El director de Fundaredes, Javier Tarazona, fue detenido el 2 de julio de 2021 cuando acudió a la sede de la Fiscalía en Coro, capital del estado Falcón, a denunciar que estaba siendo víctima de acoso y persecución policial. Su proceso judicial estuvo marcado por irregularidades y un deterioro en su salud debido a las condiciones de reclusión en el Sebin de el Helicoide
El defensor de derechos humanos y director de la ONG Fundaredes, Javier Tarazona, fue excarcelado este domingo 1 de febrero tras permanecer poco más de cuatro años y siete meses detenido en la sede del Sebin Helicoide.
«Hoy #1Feb luego de 1675 días, 4 años y 7 meses, llegó este tan anhelado día, mi hermano Javier Tarazona está en LIBERTAD. GRACIAS A DIOS TODO PODEROSO. Gracias a cada uno de los que han hecho posible este momento. La libertad de uno es la esperanza de todos», escribió José Rafael Tarazona, hermano del activista y quien también estuvo detenido por razones políticas.
La excarcelación del activista se produce tras el anuncio de una ley de amnistía general que, según Delcy Rodríguez, abarcará los hechos de «violencia política» desde 1999 hasta la actualidad. Desde el pasado 8 de enero, se lleva a cabo un proceso de liberaciones bajo medidas cautelares. El Ministerio Público ha señalado que hay más de 643 excarcelados, mientras que organizaciones como el Foro Penal ubican la cifra en 310.
El director de Fundaredes fue detenido el 2 de julio de 2021 cuando acudió a la sede de la Fiscalía en Coro, capital del estado Falcón, a denunciar que estaba siendo víctima de acoso y persecución por parte de funcionarios de la policía de ese estado, agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) y sujetos sin identificar.
Tarazona fue imputado por incitación al odio, terrorismo y «traición a la patria». Antes de ser detenido, el profesor universitario denunció vínculos entre altos funcionarios del gobierno y grupos guerrilleros en la frontera venezolana.
La organización Fundaredes denunció sostenidamente las irregularidades que marcaron el proceso judicial contra el activista, como su desaparición forzada temporal luego del arresto, audiencias diferidas, suspensión de juicios y procesos realizados de forma telemática sin su presencia física en el tribunal.
También señalaron que era una «muestra de la criminalización de la labor de defender los derechos humanos en Venezuela».
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