dieron lugar al pedido de los fiscales Sergio Mola y Diego Luciani y ordenaron el embargo de varios de los bienes y activos que se encuentran a nombre de la expresidenta argentina, Cristina Fernández.
Entre ellos, el ahora icónico departamento de San José 1111, en el que la expresidenta se encuentra transitando la prisión domiciliaria en el marco de su condena por la causa Vialidad.
Medios locales señalaron que Cristina Fernández “no tendrá que mudarse ni abandonar el inmueble, ya que la medida no dispone que le quiten la propiedad, sino que determina que el departamento no puede ser vendido ni traspasado”.
Los mismos magistrados que dictaron el fallo condenatorio y proscriptivo contra CFK
Los magistrados del TOF2, Gorini, Giménez Uriburu y Basso, son los mismos que dictaron el fallo condenatorio y proscriptivo contra la exmandataria, cuyos argumentos serán analizados por organismos internacionales, tras la presentación de CFK ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
La medida cautelar, dictada por el Tribunal Oral Federal N° 2 (TOF2), determina que el embargo hacia los bienes de la familia Kirchner será por el equivalente a 685 mil millones de pesos
Defensa denuncia ante la ONU ocho violaciones en proceso contra Cristina Fernández
El pasado 29 de julio, los abogados defensores de la expresidenta Fernández formalizaron una comunicación individual ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, sobre lo que llamaron la comisión de ocho violaciones a los derechos fundamentales durante el proceso judicial conocido como Causa Vialidad.
Esta acción internacional se concreta luego de que la exmandataria agotara todas las vías judiciales internas en el sistema argentino, tras la decisión de la Corte Suprema emitida el 10 de junio de 2025.
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