La suspensión de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero ha paralizado las investigaciones a funcionarios corruptos, entre ellos venezolanos
La Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero es de larga data. Fue la primera ley de este tipo, enfocada en castigar el lavado de dinero y la corrupción financiera, en el mundo. Imagen generada por Inteligencia Artificial.
La tarde del 22 de diciembre de 2017 estableció un importante hito en la lucha anticorrupción en Venezuela. Ese día, Alejandro Andrade, extesorero nacional del fallecido presidente Hugo Chávez, se declaró culpable ante una corte federal de Florida de conspirar para lavar millones de dólares recibidos en sobornos a cambio de favorecer a empresarios con dólares a precio preferencial en Venezuela.
Aquella declaración de culpabilidad se convirtió en la de mayor envergadura relacionada con la corrupción venezolana en Estados Unidos. Se produjo en el contexto de una investigación en la que se violaba la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, por sus siglas en inglés).
De acuerdo con la acusación de la Fiscalía Sur de Florida se pagaron sobornos a funcionarios corruptos de alto rango del gobierno de Venezuela para asegurar el acceso al mercado cambiario oficial, que ofrecía tasas de cambio de divisas muy inferiores a las que se vendían en el mercado no oficial.
Una ley contra sobornos y corruptos
Esta ley, aprobada por el Congreso en el año 1977, prohíbe a empresas y ciudadanos estadounidenses participar en el pago de sobornos a funcionarios de gobiernos extranjeros a cambio de favores. Pero su alcance también se extiende a las compañías internacionales que tienen presencia operacional en Estados Unidos, que quedan sujetas al ordenamiento jurídico estadounidense.
“Específicamente, las disposiciones antisoborno de la FCPA prohíben el uso intencionado del correo o de cualquier medio o instrumento de comercio interestatal de forma corrupta para promover cualquier oferta, pago, promesa de pago o autorización de pago de dinero o cualquier cosa de valor a cualquier persona, a sabiendas de que todo o parte de dicho dinero o cosa de valor será ofrecido, dado o prometido, directa o indirectamente, a un funcionario extranjero para influir en su capacidad oficial”, precisa la Criminal Division del Departamento de Justicia.
Desde entonces, los órganos de justicia de 31 países han abierto al menos 262 casos relacionados con la corrupción venezolana en los últimos 15 años, según el Corruptómetro, una herramienta creada por el capítulo para Venezuela de la ONG Transparencia Internacional. De ese total, 62 casos relacionados con funcionarios venezolanos corruptos se investigaban en Estados Unidos en 2023.
Un parado a la FCPA y respiro para los corruptos
En medio de la lluvia de decretos que ha caracterizado a su mandato, el presidente Donald Trump autorizó recientemente la suspensión por los próximos 180 días de la aplicación de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero.
La decisión, fechada el 10 de febrero, argumenta que la FCPA perjudica a la competitividad económica de las empresas estadounidenses frente a sus rivales internacionales.
“La aplicación excesiva e impredecible de la FCPA contra ciudadanos y empresas estadounidenses por prácticas comerciales rutinarias en otras naciones no sólo malgasta los limitados recursos fiscales que podrían dedicarse a preservar las libertades estadounidenses, sino que perjudica activamente la competitividad económica estadounidense y, por tanto, la seguridad nacional”, se lee en el comunicado de la Casa Blanca.
Junto a esta resolución, el gobierno estadounidense también desmanteló dos unidades encargadas de investigar la corrupción financiera relacionada con la cleptocracia en los últimos años. Estas son: la Task Force KleptoCapture, encargada de aplicar sanciones contra funcionarios rusos tras la invasión de Rusia a Ucrania; y la Kleptocracy Asset Recovery, creada para identificar los activos de personas corruptas, congelarlos y devolvérselas a los Gobiernos de los países perjudicados.
En su lugar, según la fiscal general Pam Bondi, el Departamento de Justicia de Estados Unidos reorientará el personal y los recursos hacia la “eliminación total” de los cárteles de la droga y las organizaciones criminales transnacionales en el país. A su juicio, la institución se convirtió “en un arma” contra el presidente Trump.
Los cambios ya han incentivado que algunos abogados de personas investigadas y acusadas de violar la FCPA soliciten la desestimación de los cargos criminales contra sus clientes acusados de corruptos, reportó el New York Times.
Preocupación entre organizaciones y activistas anticorrupción
«Cortar las alas de la aplicación de la FCPA supone un duro golpe para la lucha contra el soborno internacional en todo el mundo». Así comienza el comunicado que la ONG Transparencia Internacional publicó momentos después de la suspensión de la FCPA.
«Esta pausa beneficiará a los actores empresariales inescrupulosos (corruptos) que hasta ahora temían las persecuciones criminales de Estados Unidos», agrega la organización.
La Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero es de larga data. Fue la primera ley de este tipo, enfocada en castigar el lavado de dinero y la corrupción financiera, en el mundo. Su promulgación, en 1977, fue una respuesta a la crisis que vivía la institucionalidad de Estados Unidos tras la explosión del caso Watergate.
Desde entonces, los gobiernos estadounidenses han tenido un rol determinante en los esfuerzos mundiales para combatir la corrupción, la delincuencia financiera y la cleptocracia, según el periodista Oliver Bullough.
«Inventó la idea de luchar contra el blanqueo de capitales. Las sanciones contra las élites del Kremlin fueron más lejos y más rápido que las equivalentes europeas. Sus procesos contra el blanqueo de capitales por parte de bancos, bolsas de criptomonedas y otros han sido más ambiciosos que los nuestros (los británicos). Sus acusaciones contra funcionarios extranjeros corruptos han logrado mejores resultados», precisó el periodista británico, autor del libro «Moneyland: Por qué los ladrones y los tramposos controlan el mundo y cómo arrebatárselos», en una columna en el diario The Guardian.
Sugerencias para mejorar
Tanto Bullough como los representantes de Transparencia Internacional coinciden en la necesidad de que otros países y organismos activen nuevos mecanismos que puedan palear la suspensión de la FCPA.
De la Unión Europea (UE), por ejemplo, se espera que recaiga mayor presión para ejercer un rol más determinante. Además, a partir de sus acciones se pudiera evaluar mejor el impacto que tendría la paralización de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero.
Entre algunas medidas que sugiere el periodista y que, según dice, algunos gobiernos han implementado, se encuentra la orden de registrar los beneficiarios reales de las empresas extraterritoriales y sus propiedades. También es necesario dotar de fondos suficientes a los organismos encargados de hacer cumplir la ley. Y, por último, intentar aumentar la transparencia en los paraísos fiscales.
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