Clippve calificó como una política de revictimización institucional la situación y señaló que estas acciones no solo son arbitrarias, sino que «estigmatizan y criminalizan las acciones legítimas de las víctimas»
PNB negó alimentos a detenidos en La Yaguara para impedir vigilia de familiares de presos políticos
En un nuevo episodio de violencia institucional, funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en el centro de detención de La Yaguara impidieron este sábado 21 de marzo el ingreso de alimentos para los privados de libertad.
La medida, denunciada por el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (@clippve), tuvo como objetivo principal desarticular una vigilia pacífica organizada por los familiares de las víctimas en las afueras de la sede policial.
De acuerdo con los reportes de testigos y organizaciones de derechos humanos, los uniformados se negaron a recibir las viandas destinadas a los detenidos para generar un clima de confrontación.
La estrategia oficial buscaba que el retraso y la molestia de quienes hacían fila para entregar comida provocara roces con los familiares que realizaban la protesta, intentando así que la propia comunidad impidiera la manifestación.
Solidaridad frente a la arbitrariedad
Pese al intento de manipulación por parte de los efectivos de la PNB, la maniobra resultó fallida. Las personas que esperaban bajo el sol para alimentar a sus parientes rechazaron la conducta policial y, en un gesto de empatía, expresaron su respaldo a los familiares de los presos políticos.
Desde el Clippve, calificaron lo ocurrido como una política de revictimización institucional. La organización señaló que estas acciones no solo son arbitrarias, sino que «estigmatizan y criminalizan las acciones legítimas de las víctimas», utilizando el suministro básico de alimentos como un mecanismo de chantaje político.
Alerta a la comunidad internacional
Ante la gravedad de los hechos, el comité activó una alerta dirigida a los organismos de protección de derechos humanos, las Naciones Unidas y la comunidad internacional.
El Clippve subrayó que estas prácticas evidencian una «persistente violación de derechos humanos en Venezuela» y una violencia institucional sistemática. Finalmente, exigieron que el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz actúen de oficio ante esta denuncia pública para determinar responsabilidades sobre quienes ordenaron restringir el acceso a la alimentación de los internos.
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