En la audiencia prevista para el 17 de junio, la Corte Interamericana de Derechos Humanos escuchará detalles de la «masacre de El Junquito» por parte de representantes del Foro Penal, el Robert & Ethel Kennedy Human Rights Center, además de las madres de Óscar Pérez y de Abrahan Agostini
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) celebrará una audiencia el próximo 17 de junio sobre el asesinato del exinspector del Cicpc Óscar Pérez y otras seis personas durante un operativo en enero de 2018 en el sector El Junquito (Distrito Capital), cuyas muertes han sido calificadas como ejecuciones extrajudiciales por organismos internacionales.
El caso será presentando por representantes del Foro Penal y del Robert & Ethel Kennedy Human Rights Center, quienes «expondrán ante la Corte argumentos sobre las violaciones sistemáticas a los derechos humanos denunciadas, incluyendo la alegada vulneración del derecho a la vida, a la integridad personal, a las garantías judiciales y a la protección judicial de Óscar Pérez, Abraham Agostini, José Alejandro Díaz Pimentel, Jairo y Abraham Lugo Ramos, Daniel Soto y Lisbeth Ramírez», según una nota de prensa.
En la audiencia prevista para este 17 de junio también participará como experto un investigador de Bellingcat, una organización basada en Países Bajos que reúne a investigadores forenses y periodistas de investigación, que expondrá «hallazgos derivados de investigaciones independientes sobre los acontecimientos».
Asimismo, se tiene previsto que en la vista judicial participen Aminta Pérez, madre de Óscar Pérez, y Zeila Agostini, madre de Abraham Agostini.
Óscar Pérez, quien llegó al grado de inspector dentro del Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) y capitan de Helicopteros, se declaró en rebeldía contra la administración de Nicolás Maduro y protagonizó una serie de acciones de alto impacto que derivaron en una intensa búsqueda por parte de los organismos de seguridad del Estado.
El 15 de enero de 2018, durante un operativo coordinado por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), con apoyo de otros organismos como la PNB y las extintas FAES, el exinspector del Cicpc junto a su grupo manifestaron durante una transmisión de vídeo en vivo su intención de entregarse a las autoridades y pedían un alto al fuego.
Sin embargo, recibieron disparos a corta distancia aún estando vivos, cuestión que según los organismos internacionales de derechos humanos es considerado como una ejecución extrajudicial. Los resultados de las autopsias de tres de los fallecidos fueron publicados por el diario El Mundo de España en un reportaje en 2019.
De acuerdo con la petición presentada ante el sistema interamericano, aproximadamente 500 funcionarios de distintos cuerpos de seguridad participaron en la «Masacre de El Junquito», un operativo marcado «por el uso excesivo de la fuerza que derivó en la privación arbitraria de la vida» de estas siete personas.
También se denunciaron actos de hostigamiento, vigilancia, intimidación y persecución contra familiares de las víctimas tras los hechos, circunstancias que obligaron a varios de ellos a abandonar Venezuela.
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