Samantha, de 16 años de edad, está detenida desde hace casi un año en un centro de detención para menores de edad en Antímano.
Los familiares introdujeron la solicitud de amnistía ante las oficinas administrativas de la AN pero aún no les dan respuesta.
Ruth Mariana Molero Espina, parada sobre una acera en las proximidades de la Asamblea Nacional, llamaba la atención por portar una pancarta con cuatro fotografías. La mujer viajó desde Maracaibo, estado Zulia, hasta Caracas con un clamor: solicitar la libertad de cuatro familiares detenidos por motivos políticos.
Entre los detenidos está su sobrina Samantha, una adolescente de 16 años de edad, que cumplirá un año bajo custodia del Estado. La mujer se apostó este jueves 5 de marzo frente a la sede del Poder Legislativo, junto a otras ciudadanas y ciudadanos, que demandan la aplicación de la Ley de Amnistía promulgada hace 15 días.
A Molero le angustia la situación de la adolescente que permanece recluida en el centro para menores de edad conocido como José Gregorio Hernández, en Antímano. Según el relato de su tía, la detención ocurrió cuando la joven tenía 15 años.
«A Samantha en estos momentos la tienen en los tribunales. Estoy pidiéndole a Dios que se pongan (sus captores) la mano en el corazón y que desistan de ese atropello que tienen contra ella», dijo Molero.
El grupo familiar de Molero, afectado por las detenciones, incluye también a sus sobrinos Henry Castillo, preso desde hace un año y tres meses, y Aranza Hernández, quien lleva tres meses en el centro de reclusión La Crisálida. Además, su hijo, Arnaldo Castillo, permanece privado de libertad en El Rodeo, tras ser trasladado desde el estado Zulia.
Las acusaciones contra sus familiares incluyen delitos de terrorismo, asociación para delinquir y financiamiento al terrorismo, por el hecho de estar relacionados con un familiar que es militar y que se reveló contra el Gobierno y ahora se encuentra fuera del país. «Yo creo que no llegamos a tener mil dólares. ¿Con qué vamos a financiar un terrorismo?», cuestionó Molero.
La mujer describió que la salud mental de la adolescente se ha deteriorado durante el encierro. «Cada vez que va, llora porque dice que por qué tanta injusticia, que ella no le ha hecho mal a nadie, que ella lo único que quería era terminar su bachillerato, entrar a una universidad, ver un mejor futuro en Venezuela», relató.
Estuvo más de tres años preso y pide libertad plena
Jonathan Carrillo, estudiante de comunicación social del noveno semestre en la Universidad Bolivariana de Venezuela, acudió al edificio administrativo de la Asamblea Nacional para consignar formalmente su solicitud de amnistía.
Carrillo recuperó su libertad bajo medida cautelar el pasado 26 de febrero, tras permanecer detenido injustamente durante tres años, siete meses y seis días.
Su recorrido por el sistema penitenciario incluyó el paso por la sede del Sebin en El Helicoide, Caracas; el penal de Yare II y el penal de Yare III, en el estado Miranda.
«Estoy haciendo acto de presencia aquí para consignar y solicitar la amnistía. Solicito, por favor, mi libertad plena. Soy inocente de lo que a mí se me acusa», declaró Carrillo.
Su detención se produjo en el aeropuerto nacional de Maiquetía el 20 de julio de 2022, cuando se disponía a viajar hacia Ciudad Bolívar. Los delitos imputados a Carrillo fueron asociación para delinquir, forjamiento de documento público e inmigración ilícita. A pesar de haber sido excarcelado, mantiene restricciones legales que le impiden salir del país.
«Desde un principio mi detención fue una detención arbitraria… En ese entonces no se me dio garantías como debe ser y como establece la ley», dijo el joven de 28 años de edad, quien trabajaba para la Asamblea Nacional al momento de ser detenido.
Carrillo instó a las autoridades a llevar a cabo una revisión exhaustiva de los casos y a liberar a aquellos que siguen encarcelados por razones políticas.
«Mi padre es un hombre que trabaja reparando electrodomésticos»
La opacidad en los procedimientos de detención es una denuncia recurrente entre quienes protestan en Caracas. Viorman Antolino Acevedo Tovar relató el caso de su padre, Yorman Acevedo, un técnico de electrodomésticos de 58 años de edad, quien fue interceptado el 13 de enero de 2026 en el sector José Félix Ribas, en Maracay, estado Aragua.
Según testimonios de la comunidad recabados por Acevedo, su padre fue detenido por personas encapuchadas con fusiles y chalecos sin identificación institucional y que además se desplazaban en vehículos civiles.
Acevedo denunció que su padre estuvo desaparecido durante 20 días, lo que lo obligó a recorrer organismos de seguridad y fiscalías en Aragua sin obtener respuestas sobre el paradero del hombre o el número de causa fiscal.
«Fui a la Fiscalía 20 de Derechos Fundamentales a formalizar mi denuncia y, a pesar de que me atendieron, no me dijeron dónde se encontraba mi padre”, aseguró el hijo del detenido.
La respuesta de las autoridades regionales fue remitir el caso a Caracas. «El fiscal superior (en Maracay) pudo hablar conmigo y me dijo que no podían atender su caso en Maracay”, narró Acevedo.
El 30 de enero recibió una llamada telefónica en la que le informaban que su padre estaba recluido en el Centro Penitenciario Rodeo I, en Guatire, una instalación de máxima seguridad y señalada como un centro de tortura.
El padre de Viorman fue imputado por los delitos de incitación al odio, resistencia a la autoridad y asociación para delinquir; pero después de conocer su paradero en el Rodeo I, le sumaron el delito de tráfico de drogas.
«Mi papá no tenía nada que ver con el tráfico de drogas, ni siquiera era político. Le pusieron ese delito porque, según la Ley de Amnistía, las personas que están por ese delito no reciben el beneficio”, dijo.
El drama de estas familias se suma a los centenares de presos políticos que aún documenta la organización no gubernamental Foro Penal, que, según sus registros que datan del 2 de marzo, el total de presos políticos en el país asciende a 526 personas; de ellas, 11 que permanecen en paradero desconocido.
Las familia convertida en re-víctima del Estado
Para los familiares de los presos políticos el daño ocasionado a los familiares de estos presos políticos es mayusculo desde el punto de vista económico por los traslados para visitarles y llevarle provisiones, y emocionales sobretodo para los menores. Lo que consideran una gran injusticia y el gobierno y los tribunales no dan respuestas oportunas con soluciones efectivas basadas en las libertades polenas como lo estipula la nueva Ley.
Con información de Efecto Cocuyo – Noti/Imágenes
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