En una convocatoria de prensa, el secretario ejecutivo de la Plataforma Unitaria Democrática en Venezuela, Roberto Enrique, se refirió en parte a la complejidad que se vive en el país, y destacó que para esta oportunidad, se había decidido por consenso una vocería especial conocedora del tema de los derechos humanos.
En ese sentido, la abogada y exdiputada Delsa Solórzano, presidenta del partido Encuentro Ciudadano y miembro de la delegación, fijó posición oficial del bloque frente a la recién aprobada Ley de Amnistía. Solórzano calificó el instrumento legal como una «trampa» que busca simular una normalización política. Explicó que el articulado de la ley no garantiza la libertad definitiva ni la seguridad jurídica de los beneficiarios
La Plataforma Unitaria ofreció una rueda de prensa este lunes tras un periodo de dos años sin convocatorias presenciales a medios de comunicación. La vocería del evento estuvo a cargo de Delsa Solórzano, presidenta del partido Encuentro Ciudadano y miembro de la delegación, quien fijó la posición oficial del bloque frente a la recién aprobada Ley de Amnistía.
Solórzano calificó el instrumento legal como una «trampa» que busca simular una normalización política. Explicó que el articulado de la ley no garantiza la libertad definitiva ni la seguridad jurídica de los beneficiarios. Según la Plataforma Unitaria, la norma permite la reapertura de causas judiciales bajo criterios discrecionales, lo que mantiene una amenaza latente sobre los actores políticos excarcelados.
La plataforma sostuvo que una amnistía real requiere el reconocimiento de la persecución política y no condiciones que obliguen a los beneficiarios a aceptar culpas por delitos no cometidos.
«Están excluidos los militares, civiles procesados bajo la ley militar, personas procesadas bajo la Ley Simón Bolívar y la Ley contra el Odio, las procesadas bajo el decreto de conmoción y decenas más cuyos casos no encajan con los artículos del documento», mencionó Solórzano.
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Citó como ejemplo aquellos ciudadanos encarcelados por un estado de Whatsapp o que simplemente desconocen cuál tribunal lleva su causa. Para la exdiputada, la ley «es una trampa para hacer creer que tiene una utilidad», no obstante espera que sirva para impulsar nuevas liberaciones.
La Asamblea Nacional aprobó la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática el pasado 19 de febrero. Este instrumento legal, impulsado por la administración de Delcy Rodríguez, surge en un escenario de transición tra la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero.
La normativa establece el perdón para delitos cometidos en 13 episodios específicos de la historia política venezolana, desde el año 2002 hasta las protestas de 2024 y 2025. No obstante, organizaciones de derechos humanos como Foro Penal advierten que la ley excluye más de 15 categorías de eventos, principalmente aquellos vinculados a alzamientos militares y civiles.
Se contabilizan al menos 464 liberaciones desde enero de 2026, de las cuales 54 ocurrieron en las últimas 72 horas bajo la figura de «libertad plena». Entre los liberados se encuentran figuras como Juan Freites y el comunicador Deivis Correa y Juan Pablo Guanipa. Alrededor de 600 personas permanecen en prisión por motivos políticos. El Foro Penal señala que la ley es «selectiva» y deja fuera a unos 400 ciudadanos cuyas causas no encajan en los periodos temporales o tipos de delitos previstos en la norma.
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