En sus conclusiones, los abogados de Venezuela acusaron nuevamente al fiscal de la CPI de usurpar funciones judiciales. La Fiscalía de la Corte insistió en la poca investigación en tribunales nacionales
La audiencia en la Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional, para evaluar la reanudación de la investigación por crímenes de lesa humanidad, culminó este miércoles 8 casi a las 5:00 p.m. (10:32 a.m. hora Venezuela), tras dos días de sesiones donde la delegación de Nicolás Maduro negó la existencia de crímenes de lesa humanidad en el país, acusó al fiscal de la CPI de usurpar funciones y puso en duda los relatos de las víctimas.
La Sala de Apelaciones prometió evaluar las opiniones de las víctimas y «preparar nuestras conclusiones de la manera más rápida posible».
En las conclusiones de Venezuela, dos de los abogados (Bob Emmerson y Aitor Martínez) señalaron que hubo inocencia y laxitud a la hora de redactar el Estatuto de Roma, lo que permitió un uso político por parte de un grupo de Estados en 2018 para interponer la denuncia contra el país.
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Según Martínez, no hay estándares mínimos suficientes para que la Corte asuma la investigación que se plantea. «Negamos que ha habido política estatal alguna y, por supuesto, los crímenes que se han señalado y determinar si pasaron ese umbral».
Destacó que el centro de atención de la CPI debe ser determinar la presencia o ausencia de una política estatal. Sobre este punto, Emmerson dijo que la propia Fiscalía «no sabe a dónde va» con las acusaciones a rangos altos y tampoco sabe si, de acuerdo a la jurisdicción venezolana, cargos como tenientes coroneles o sargentos entran en esa descripción.
«Lo que ocurrió aquí es una usurpación de la función judicial desde el fiscal (Karim Khan) y una orientación de la Sala (de Cuestiones Preliminares) hacia ello», aseguró.
Emmerson también se refirió a las conclusiones de la Defensoría para las Víctimas, de la cual dijo que exhibieron «una retórica muy persuasiva» basada en sentimientos, independientemente de las pruebas entregadas, y de las cuales no se pueden comprobar si efectivamente sufrieron violaciones o crímenes graves.
En el último tramo de la sesión también intervino el canciller venezolano Yván Gil, quien desestimó la CPI como una instancia efectiva.
«Con todo respeto, el número de asuntos resueltos por Venezuela supera con creces el número de casos con condena que ha conducido la Corte Penal Internacional (…) No se trata de una competición entre Venezuela y la CPI, es una realidad inobjetable. El Estado es el mejor lugar para garantizar justicia (…) La justicia local tiene más resonancia y garantiza disuasión», aseveró.
Aseguró que podían haberse retirado del Estatuto de Roma, pero se comprometieron a investigaciones internas. «Ese espíritu de compromiso y justicia también ha impregnado todas las interacciones con el fiscal».
Calificó de «inminente» la apertura de la Oficina de la Fiscalía en Caracas y aseveró que se han hecho reformas para garantizar la justicia conforme a estándares internacionales, aunque solo mencionó la reforma al Código Orgánico de Justicia Militar para eliminar que se juzguen a civiles en estos tribunales.
Además, señaló que la Fiscalía de la CPI depende de la ayuda venezolana, una cuestión sobre la que valía la pena reflexionar ante un conflicto bélico como en Gaza.
Hablan las víctimas en la CPI
Una participación inusual en este punto del proceso fue el de los afectados venezolanos y sus familiares, representadas por la Oficina de Defensa Pública para las Víctimas.
La abogada Paolina Massidda, consejera principal de la instancia, intervino en español y destacó que los crímenes que han sufrido las víctimas están vinculados con su identidad, sus creencias políticas o su trabajo con los derechos humanos, «por ello es fundamental que se incluya en elemento de discriminación».
Afirmó que las víctimas reconocen que son y fueron objeto de crímenes de lesa humanidad, «no como individuos aleatorios» y muestran la magnitud verdadera de estos delitos.
Massidda reiteró que el asunto subyacente de este procedimiento y que «es una realidad para ellas, es que en Venezuela no se investiga ni se investigará» este tipo de crímenes.
Audiencia CPI Oficina Víctimas
Aseveró además que «mientras hablamos, en Venezuela se siguen cometiendo crímenes con impunidad». Enumeró los retrasos «injustificados» en investigaciones y juicios, casos que fueron desestimados sumariamente sin investigación adecuada o bajo el alegato que no se correspondía a delitos de naturaleza criminal.
«Desde 2014, numerosas personas han sido asesinadas por derecho sociales y económicos, no solo por derechos políticos. (…) Hay numerosos actos de tortura, incluido actos de violencia sexual. Las víctimas en vano denunciaron los delitos. No fueron contactadas ni notificadas de medidas procesales o cualquier otro paso tomado, en realidad fueron amenazados», destacó.
La abogada italiana reiteró que las víctimas no son meros observadores del proceso en la CPI, «son participantes en la búsqueda de la verdad y sus relatos son cruciales para establecer los hechos y el contexto (…) Al considerar las opiniones de las víctimas, la Corte demuestra su compromiso de ser un instrumento genuino de justicia y verdad».
Fiscalía firme
En sus conclusiones, la Fiscalía dijo que la Sala de Cuestiones Preliminares no ha mostrado que eran irracionales y la conclusión es que los procedimientos reflejados en Venezuela no concuerdan con lo investigado por la Fiscalía.
Se realizó una evaluación exhaustiva de la materia, comentaron las abogadas, y se descartó por dos factores: porque Venezuela no investiga los hechos de crímenes de lesa humanidad, y se centra en los perpetradores de bajo rango. Tampoco se reflejan los crímenes de persecución y naturaleza sexual.
Señalaron que hay periodos de inactividad investigativa inexplicable y una premisa con perspectiva limitada del principio de complementariedad, al decir que esta investigación puede considerarse como una violación de la soberanía jurídica.
«A lo largo de la apelación, Venezuela parece haber enmarcado como si fuera para casos particulares, lo hemos visto cuando manifiesta que se deben notificar las causas concretar y que debe haber una simetría entre la información de la Fiscalía y el propio Estado bajo el principio de no permitir el doble juzgamiento», dijeron.
Jaira Molano
Coordinación Sala de Redacción, Lcda. Amarilis Romero, CNP 12267
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