Como una muestra de la persecución política, el gobierno admite este jueves 26 sobre miles de solicitudes para el beneficio de la Amnistía recién aprobada con la nueva realidad venezolana.
Los tribunales han beneficiado a 3.934 personas con medidas cautelares y han sido tramitadas 4.151 libertades plenas en todo el país
El diputado Jorge Arreaza, presidente de la Comisión Especial de Seguimiento de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, informó que la cifra de solicitudes para acogerse a este beneficio alcanzó los 7.461 casos.
Este balance se presenta tras cumplirse la primera semana de la aprobación y publicación de la norma en la Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.990 con fecha del 20 de febrero. El parlamentario destacó que el proceso muestra un avance significativo con un incremento considerable en las estadísticas registradas hasta la fecha.
Hasta el momento los tribunales otorgaron la libertad a 217 privados de libertad y beneficiaron a 3.934 personas que mantenían medidas cautelares. El reporte oficial indica que se han tramitado 4.151 libertades plenas en todo el país.
Estas cifras reflejan una aceleración en la ejecución de la ley en comparación con los datos presentados el miércoles 25 de febrero cuando se reportaron 185 excarcelaciones y 3.266 ciudadanos con el cese definitivo de arrestos domiciliarios o restricciones judiciales.
Actualmente los organismos jurisdiccionales y el Ministerio Público evalúan 3.011 expedientes adicionales para constatar si los solicitantes cumplen con los 13 supuestos de violencia establecidos en el texto legal.
Es importante resaltar que el proceso excluye rigurosamente los delitos de homicidio intencional, lesiones gravísimas y el tráfico de sustancias estupefacientes. Tampoco recibirán los beneficios de esta normativa las personas involucradas en violaciones graves a los derechos humanos, delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra según lo previsto en la Constitución y la Ley contra la Corrupción.
La implementación de esta normativa busca contribuir a la consolidación de la paz y la convivencia democrática en la nación mediante mecanismos de justicia específicos.
Las autoridades recordaron que los beneficiarios que incurran en nuevos delitos tras la entrada en vigencia de la ley serán procesados bajo la legislación ordinaria vigente.
Con estas evaluaciones técnicas el Estado garantiza que la amnistía se aplique con estricto apego a los principios de legalidad y respeto a los derechos fundamentales de las víctimas.
El Parlamento venezolano aprobó el pasado jueves una histórica ley de amnistía para los casos de presos políticos desde 1999 hasta 2026 creó una comisión especial para garantizar el cumplimiento de la norma, así como revisar casos «no contemplados» en ella, una función que también cumplirá el Programa para la convivencia y la paz, instalado en enero por la presidenta encargada Delcy Rodríguez.
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