El tribunal neoyorquino consolidó con este dictamen la compensación en efectivo que buscan los acreedores ante el impago de la deuda
Aproximadamente 95% de las exportaciones petroleras de Venezuela tuvieron como destino final China, a través de rutas directas e indirectas| Foto Archivo
La saga legal en torno a la deuda venezolana alcanzó un punto el viernes 17 de octubre. Un juez del Distrito Sur de Nueva York emitió un fallo que obliga a la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) a desembolsar 2.860 millones de dólares a un grupo de tenedores de bonos.
Esta decisión judicial, que era largamente esperada por los acreedores, es particularmente sensible debido a la garantía que respalda los títulos en cuestión: las acciones de Citgo Petroleum, la filial de refinación de Pdvsa con sede en Houston, Estados Unidos.
El tribunal neoyorquino, que semanas atrás ya había reafirmado la validez de los bonos venezolanos que se encuentran en estado de default, consolidó con este dictamen la compensación en efectivo que buscan los acreedores ante el impago de la deuda.
Sin embargo, tal como señala la agencia Reuters, se anticipa que el dictamen será enérgicamente impugnado por Venezuela y la junta ad hoc que controla la defensa de los activos estatales en EE UU, previendo una nueva fase de batalla legal para proteger el control sobre Citgo.
La decisión judicial en Nueva York ha intensificado la batalla legal y política por los activos venezolanos. La respuesta del gobierno de Nicolás Maduro se hizo inmediata y categórica: impugnará el fallo, sosteniendo que la deuda es ilegal.
El argumento central del gobierno de Maduro se basa en que la emisión de los bonos 2020 se aprobó sin la debida autorización de la Asamblea Nacional de 2015, la cual se reconoció por una parte de la comunidad internacional. Pero, esta postura choca repetidamente con los tribunales estadounidenses, que han insistido en que la estatal petrolera está obligada a honrar los compromisos financieros que adquirió.
El litigio por los bonos 2020 es apenas una pieza en el complejo tablero legal que amenaza con la fragmentación de los activos internacionales de Venezuela.
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