María Graterol
Los negocios en Vargas exigen que el Seniat considere las condiciones particulares de aquellos que perdieron mercancía, clientes o capacidad operativa. También exigen un pronunciamiento formal de ese ente y de las autoridades municipales sobre las obligaciones fiscales de los afectados.
El sector privado de La Guaira pidió a las autoridades nacionales y regionales establecer medidas de alivio tributario para las empresas afectadas por los terremotos registrados el 24 de junio, al advertir que los comercios y emprendimientos de las zonas más golpeadas siguen enfrentando cobros fiscales pese a operar con pérdidas, daños estructurales o interrupciones totales de sus actividades.
Durante una reunión convocada este 28 de julio por la Cámara de Comercio de La Guaira con representantes del sector comercial, empresarial y logístico de la entidad, la vicepresidenta del gremio, Cipriana Ramos, cuestionó que las discusiones sobre la recuperación económica de la región se estén desarrollando sin incluir de forma suficiente a los empresarios afectados.
“Tenemos que hacer parte de esas mesas de trabajo, porque los dolientes somos nosotros. Aportamos impuestos y trabajo”, señaló Ramos, quien insistió en que quienes mantienen actividades económicas en la entidad deben participar en la planificación de la reconstrucción comercial.
La representante explicó que la Cámara de Comercio ha enviado propuestas a la Gobernación y a la Alcaldía de La Guaira, entre ellas un proyecto de ordenanza municipal y planteamientos dirigidos al Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat).
El sector privado reclama que exista un pronunciamiento formal de ese ente y de las autoridades municipales sobre las obligaciones fiscales de las empresas afectadas. Ramos señaló que los comerciantes necesitan certezas sobre si habrá excepciones, prórrogas o mecanismos especiales mientras intentan reactivar sus negocios.
El Seniat mantiene competencias sobre tributos nacionales como el impuesto sobre la renta, el impuesto al valor agregado y otras obligaciones fiscales. En una situación de emergencia, los comerciantes piden que el organismo considere las condiciones particulares de compañías que perdieron mercancía, clientes o capacidad operativa.
Además, alertaron sobre las dificultades para cumplir trámites administrativos tras los daños ocasionados por los sismos. Ramos explicó que varios empresarios quedaron sin documentación, registros o capacidad de gestión debido a la afectación de oficinas y servicios.
Uno de los puntos señalados fue la situación del Servicio Autónomo de Registros y Notarías (Saren), institución encargada de gestionar registros mercantiles, notarías y otros trámites legales vinculados con empresas y ciudadanos. Según Ramos, algunos procesos vinculados al registro de compañías quedaron paralizados o tuvieron que ser trasladados fuera del estado, lo que complica todavía más la recuperación de los negocios. “Nosotros desaparecimos del Saren, no tenemos registros aquí. La notaría la trasladaron a Caracas”, afirmó.
Para los comerciantes, la recuperación no depende únicamente de reparar locales, sino también de garantizar que las empresas puedan volver a operar dentro del marco legal.
“¿Cómo pago si no estoy facturando?”
El reclamo del sector privado se refleja en los testimonios de comerciantes que aseguran que, tras el doblete sísmico, quedaron atrapados entre la falta de ingresos y la continuidad de las obligaciones fiscales.
John Reyes, comerciante de La Guaira, afirmó que existe disposición del sector para recuperarse, pero advirtió que necesitan acompañamiento institucional. “Tenemos la disposición, pero si quienes tienen que ayudarnos, que son las autoridades, no lo hacen, ¿cómo hacemos? Sigo pagando alcaldía. ¿De dónde saco dinero si no estoy facturando?”, planteó.
Cuestionó que empresas paralizadas tengan que asumir costos administrativos y tributarios mientras intentan reconstruirse. También pidió que los recursos generados por los impuestos de las áreas impactadas puedan ser consideradas dentro del proceso de recuperación.
“Las zonas afectadas del estado son las zonas que producían impuestos para el Estado. Con esos impuestos es que se pueden hacer obras y gastos de reconstrucción. ¿Ese impuesto que pagamos ahora se va a redireccionar para apoyarnos?”, preguntó.
Comercios afectados esperan inspecciones y respuestas
Deisy Romero, una emprendedora de Playa Verde, denunció que todavía esperan evaluaciones oficiales sobre los daños ocasionados por los sismos en los kiosco de ese boulevard. Relató que la pérdida de electricidad y los saqueos posteriores dejaron a varios comerciantes sin mercancía.
Aseguró que han realizado reclamos ante las autoridades, pero no han recibido respuestas. “Quedamos en el limbo. Queremos saber qué respuesta nos puede dar el gobierno”, expresó.
Romero también señaló que no se han realizado inspecciones completas de la infraestructura de los negocios ubicados en ese boulevard, donde algunos establecimientos sufrieron daños en techos y estructuras.
También trabajadores del sector turístico de Galipan reportaron una caída significativa en la actividad económica. Una comerciante explicó que un fin de semana que normalmente recibía alrededor de 2.000 visitantes apenas llegaron 400 personas.
“¿Cómo se van a pagar los impuestos? Yo estoy cerrada. Tengo que comprar material para trabajar y, si no hay gente, ¿qué se hace?”, dijo.
Pero el impacto también alcanza a empresas con mayor número de trabajadores. Jeancarlo Santoret, representante de Representaciones Dipropal, empresa distribuidora comercial ubicada en Maiquetía, señaló que la compañía mantiene una nómina de 60 empleados pese a la caída de sus ingresos.
Santoret explicó que su negocio perdió clientes y acumula alrededor de 90.000 dólares en facturas pendientes de cobro. A esto se le suman compromisos laborales y tributarios que, según afirmó, aumentan la presión sobre una compañía que todavía no logra estabilizar sus operaciones.
“Tenemos que asumir la nómina. Encima de eso tenemos que asumir pagos ante el Seniat. Si vamos a asumir el impuesto sobre la renta, vamos a tener pérdidas”, señaló.
También indicó que mantienen unos 40 millones de bolívares en excedentes de retenciones que no saben cómo utilizar o recuperar.
Para el sector empresarial, la incertidumbre tributaria se convirtió en otro obstáculo para la reconstrucción.
Ramos insistió en que no basta con convocar reuniones: requieren decisiones oficiales que permitan a los negocios volver a operar.
“El país tiene que ayudarnos a reconstruir esto. ¿Cómo las empresas pequeñas y medianas pueden invertir en locales si tienen miedo? El miedo post terremoto es aún peor por la incertidumbre tributaria”, sostuvo.
Así, mientras comerciantes y empresarios intentan reactivar sus actividades, la Cámara de Comercio de La Guaira insiste en que la recuperación económica debe incluir reglas claras, participación del sector privado y medidas excepcionales para evitar que la emergencia termine provocando el cierre definitivo de negocios que todavía intentan sobrevivir.
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