SNTP entrega proyecto «integral» de amnistía que incluye fondo de reparación a víctimas
El secretario general del SNTP indicó que «una ley de amnistía puede ser un punto de partida, pero solo será legítima si libera a personas inocentes y si viene acompañada de reformas estructurales que garanticen que el sistema de justicia no vuelva a ser utilizado como herramienta de persecución contra el periodismo»
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) entregó este lunes 9 ante la Asamblea Nacional una propuesta de «ley de amnistía», donde incluyen el reconocimiento a la criminalización del ejercicio periodístico, ampliación de hechos objetos de esta medida y un fondo de reparación integral para personas detenidas por razones políticas.
La propuesta, elaborada por el SNPT con asistencia legal del abogado Joel García, extiende la amnistía a hechos vinculados con el activismo en ONG, sindicatos y asociaciones, como una garantía para la libertad de asociación, severamente afectada en los últimos años.
Asimismo, establece que la amnistía debe ser aplicable a personas dentro y fuera de Venezuela para garantizar el retorno de personas exiliadas por la persecución política.
El anteproyecto reconoce la criminalización del ejercicio periodístico, así como la utilización de delitos comunes -como asociación para delinquir, terrorismo u otros tipos penales- para «silenciar voces críticas». También reseña la persecución digital para criminalizar la expresión en redes sociales y plataformas de mensajería como X, WhatsApp o Facebook.
La organización gremial pidió que continúen las excarcelaciones, aunque recordó que «no equivalen a libertad plena». Marco Ruiz, secretario general del SNTP, indicó que si bien a un grupo de periodistas excarcelados durante 2026 no tiene como medida cautelar la prohibición de declarar a medios de comunicación, en las audiencias de presentación en tribunales “reciben comentarios que buscan inhibir el ejercicio de esos derechos”.
«Una ley de amnistía puede ser un punto de partida, pero solo será legítima si libera a personas inocentes y si viene acompañada de reformas estructurales que garanticen que el sistema de justicia no vuelva a ser utilizado como herramienta de persecución contra el periodismo. Amnistía y reparación, ya», expresó Ruiz.
Por su parte, el abogado Joel García dijo que «esa ley de amnistía libera personas pero no dignifica a nadie. Ese proyecto de ley está redactada de forma tan burda que es como que cualquier concesión que nos dieran allí debemos aplaudirla».
Señaló que, pese a que el proyecto aprobado por la AN abarca desde 1999 hasta el 30 de enero de 2026, los hechos que reconoce apenas equivalen a dos años y un par de meses, excluye a periodistas, personas detenidas por expresar opiniones, militares y aquellas víctimas de actos administrativos que lesionan sus derechos políticos (inhabilitaciones).
Destacó además que la propuesta incluye un fondo de reparación integral a víctimas de graves violaciones de derechos humanos, cuyos fondos pueden ser captados de dineros que el Estado ha recuperado de tramas de corrupción.
Balance del SNTP
Marco Ruiz expresó que el SNTP contabiliza 59 periodistas y trabajadores de la prensa judicializados: cuatro de ellos permanecen presos (Jonathan Carrillo, Pedro Urribarri, Deivis Correa y Marifel Guzmán), dos se encuentran bajo arresto domiciliario, 23 han sido excarcelados durante 2026, 10 más entre 2024 y 2025, y al menos 20 permanecen en el exilio como consecuencia de la persecución judicial.
«A ellos se suman decenas de periodistas que han tenido que salir del país por temor fundado, por la anulación de pasaportes o por alertas en el Sistema de Investigación e Información Policial (Sipol), sin siquiera conocer la existencia de una investigación en su contra. Los queremos a todos de vuelta: el país los necesita y el periodismo los necesita», afirmó Ruiz.
El secretario general del SNTP también exigió a nombre del gremio que se derogen las leyes utilizadas para «criminalizar la opinión y la crítica», en particular la Ley contra el Odio, al igual que la Ley ResorteME.
También solicitó el «compromiso expreso» del Estado de eliminar el uso del derecho penal contra el periodismo y el ejercicio de la libertad de expresión, el levantamiento de los bloqueos digitales, procesos transparentes y no discriminatorios para la asignación y renovación de concesiones a radios y televisoras, devolución de equipos incautados y la aprobación de una ley de protección integral para periodistas y trabajadores de la prensa.
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