La CIDH, al evaluar las alegaciones, ha instado al Estado venezolano a adoptar medidas para proteger los derechos de Guanipa, asegurando que pueda continuar con su participación política sin que sea objeto de amenazas, hostigamientos o actos de violencia en el ejercicio de estas
Juan Pablo Guanipa, quien resultó ser electo como gobernador del Zulia y cumpliendo su promesa electoral “No se juramentó en una Asamblea irrita y a quien el Consejo Legislativo para la fecha junto a cuerpos de seguridad le impidieron juramentarse en el organismo regional como lo establece la norma,
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) adoptó el pasado 7 de octubre la resolución 71/2024, en la que conceden medidas cautelares a favor de Juan Pablo Guanipa, coordinador del partido Primero Justicia.
La resolución se tomó tras considerar que sus derechos a la vida e integridad personal se encuentran en riesgo de daño irreparable.
Desde el 2016 Guanipa ha sido objeto de intimidaciones, hostigamientos y agresiones, que se agravaron tras las elecciones presidenciales del 28 de julio, cuando fue objeto de persecución motorizada el 3 y 28 de agosto por parte de agentes del SEBIN. El hostigamiento se habría extendido a diversos integrantes de su familia, llevando al cierre de negocios familiares, asedio a su vivienda familiar, y anulación de pasaportes, explicó la CIDH.
Posteriormente, el hermano de Guanipa fue detenido el 26 de septiembre sin que se informara formalmente sobre los motivos de su arresto o el lugar de reclusión actual. Hasta la fecha, el Estado venezolano no ha proporcionado información relevante sobre el caso.
La CIDH, al evaluar las alegaciones, ha instado al Estado venezolano a adoptar medidas para proteger los derechos de Guanipa, asegurando que pueda continuar con su participación política sin que sea objeto de amenazas, hostigamientos o actos de violencia en el ejercicio de estas. En particular, el Estado debe asegurar que sus agentes respeten los derechos y la integridad personal de la persona beneficiaria de acuerdo con los estándares establecidos por el derecho internacional de los derechos humanos, así como en relación con actos de riesgo atribuibles a terceros, de acuerdo al comunicado de prensa publicado el miércoles 9 de octubre.
Además, la Comisión exige que el Estado concierte las medidas a adoptar con Guanipa y sus representantes, y que informe sobre las acciones investigativas relacionadas con los hechos denunciados para evitar así su repetición.
Es importante destacar que la adopción de esta medida cautelar no implica un prejuzgamiento sobre una posible violación de derechos humanos, sino que es una acción preventiva para garantizar la seguridad de Guanipa.
Trabajo presentado por cortesía de EsecA, Estudios Sociales Especializados, C.A. +58 4162250260 Venezuela.
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