La Sala de Apelaciones de la CPI no emitirá una sentencia inmediata sobre la solicitud hecha por el Estado venezolano para que se paralice la investigación por crímenes de lesa humanidad en el país
Este pasado martes 7 de noviembre se llevó a cabo el primer día de audiencia donde la Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional escucha los alegatos de la administración de Nicolás Maduro, la Fiscalía de la CPI y representantes de las víctimas sobre la investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad en el país.
En particular, la Sala resolverá la apelación hecha por el Estado venezolano para que se paralice la investigación. La administración Maduro asegura que no hay suficiente detalle en la investigación y se les prohibió obtener información importante respecto a los crímenes y las personas señaladas por el fiscal Karim Khan.
La Sala de Apelaciones no emitirá una sentencia inmediata y se manejan tres escenarios: Que los jueces aprueben a la Fiscalía que continúe la investigación, que se ordene revertir o modificar el proceso y, por último, que se envíe de nuevo a la Sala de Cuestiones Preliminares I, que lleva el caso, para una nueva determinación.
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¿Quiénes son los involucrados en la CPI?
Del lado del gobierno venezolano se presentaron el canciller Yván Gil y Larry Devoe, abogado y secretario general de derechos humanos, y Karen García Carrasco, directora de la oficina de DDHH del Ministerio Publico.
El equipo defensor de Venezuela está compuesto por siete abogados, encabezado por Ben Emmerson, un jurista británico que ha defendido a Julian Assange, al expresidente de Cataluña Carles Puigdemont, y ejerció como exrelator especial de la ONU sobre Derechos Humanos y Lucha contra el Terrorismo.
Por parte de la Oficina de la Defensa Pública de las Víctimas, las intervenciones estuvieron a cargo de la consejera principal Paolina Massidda, quien ostenta el cargo desde 2005 cuando esta instancia fue creada.
De lado de la Oficina de la Fiscalía de la CPI, la representación principal estuvo a cargo de Ellen Brady.
¿Qué dijo la administración Maduro?
Los abogados representantes de la administración Maduro basaron sus racionamientos en cinco puntos fundamentales:
Que el fiscal Karim Khan nunca ha identificado a ningún oficial de alto rango que esté presuntamente involucrado en estos crímenes,
La lista de crímenes es insuficiente y permanece en un nivel de generalidad que no permite a Venezuela responder en base a lo que establece el Estatuto de Roma,
No es posible que la Sala de Cuestiones Preliminares continúe con esta investigación y,
Le corresponde a la Fiscalía de la CPI traducir los documentos y pruebas en español entregados por Venezuela a cualquier lengua admitida por la Corte (inglés o francés) o, en todo caso, solicitar su admisión en este idioma.
La Fiscalía de la CPI desechó, sin suficientes explicaciones, la mayor cantidad de documentos y registros judiciales donde se comprueba que el Estado venezolano ha investigado o investiga los hechos que revisa esa instancia. «Todas las fichas se tradujeron y hay documentos que no se tradujeron, que la Fiscalía se guardó para sí porque admitieron que revisaron todo».
¿Qué dice la Fiscalía de la CPI?
Las cinco representantes de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional refutaron los alegatos venezolanos de la siguiente forma:
Venezuela sabía el tipo de crímenes, autores y el alcance que iba a tener la investigación prevista por las comunicaciones directas de la Fiscalía.
En el examen preliminar, la única fase completada hasta el momento, no se identifica a los autores eventuales o se establece el alcance real de su investigación.
Se han enviado los parámetros específicos, entre ellos calendario de acontecimientos, alcance geográfico, los crímenes de lesa humanidad que presuntamente se cometieron y una serie de actos contextuales sobre el trato de personas privadas de libertad y las personas posiblemente involucradas. «Todo esto cumpliendo con el mandato de proteger a las personas».
El Estado venezolano no ha investigado cuestiones sobre las que se informó, como la persecución a grupos específicos y uso de violaciones y abuso sexual contra detenidos.
A la administración Maduro se le otorgó el tiempo necesario para responder, y «Venezuela demostró suficientemente que conocía el alcance de la Fiscalía y no hubo problemas en este asunto».
Sobre los documentos mencionados y entregados por Venezuela, en tres cuartos de los casos el perpetrador no es mencionado, 67 de ellos no tienen calificación jurídica y en casi la mitad de los casos las actuaciones no progresan. «Eso significa que las investigaciones permanecen abiertas y han pasado varios años de inactividad».
Habla la representación de víctimas
La consejera principal Paolina Massidda señaló que «el Estado venezolano tiene que demostrar un proceso de investigación efectivo y progresivo» durante la investigación, cuestión que las víctimas han trasmitido que no ha sucedido.
Señaló que las víctimas, a través de los testimonios recolectados y que superan los 2.000, tienen una posición clara y es que «Venezuela no está, ni lo hará en un futuro, investigando los crímenes de sus familiares«. Comentó que hay casos específicos que demuestran este punto y que los elementos contextuales no integran la investigación doméstica, por lo que no se puede decir que estos crímenes están siendo investigados.
Respecto al tema de los documentos, señaló que estos escritos no originales «no permiten diferenciar las alegaciones de los hechos», Misma cuestión sucede con las traducciones no acompañadas de textos originales policiales o judiciales. Consideró que la Sala no tenía que justificar su decisión para cada uno de ellos, sino los fundamentos de su decisión.
¿Qué opinan los expertos?
El abogado Simón Gómez Guaraima aseguró que Venezuela ha echado mano de tecnicismos para poder justificar una táctica «dilatoria» de la investigación. «La intención era armar un show y hacer uso de la audiencia como parte de esa cuenta que el gobierno tiene sobre el manejo de este suceso».
Afirmó que las interpretaciones hechas por el abogado Ben Emmerson «fue literal y es la más básica del proceso del derecho internacional (…) Si Venezuela está interesada en demostrar su posición entonces es quien debe llevar los elementos de prueba».
El director de Acceso a la Justicia, Alí Daniels, señaló que «la estrategia en todos los tres argumentos de hoy era victimizar al gobierno porque no se me dio la información suficiente, no se tradujeron los 20.000 folios que mandé (…) Se quiere hacer ver que el gobierno venezolano está en indefensión, cuando en realidad la indefensión la padecen las víctimas».
Resaltó que la posición de la Fiscalía se basó en estrictos argumentos jurídicos y «el toque humano lo dio Paulina Massidda cuando habló sobre los amigos y familiares de las víctimas, que son un poco olvidados».
Por su parte, el abogado Mariano de Alba comentó que la Fiscalía dejó entrever en su participación que las autoridades venezolanas tienen la posibilidad de adelantar investigaciones y juicios, una cuestión en lo que no coinciden las víctimas.
«Dadas las limitaciones de la Corte Penal Internacional, es evidente que hay que buscar un balance entre el necesario establecimiento de responsabilidades a nivel internacional y la construcción de condiciones fácticas e institucionales para que dentro de Venezuela pueda haber justicia», destacó.
Jessica Urribarri
Coordinación Sala de Redacción, Lcda. Amarilis Romero, CNP 12267
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