El expresidente, que según la jueza también cometió fraude procesal, se expone a pena de hasta 12 años de prisión. Uribe manifestó que se “ un juicio político motivado por un deseo de venganza» de la izquierda, de la extinta guerrilla FARC y del exmandatario Juan Manuel Santos, firmante del acuerdo que desarmó a los rebeldes en 2017. La decisión en primera instancia puede ser apelada
El expresidente Álvaro Uribe fue hallado este lunes culpable de intentar sobornar a un paramilitar para evitar que lo vinculara con estos escuadrones de ultraderecha que enfrentaban a guerrillas en Colombia.
Es el primer juicio a un expresidente en Colombia, acusado de tratar de persuadir a paramilitares para que mintieran a su favor.
El soborno «ha quedado acreditado», afirmó la jueza responsable del caso. Uribe participó en la audiencia de forma virtual mientras negaba con la cabeza.
La decisión en primera instancia puede ser apelada.
El expresidente, que según la jueza también cometió fraude procesal, se expone a pena de hasta 12 años de prisión.
Fuera del tribunal, seguidores del exmandatario usaron másacaras con su rostro y gritaron «Uribe inocente».
Álvaro Uribe con mucha fortaleza defiende su inocencia ante la canallada izquierdista
El largo proceso judicial se inició en 2012, cuando Uribe demandó al parlamentario izquierdista Iván Cepeda ante la Corte Suprema de Justicia por buscar a presos para que lo acusaran de tener nexos con los paramilitares de ultraderecha que combatieron a las guerrillas.
En un inesperado giro, en 2018 el tribunal cambió el rumbo de la investigación al sospechar que fue Uribe, entonces legislador, quien intentó sobornarlos para que cambiaran sus versiones.
Tras múltiples maniobras judiciales, el expresidente renunció al Senado en 2020, perdió sus fueros y el caso pasó a la justicia ordinaria.
La declaración de culpabilidad del político colombiano más influyente del siglo, muy popular por su mano dura contra las guerrillas, asesta un duro golpe a la derecha conservadora para las elecciones presidenciales de 2026.
El partido que lidera, el Centro Democrático, es el principal movimiento opositor al mandatario de izquierda Gustavo Petro.
El expresidente defiende su inocencia y manifestó que se trataba de un juicio político motivado por un deseo de «venganza» de la izquierda, de la extinta guerrilla FARC y del exmandatario Juan Manuel Santos, firmante del acuerdo que desarmó a los rebeldes en 2017.
Bloque Metro
La decisión significó una bofetada para Uribe, quien fue el primer presidente reelegido de la historia moderna del país y tras dejar el poder conservó tal nivel de popularidad que apadrinó a sus dos sucesores.
De acuerdo con un paramilitar que fue testigo en el juicio, Álvaro Uribe y su hermano Santiago participaron en la creación de un grupo ilegal conocido como Bloque Metro en el departamento de Antioquia.
El expresidente comenzó a ser investigado en 2018. En 2020 fue detenido en prisión domicilia y renunció al Senado.
El caso pasó a ser investigado por la fiscalía aliada de la derecha, que logró su libertad y pidió en varias ocasiones que el caso fuera archivado.
Sin embargo, en 2024, tras la llegada de una fiscal general designada por Petro, el ente acusador llamó a Uribe a un juicio en el que declararon más de 90 testigos.
«La conciencia me dice: he dicho la verdad», manifestó Uribe en los alegatos finales.
«Reloj espía»
Un paramilitar condenado que prestó testimonio contó que uno de los abogados de Álvaro Uribe lo presionaba en visitas a la cárcel para que cambiara su versión e intentó sobornarlo. El jurista enfrenta su propio juicio.
«Nunca hice directamente ni a través del doctor Diego Cadena ofertas, menos para mentir», dijo el expresidente durante el juicio, que fue transmitido en vivo por medios de comunicación.
Las principales pruebas fueron una reunión del abogado de Uribe con el paramilitar, que éste grabó con una cámara instalada en un «reloj espía», según la jueza, así como interceptaciones telefónicas al expresidente que la defensa siempre consideró ilegales.
Uribe es defendido y criticado en igual medida por su guerra contra la insurgencia, en medio de fuertes cuestionamientos por supuestos abusos a los derechos humanos durante su gobierno.
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