España tramitó protección subsidiaria para 10.103 personas el año pasado y 57.334 ciudadanos, en su mayoría venezolanos, recibieron autorización de residencia por razones humanitarias.
La Oficina de Asilo y Refugio (OAR) de España recibió un total de 160.951 expedientes de solicitudes de protección internacional el año pasado; esa la es cifra más alta desde la creación de esa oficina en 1992. Las resoluciones representan un incremento de 67,2% con respecto a 2024.
Los ciudadanos venezolanos fueron los que más solicitaron refugio y asilo con un total de 85.413 peticiones, que representan 59,2% de total de casos recibidos en 2025 y equivale a 20% más que en el año anterior. Después de los originarios de Venezuela estuvieron los nacidos en Mali con 16.004 peticiones.
Venezuela y Mali fueron los únicos países, entre los 20 primeros, cuya cifra de solicitantes aumentó en comparación con el año anterior. Les siguieron Colombia (14.524), Perú (3.511) y Senegal (3.333).
De acuerdo con los datos del Ministerio de Interior de España, se formalizaron 144.396 solicitudes de protección internacional, lo que ubica a este país como tercero de la Unión Europea en brindar asilo y refugio a los migrantes del mundo, detrñas de Alemania y Francia.
En cuanto al lugar de presentación de las solicitudes, Madrid encabezó la lista con 43.585, seguida de Andalucía (20.013) y Cataluña (17.206).
Más de 7.800 estatutos de refugiado concedidos
Durante 2025 se concedieron 7.838 estatutos de refugiado, 23,3% más que en 2024. Las principales nacionalidades reconocidas con esta condición fueron Nicaragua, Colombia, Afganistán, Honduras y El Salvador. Además, se tramitó protección subsidiaria para 10.103 personas y 57.334 ciudadanos —en su mayoría venezolanos— recibieron autorización de residencia por razones humanitarias.
Con estos resultados, la tasa de reconocimiento del estatuto de refugiado y de la protección subsidiaria se situó en 11,2%, mientras que la tasa de protección internacional alcanzó 46,8%.
Por otra parte, el año pasado se presentaron más de 3.000 solicitudes de reconocimiento del estatuto de apátrida y se resolvieron 2.242 expedientes, lo que representa un aumento superior a 146% frente a 2024. Este procedimiento está dirigido a identificar a personas que no sean consideradas nacionales por ningún Estado conforme a su legislación.
Asimismo, durante el año la Dirección General de Protección Internacional otorgó el régimen de protección temporal a 30.625 personas, elevando a más de 262.000 el número de ciudadanos desplazados por la invasión de Rusia a Ucrania amparados por esta figura en España.
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