Maivy Silva
Es evidente que se necesita más solidaridad para con los privados de libertad ya sean presos políticos o presuntos delincuentes a quienes también se les ha violado sus derechos procesales y humanos. En el régimen de Rodríguez «Prefieren abrir una fosa que abrir los candados de las cárceles de los presos políticos»
El Observatorio Venezolano de Prisiones denunció la muerte de 10 reclusos durante el mes de agosto. Afirmó que la mayoría fue a causa de falta atención médica, por lo que reiteraron que el Estado y el Ministerio para el Servicio Penitenciario son responsables de la vida y de la integridad física de cada persona bajo su custodia
El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció este martes 1 de septiembre que 10 presos fallecieron durante el mes de agosto. El último fue Ramón Alberto Salas, quien murió en el Centro Penitenciario de la Región Andina (CPRA), a finales del mes.
De acuerdo a una publicación en X, Ramón Salas falleció debido a una falla multiorgánica generada por «la falta de atención médica» en la cárcel. Según la organización, es el segundo recluso que fallece en este centro penitenciario en lo que va de 2026.
El Observatorio Venezolano de Prisiones registró 10 fallecidos en centros penitenciarios durante el mes y señaló que la mayoría ha sido por la «desatención en materia de salud que hemos denunciado con preocupación». En la publicación realizada en la red social X, no precisó la identidad de las otras personas que murieron ni el centro de detención donde estaban recluidos.
Asimismo, indicó que el 23 de junio documentó la muerte de José Gregorio Mendoza Guzmán, a causa de una hipoxia severa. El OVP afirmó que esto también fue producto de la «desatención médica y la indiferencia estatal».
En reiteradas ocasiones, la oenegé ha solicitado garantías de tratamientos y evaluaciones de las condiciones epidemiológicas en las que se encuentran los centros penitenciarios.
Denunció «la prática generalizada de negligencia médica» en las cárceles y recordó que es responsabilidad del Estado venezolano y del Ministerio para el Servicio Penitenciario garantizar la vida y la integridad física de cada persona bajo su custodia.
«La negación de atención médica en las cárceles constituye una violación flagrante de los derechos humanos», dijo.
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