La periodista de farándula Carmela Longo fue detenida el domingo 25 de agosto tras un allanamiento en su residencia en Caracas, según confirmó el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela (Sntp). Las autoridades la acusan de instigación al odio y terrorismo, y será presentada este martes en el Tribunal Tercero de Control con competencia en terrorismo
La periodista venezolana de farándula, Carmela Longo, fue detenida el domingo 25 de agosto por funcionarios de la Dirección de Inteligencia Policial (DIP) tras el allanamiento en su residencia ubicada en el este de Caracas, confirmó el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (Sntp) de Venezuela.
Longo será presentada este martes ante el Tribunal Tercero de Control con competencia en terrorismo. La Fiscalía 58 la acusa de los delitos de instigación al odio y terrorismo.
Previamente, el Sntp publicó: «Este martes #20Ago fue despedida de Últimas Noticias y hoy le están allanando su vivienda. Efectivos de la Policía Nacional se llevaron a la periodista Carmela Longo y a su hijo. Además de algunos equipos de computadora».
El 20 de agosto, Longo había comunicado a través de su cuenta en X que fue despedida del diario Últimas Noticias, medio en el que trabajó durante casi 20 años. «Hoy concluyó una etapa de mi vida de casi 20 años», escribió la periodista, subrayando que, a pesar de las circunstancias, se lleva consigo el cariño y respeto de sus compañeros.
Además de su labor como periodista, Longo fue delegada sindical en Últimas Noticias durante más de la mitad de su carrera en el medio. Según explicó, la razón dada para su despido fue una supuesta “reestructuración”. No obstante, Longo no ofreció más detalles sobre el alcance de esta reestructuración o cómo podría afectar a otros trabajadores.
En diferentes medios de prensa, como el Colegio Nacional de Periodistas, facultades universitarias, el Síndicato de Trabajadores de la Prensa y el Bloque de Medios Digitales de Venezuela, se insiste en que la “información es un derecho humano fundamental garantizado en la Constitución, y por tanto, no constituye ningún delito para su criminalización.
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