Trump ha adelantado que pretende intensificar las deportaciones durante su primer mandato basándose en la Ley de Enemigos Extranjeros, que permite al presidente deportar a ciudadanos de naciones consideradas hostiles a Estados Unidos.
Donald Trump, Presidente electo de los Estados Unidos, ha situado la cuestión de la inmigración en el núcleo de su agenda electoral. Ha prometido instaurar un «orden sin precedentes» en la frontera sur y llevar a cabo la operación de deportación masiva más grande de la historia del país en su primer día de mandato. Trump percibe la inmigración como una crisis y promete implementar políticas controvertidas para abordarla, así lo publica hoy Voz de América en su análisis del tema.
Las medidas propuestas por el presidente electo implican una serie de desafíos legales y logísticos, especialmente al gestionar el reingreso de posiblemente millones de personas. «Existe este mito de una fila que las personas deberían formar para entrar legalmente. Muchas veces, no existe tal fila», expresó Mark Hetfield, director ejecutivo de la Sociedad Hebrea de Ayuda a los Inmigrantes.
La legislación actual presenta obstáculos a los inmigrantes indocumentados que tratan de unirse a las filas de solicitantes de reingreso debido a las políticas restrictivas existentes. La Ley de Reforma de la Inmigración Ilegal y Responsabilidad del Inmigrante de 1996 prohíbe el reingreso a inmigrantes con un historial de «presencia ilegal» en Estados Unidos. Aquellos con más de 180 días pero menos de un año de presencia ilegal enfrentan una prohibición de reingreso de tres años, y se incrementa a 10 años para aquellos con más de un año de presencia ilegal.
Trump ha adelantado que pretende intensificar las deportaciones durante su primer mandato basándose en la Ley de Enemigos Extranjeros, que permite al presidente deportar a ciudadanos de naciones consideradas hostiles a Estados Unidos. A pesar de que este plan es aplaudido por sus partidarios, ha generado críticas y preocupación entre sus opositores debido a posibles batallas legales y obstáculos logísticos.
Jeremy Robbins, director ejecutivo del Consejo Estadounidense de Inmigración, señaló que la deportación masiva vendría con un coste extraordinario para el gobierno y tendría un impacto devastador en la economía.
En su proyecto de restringir la inmigración, Trump espera reactivar el programa «Permanecer en México», que obliga a los solicitantes de asilo a esperar en México mientras se procesan sus casos. Asimismo, prometió terminar con las iniciativas de la administración Biden que permitieron la entrada legal a Estados Unidos de grupos específicos de migrantes. Además, ha manifestado su intención de acabar con la ciudadanía por derecho de nacimiento para los hijos de padres indocumentados.
Estos planes de inmigración enfrentan resistencia de grupos de defensa y expertos legales, que argumentan que las deportaciones masivas y las prohibiciones de viaje podrían conducir a violaciones de los derechos humanos y desafíos judiciales.
Mark Hetfield de HIAS y Michelle Ming de United We Dream, declararon a la Voz de América su preocupación por el impacto que estas políticas tendrán en la inmigración legal y aseguraron su compromiso en la lucha y defensa de las familias inmigrantes.
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