En Venezuela se consolida un sistema más sofisticado y encubierto de represión estatal
Una de las conclusiones planteadas por expertos es que la sociedad civil venezolana está al borde del colapso. La aprobación de la llamada ley anti-ONG, los allanamientos, la vigilancia digital, las amenazas y la criminalización de la cooperación internacional han reducido drásticamente la capacidad de organizaciones para documentar abusos
El Panel de Expertos Internacionales Independientes sobre la posible comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela advirtió que el país atraviesa su etapa más opresiva desde 2014 y que la represión estatal no solo persiste, sino que se ha vuelto más sofisticada, encubierta y difícil de documentar, pese a la actuación de organismos internacionales como la Corte Penal Internacional.
El informe, titulado Voces silenciadas: el colapso de la sociedad civil y el fracaso de la disuasión internacional en Venezuela y publicado el 1 de diciembre, concluye que la intervención internacional no produjo ningún efecto disuasorio real sobre las autoridades venezolanas.
Por el contrario, señala que las dinámicas represivas se adaptaron y se consolidaron durante el período en el que la CPI abrió exámenes preliminares, avanzó a investigación formal y estableció una oficina técnica en Caracas.
Escalada en cifras que desmiente cualquier mejora. El panel subraya que, entre 2014 y 2025, se registraron:
1.634 casos de tortura, de los cuales 1.116 ocurrieron después de que la Fiscalía de la CPI comenzara a actuar formalmente.
116 desapariciones forzadas, 78 de ellas tras el inicio de la intervención del tribunal internacional.
18.582 detenciones arbitrarias, incluyendo un pico sin precedentes en 2024, cuando más de 2.200 personas fueron detenidas en nueve días, tras las elecciones presidenciales de julio.
Además, al cierre de 2025, 884 presos políticos permanecían en centros de detención, aunque el panel advierte que ese descenso, frente a los 1.794 de 2024, no refleja una mejora, sino el impacto del miedo y el silenciamiento de las denuncias.
Las 3 fases de la evolución de la represión en Venezuela
De acuerdo con el documento, la represión en Venezuela evolucionó en tres fases:
2014–2018: consolidación de un aparato de violencia estatal, con miles de ejecuciones extrajudiciales y el uso de militares, policías e inteligencia para sofocar protestas y perseguir opositores.
2019–2021: el Estado modificó sus métodos para reducir el impacto visual de la violencia y trasladó las agresiones a espacios cerrados, como tribunales e instalaciones de inteligencia, mientras aplicaba reformas judiciales que, según los expertos, fueron superficiales y solo reforzaron la impunidad.
2022–2025: institucionalización total de la violencia, con un sistema dual —legal y clandestino— que permite perseguir, detener, torturar y silenciar a ciudadanos, activistas, periodistas y dirigentes políticos.
El panel sostiene que este proceso conformó un “sistema de terror estatal”, donde tribunales, cuerpos policiales, fuerzas de inteligencia y colectivos armados actúan de manera articulada.
Colapso de la sociedad civil
Una de las conclusiones del informe es que la sociedad civil venezolana está al borde del colapso. La aprobación de la llamada ley anti-ONG, los allanamientos, la vigilancia digital, las amenazas y la criminalización de la cooperación internacional han reducido drásticamente la capacidad de organizaciones para documentar abusos.
Este cerco explica la caída en las cifras reportadas en 2025: la represión habría continuado o se habría intensificado, pero ya no existen las condiciones para registrar los casos ni para que las víctimas se atrevan a denunciar.
El panel también documenta la persecución extraterritorial, con ataques, amenazas y vigilancia contra activistas en países como Colombia y Chile. Este fenómeno, alertó, está en expansión.
Fracaso de la disuasión internacional
El informe también criticó la estrategia de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. La política de “cooperación” con el régimen venezolano, sumada a las visitas de alto nivel y al establecimiento de una oficina técnica en Caracas, generó un efecto contraproducente.
Los expertos afirmaron que se permitió que las autoridades proyectaran una imagen de reforma mientras perfeccionaban mecanismos de represión.
Aunque el panel reconoció que la CPI ha avanzado formalmente en su investigación, insta a la Fiscalía a emitir órdenes de arresto contra los máximos responsables porque considera que solo medidas judiciales contundentes podrían frenar la violencia e iniciar un proceso real de rendición de cuentas.
El panel pidió una respuesta internacional “coordinada, inmediata y sostenida” para proteger a las víctimas, reconstruir el espacio cívico y garantizar justicia tras más de una década de violaciones sistemáticas.
“Venezuela ha entrado en la fase más oscura de su historia reciente”, afirmó.
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