La Junta Directiva del Colegio Nacional de Periodistas (CNP) exigió este jueves 16 de enero la excarcelación de todos los periodistas y trabajadores de prensa privados de libertad «injustamente» en el país.
El presidente del CNP, Tinedo Guía, solicitó la libertad de Julio César Balza, los asilados Omar González y Claudia Macero, Carlos Julio Rojas, Ramón Centeno, Biagio Pilieri, Víctor Rivas, José Camero, Gabriel González, Víctor Ugas, Roland Carreño y de los zulianos Leandro Palmar y Belises Salvador Cubillán, de LUZ Radio.
«El Colegio Nacional de Periodistas llama la atención a las autoridades para la libertad absoluta de todos los privados de libertad. Exigimos que sea respetada la labor del periodista. No puede haber terrorismo cuando se utiliza la palabra, la imagen y la redacción de la información», expresó Guía en rueda de prensa desde la sede nacional del CNP.
De igual forma el Colegio Nacional de Periodistas (CNP) defendió el derecho a la información y a la libertad de expresión que tienen los periodistas y ciudadanos venezolanos, según lo garantiza el marco legal vigente.
El presidente del CNP hizo énfasis en el caso del periodista y profesor universitario Juan Barreto, que desde hace días permanece en su residencia bajo el asedio de algunos organismos de seguridad del Estado.
«Tiene desde hace unos días una guardia policial frente a su casa que le impide salir a cumplir con sus funciones como profesor universitario… Abogamos por que sea respetada la profesión del periodista», dijo.
Guía finalmente añadió: «Informar no es un delito, es una obligación del comunicador social establecida en nuestra Ley del Ejercicio del Periodismo y establecida en nuestra Constitución».
Esta rueda de prensa contó con la presencia de Delvalle Canelón, secretaria general nacional del CNP; de Édgar Cárdenas, secretario general del CNP Distrito Capital; de Euclides Sotillo, presidente del IPSP; de Marcelino Bisbal, por Instituto Prensa y Sociedad (IPYS); Andrés Salazar, de la seccional CNP Miranda, y Andrés Raúl Páez, consultor jurídico del CNP. También asistieron Rafael Martínez, del CNP DC, y Daniela Alvarado, de IPYS.
El profesor Marcelino Bisbal denunció que, según investigaciones realizadas por IPYS, en lo que va de año, más de 39 web han sido bloqueadas, así como también más de 58 redes sociales, incluyendo TikTok. De acuerdo con el índice Chapultepec de la Sociedad Interamericana de Prensa, con las investigaciones de Reporteros Sin Fronteras, de Espacio Público, IPYS, Medianálisis, Venezuela se encuentra en los últimos lugares del mundo por la violación sistemática de la libertad de expresión.
Manifestó el docente e investigador UCAB, y representante de IPYS que son más de 500 violaciones a la libertad de expresión según HRW y expresó: «Con mucho dolor nunca me imaginé como profesor con más de 26 años en aulas, que la censura y la autocensura llegarían hasta aquí».
Edgar Cárdenas detalló el número de violaciones a la libertad de expresión en lo que va de año, según investigaciones y publicaciones del CNP Seccional Distrito Capital.
Euclides Sotillo, del IPSP, indicó que valoran el acompañamiento y prestan apoyo a los familiares de los periodistas detenidos arbitrariamente.
Por su parte, Salazar del CNP Miranda se manifestó consternado por la criminalización del reporterismo y denunció los desiertos informativos que existen, sin que las comunidades dispongan de periódicos ni de emisoras de radio con vocación de servicio público.
El consultor jurídico del CNP invocó la vigencia de los tratados internacionales, de disposiciones, principios y garantías de la Carta Magna, cuyo mandato incumple reiteradamente el Estado venezolano, especialmente los artículos: 2, 23, 44, 49, 57, 58, 70, 132, 141, 281 y 285, a la vez que repudió el secuestro político del activista Carlos Correa durante nueve días, quien estuvo incomunicado, sin contacto con familiares, sin que se le permitiera designar defensores privados de su confianza, sin conocerse su paradero ni el detalle de los cargos imputados, y sin haber cometido delito alguno como investigador y defensor de la libertad de expresión, en su papel directivo de la ONG Espacio Público.
El consultor jurídico exigió que la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público cumplan con sus obligaciones contenidas en leyes orgánicas y especialmente por mandato de los artículos 281 y 285 de la Constitución Nacional , en la defensa de derechos humanos fundamentales, ante detenciones arbitrarias de comunicadores sociales, cuyos delitos cometidos por funcionarios policiales y militares deben ser investigados y sancionados.
Páez resaltó que la CIDH otorgó medidas cautelares el 10 de enero, que cada una de ellas no fueron ejecutadas por el Estado venezolano, lo que se constituyó en delitos de lesa humanidad, cuya desaparición forzada (caso Carlos Correa) debe ser investigada por la Corte Penal Internacional, delito este imprescriptible.
Concluyó Andrés Raúl Páez invocando que los ciudadanos, defensores de derechos humanos fundamentales, y periodistas se encuentran bajo un «estado general de sospecha», por lo que urge cese la represión, la criminalización sistemática, masiva, selectiva, contra los comunicadores sociales y trabajadores de la prensa en Venezuela.
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