El Comité de Peticiones del Parlamento Europeo aprobó la solicitud con los votos del Partido Popular y de Vox, avalando así el planteamiento de recuperar “los dineros ilícitos del saqueo a los recursos públicos del Estado venezolano, movidos a través de sociedades fantasma y de testaferros en países europeos, y utilizarlos para indemnizar a ciudadanos afectados: venezolanos y de la Unión Europea”
En ese sentido, el Parlamento Europeo abre la vía para confiscar activos de 69 importantes jerarcas del chavismo sancionados por la UE.
El Comité de Peticiones admitió esta semana una solicitud para activar en plenitud la Directiva (UE) 2024/1260 sobre recuperación y decomiso de activos, con el objetivo de confiscar los multimillonarios bienes congelados a 69 cabecillas del régimen venezolano sancionados en la Unión Europea y destinarlos a un fondo de reparación para las víctimas de la dictadura.
«La UE establece, a partir de esta directiva, que todos aquellos activos, cuyo origen legítimo no pueda ser explicado y que puedan estar relacionados con terrorismo o blanqueo de capitales, puedan ser usados para fondos sociales», explicó la abogada venezolana Soranib Hernández de Deffendini, quien presentó la petición en el comité junto con el también jurista Simón Pedro Deffendini.
El Comité de Peticiones del Parlamento Europeo aprobó la solicitud con los votos del Partido Popular y de Vox, avalando así el planteamiento de recuperar “los dineros ilícitos del saqueo a los recursos públicos del Estado venezolano, movidos a través de sociedades fantasma y de testaferros en países europeos, y utilizarlos para indemnizar a ciudadanos afectados: venezolanos y de la Unión Europea”.
“Nosotros elevamos al comité de peticiones del Parlamento Europeo una solicitud para activar una directiva que hace obligatorio decomisar los activos que se encuentran congelados de los sancionados en la lista del 2017. Recordemos que hay 69 sancionados de la estructura del régimen de Venezuela y nuestra petición es una justicia restaurativa con esos fondos”, señaló Hernández.
Los abogados Soranib Hernández de Deffendinii y Simón Pedro Deffendini, que presentaron la petición
Aunque la cifra total de los activos se desconoce, estas 69 personas vinculadas con el chavismo están sometidas a medidas restrictivas de la Unión Europea -congelación de activos, prohibición de recibir fondos y veto de viaje- adoptadas y renovadas por el Consejo de la UE. Además, nombres de esa élite figuran en investigaciones penales o financieras en otras jurisdicciones, en particular en causas por corrupción y blanqueo de capitales vinculadas a Pdvsa en Estados Unidos, España, Andorra, Suiza y otros países europeos.
En relación con las víctimas, Hernández indicó que las hay venezolanas y europeas. «Se trata de personas cuyos pequeños negocios han sido expropiados, jubilados, pensionados y personas sin acceso a medicinas, por ejemplo».
Luz verde a una posible investigación de la UE
En la práctica, el hecho de que una petición sea admitida por el Comité de Peticiones significa que la Eurocámara considera que las denuncias y propuestas planteadas encajan en el marco de competencias de la Unión y merecen seguimiento político e institucional. A partir de esta admisión, el Parlamento puede pedir informes formales a la Comisión Europea, mantener el expediente abierto, promover debates adicionales e incluso impulsar futuras resoluciones o recomendaciones para que los Estados miembros apliquen los mecanismos de decomiso y reutilización social de activos previstos en la directiva.
Al ser admitida la petición, la discusión ya no se limita a una denuncia aislada, sino que se convierte en un expediente vivo en del Parlamento Europeo. Ello abre la puerta a presionar a los Estados miembros para que identifiquen, embarguen, gestionen y, en última instancia, confisquen esos bienes, aplicando la Directiva 2024/1260 y explorando su reutilización social en favor de quienes han sufrido las consecuencias del saqueo sistemático de los recursos públicos venezolanos.
Los abogados subrayan que la gestión del fondo se propone bajo parámetros estrictos de transparencia, trazabilidad y control institucional, en línea con los instrumentos de justicia restaurativa que prevé el derecho europeo.
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