Corresponde ahora al TSJ analizar la documentación que recibió el pasado jueves 21 de diciembre y decidir si admite la demanda interpuesta por María Corina Machado, que pide que le sea levantada la inhabilitación.

Mañana jueves 28, el TSJ podría emitir su opinión constitucional al respecto en vista de la urgencia del caso.

La Contraloría General expuso ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) las razones de la inhabilitación política impuesta a María Corina Machado, candidata presidencial de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), informó este lunes la corte, en medio del proceso de revisión de estas sanciones, acordado entre el Gobierno y el principal bloque opositor.

En su página web, el TSJ indicó que el pasado jueves 21 de diciembre recibió documentación por parte de la Contraloría, «dando cumplimiento» al procedimiento que lleva adelante la Sala Político Administrativa del máximo tribunal.

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Esta instancia había dado un plazo de tres días -que venció el 21 de diciembre- a la Contraloría para la «remisión de los antecedentes administrativos» de este caso, según el cual, Machado, ganadora de la elección primaria, no puede ocupar cargos de elección popular hasta 2030.

Asimismo, el TSJ pidió al organismo que impuso la sanción entregar una «copia certificada de los actos administrativos» que conllevaron a la inhabilitación de la exdiputada, una medida que fue anunciada en 2015 con una extensión de 12 meses y que este año se conoció que su vigencia es de 15 años.

Sin ofrecer detalles, aseguró que recibió lo que había solicitado a la Contraloría, por lo que ahora corresponde a la Corte analizar la documentación y decidir si admite la demanda interpuesta por la coordinadora nacional de Vente Venezuela, que pide que le sea levantada la inhabilitación, y si procede el amparo cautelar en este caso.

Entre los detalles omitidos, está la revisión exhaustiva sobre los argumentos de la Contraloría tanto de forma como de fondo, por una parte; y por la otra, la supuesta e ilegal desaplicación del artículo 227 constitucional, se pudo conocer con abogados cercanos a los magistrados del alto tribunal.

Machado, quien asegura que nunca ha sido notificada de inhabilitación alguna, pidió al TSJ revisar su caso, haciendo uso del mecanismo acordado entre el Gobierno y la PUD en el marco de las negociaciones políticas que mantienen ambos bandos de cara a los comicios del segundo semestre de 2024.

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