Tras cumplirse más de 72 horas del anuncio sobre las presuntas excarcelaciones de dirigentes políticos, el balance en el estado Zulia es casi nulo. Hasta la fecha, solo se ha hecho efectiva la liberación de la exconcejal de Rosario de Perijá, Lurba Rojas y la de María Chirinos.
En el resto de los centros de reclusión de la entidad, no se ha reportado la salida de ningún otro detenido por motivos políticos, denuncia la vocera de la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia – Capítulo Zulia, Abogada Takehydi González.
De acuerdo con los registros de verificación disponibles -señaló, al menos 16 ciudadanos zulianos continúan detenidos en distintos centros de reclusión del estado Zulia por el ejercicio legítimo de sus derechos civiles, políticos y de información, al igual que otros zulianos que permanecen recluidos en centros penitenciarios ubicados en distintas regiones del país.
Entre los casos documentados se encuentran Víctor Daniel Borjas y Daniel García, dirigentes de los partidos Voluntad Popular y Vente Venezuela en el estado Zulia. A ambos ciudadanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) les otorgó medidas cautelares, tras una solicitud presentada por la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, en atención al grave riesgo que representan sus condiciones de detención para sus derechos fundamentales.
Pese a este reconocimiento internacional, los dos dirigentes permanecen recluidos en el Centro Penitenciario de Aragua (Tocorón), donde el pasado 9 de enero cumplieron un año de privación injusta de libertad.
La misma situación enfrentan periodistas zulianos detenidos en enero de 2025, mientras documentaban una protesta en la Plaza de la República. Desde el día jueves, sus familiares se mantienen en las afueras del centro de reclusión, sin haber recibido información oficial sobre su estado ni sobre su situación jurídica, lo que constituye una violación adicional al derecho a la defensa y al debido proceso.
A estos casos se suman personas zulianas que continúan detenidas en comandos policiales del estado, muchos de ellos en condiciones de silencio prolongado, una práctica utilizada como mecanismo de protección por parte de sus familiares ante el temor fundado de posibles represalias.
Este pronunciamiento tiene como objetivo exigir la libertad inmediata de todas las personas detenidas arbitrariamente, comunicar de manera responsable y verificada la situación de los presos políticos, y alertar sobre la necesidad de que las regiones no sean invisibilizadas en los procesos de liberación anunciados a nivel nacional.
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