Por: Orlando Goncalves
En el corazón de cualquier sociedad justa y equitativa yace la garantía de que sus ciudadanos tengan acceso irrestricto a los servicios más esenciales. Salud, educación, vivienda, agua potable y electricidad no son lujos ni bienes de mercado; son derechos humanos fundamentales y pilares de la dignidad y el desarrollo social. En un mundo cada vez más inclinado a la privatización, es crucial recordar por qué la administración de estos servicios vitales debe permanecer firmemente en manos del Estado y no ser delegada a la empresa privada.
La función primordial del Estado, tal como se concibe en el contrato social, es la protección y el cuidado de su población. Su misión no es generar dividendos para accionistas, sino asegurar el bienestar colectivo. Esta responsabilidad se traduce en una obligación directa de proveer una infraestructura de servicios públicos que garantice el acceso universal, la equidad y la calidad, sin importar la capacidad económica, la ubicación geográfica o el estatus social de cada individuo.
La administración estatal de los servicios permite una planificación a largo plazo, enfocada en la sostenibilidad y el beneficio social, en lugar de las fluctuaciones cortoplacistas del mercado.
Por el contrario, el objetivo principal de la empresa privada es, por definición, maximizar ganancias y acumular capital. Cuando se le confía la gestión de un servicio esencial, la calidad inevitablemente pasa a un segundo plano. La lógica del negocio dicta que la reducción de costos, la limitación de la cobertura a áreas rentables y el aumento de tarifas son mecanismos válidos para aumentar la rentabilidad.
Esto crea una peligrosa dicotomía: la necesidad humana de un servicio vital choca con el interés corporativo de obtener la mayor ganancia posible. El resultado es un sistema donde los más vulnerables son excluidos, y la calidad del servicio se degrada para quienes pueden pagarlo, creando brechas sociales que se profundizan con el tiempo.
Existen innumerables ejemplos en el mundo que demuestran la eficacia de la gestión pública de servicios esenciales. El Servicio Nacional de Salud (NHS) del Reino Unido, a pesar de sus desafíos, es un modelo mundial de atención médica universal, financiado con impuestos y disponible para todos de forma gratuita en el punto de uso. En este sistema, la atención médica es un derecho, no una mercancía, y el enfoque está en la salud de la población, no en la rentabilidad de las clínicas y los hospitales.
De manera similar, los sistemas de educación pública en países nórdicos como Finlandia son celebrados por su alta calidad y su enfoque en la equidad, asegurando que cada niño, independientemente de su origen, tenga acceso a una educación de primer nivel.
En cuanto a los servicios de agua, el caso de París es un ejemplo revelador. La capital francesa revirtió la privatización de su sistema de agua en 2010, devolviendo la gestión a una empresa pública llamada Eau de Paris. Desde entonces, han logrado reducir el costo del agua para los consumidores, invertir más en infraestructura y mejorar la transparencia, demostrando que la gestión pública puede ser más eficiente y responsable que la privada. Este modelo desmiente la noción de que la ineficiencia es inherente al sector público.
Por su parte, el sistema de transporte público de Tokio es un ejemplo global de eficiencia y puntualidad, gestionado por una combinación de entidades públicas y privadas reguladas de forma estricta por el Estado, asegurando que millones de personas se muevan de forma fluida y segura a diario.
De igual forma, el programa de vivienda pública de Singapur, administrado por el Housing & Development Board (HDB), ha logrado proporcionar viviendas asequibles y de alta calidad para más del 80% de la población, un logro imposible de replicar únicamente a través del mercado privado.
En conclusión, la privatización de los servicios públicos esenciales es una traición al propósito fundamental del Estado. Si bien la empresa privada tiene un papel crucial en la economía, su enfoque en la maximización de ganancias la descalifica para la gestión de bienes y servicios que son inherentes a la vida y la dignidad humana.
La historia y los ejemplos globales nos muestran que cuando el Estado asume su responsabilidad de cuidar a sus ciudadanos, se construyen sociedades más justas, sanas y equitativas. La administración pública de la salud, la educación y los servicios básicos no es una opción ideológica; es un imperativo moral y social.
Las múltiples manifestaciones y protestas que estamos presenciando en varios países, son un síntoma claro de los ciudadanos están insatisfechos. Seria hora de los líderes entendieran que el Estado no existe para el negocio privado, y que está allí para prestar servicios de calidad a todos los ciudadanos.
@OrlandoGoncal
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