Fedeindustria considera la legislación como muy positiva
La Ley Orgánica para la Celeridad y Optimización de Trámites Administrativos, aprobada en la Asamblea Nacional el 26 de marzo, destaca por su enfoque en la transformación digital y la eliminación de la burocracia.
La ley tiene por objeto disminuir los plazos de tramitación y respuesta ante las solicitudes que los ciudadanos hacen a la Administración Pública.
Asimismo, la ley busca mejorar la eficiencia de los organismos del Estado y superar procedimientos burocráticos que sean considerados innecesarios o complejos.
Entre los aspectos más importantes está la prohibición de solicitar documentos propios; es decir, los organismos públicos tienen prohibido exigir documentos que ellos mismos emiten o que ya poseen en sus bases de datos.
En este particular, la diputada María Gabriela Vega, primera vicepresidenta de la Comisión Permanente de Política Interior de la Asamblea Nacional, destacó que “la ley trata de un concepto de interoperabilidad. Eso quiere decir que, por lo menos, yo voy a una institución y me piden unos recaudos. Pero si en esa institución ya están los recaudos, chévere. Pero si no, la misma institución tiene que llamar a la otra institución para pedir el recaudo. Eso es para ir minimizando la dualidad de los recaudos, porque entonces en todos lados piden lo mismo”.
Otro de los elementos esenciales en la norma legal es la presunción de buena fe, la cual refiere que los trámites se basan en el principio de que el ciudadano actúa correctamente, reduciendo la necesidad de verificaciones físicas excesivas, con lo cual se ataca directamente al burocratismo.
En este sentido, el diputado Carlos Sierra destacó que “la presunción de la buena fe hay que tenerla en todas las instituciones del Estado y, bueno, confiar que el ciudadano y ciudadana va a introducir sus papeles correctamente sin necesidad de estar pidiéndole excesos”. Asimismo, aseveró que con esta ley se fortalece la capacidad administrativa del Estado venezolano: “Estamos fortaleciendo la simplificación de trámites para que todas las empresas, todas las personas de las distintas comunidades, puedan hacer sus trámites con el Estado sin tanto burocratismo… sin pedirle temas o papeles que podamos, pudiéramos nosotros a través de la digitalización”.
Y es que en este instrumento legal, que fue propuesto por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, se exhorta a la digitalización con la adopción de tecnologías y firma electrónica.
Se ordena la incorporación obligatoria de medios electrónicos, informáticos y telemáticos para optimizar las labores, validando plenamente la firma electrónica.
Lapsos
Desde el momento de la aprobación de la Ley Orgánica para la Celeridad y Optimización de Trámites Administrativos, comenzaron a correr 180 días para la adecuación de las instituciones a los preceptos de este instrumento legal.
La diputada María Gabriela Vega explicó que ya están en ese proceso en diferentes instituciones.
La normativa legal detalla que los órganos administrativos deben adecuar sus plataformas y oficinas a la nueva realidad digital.
De igual modo, cada ente público debe designar a un funcionario encargado específicamente de acelerar y optimizar los trámites, coordinando con otras instituciones para evitar retrasos.
Impacto positivo
El vicepresidente territorial de Fedeindustria, Jorge Hernández, calificó de “muy positiva” la nueva Ley de Simplificación de Trámites Administrativos.
Para el sector industrial, este instrumento legal representa una “herramienta clave para la reducción de la burocracia” y la agilización de procesos críticos como registros y licencias.
Hernández señaló que la normativa está diseñada para la “reducción de costos operativos innecesarios” dentro de las empresas. A su juicio, estas medidas favorecen la “nueva dinámica que vive Venezuela”, especialmente ante la llegada de nuevos inversionistas extranjeros. Estos capitales buscan “la aceleración y la puesta en marcha de sus proyectos” en el país.
El representante gremial afirmó que la ley permitirá “mejorar la competitividad al enfocarse más en la producción” real. Al eliminar gestiones que “no aportan nada al valor de los bienes”, las industrias podrán optimizar sus cronogramas de trabajo.
Según Hernández, la digitalización ha generado “ahorros importantes en tiempo y dinero” en otros países, por lo que hay buenas perspectivas para el ámbito nacional.
También destacó que la percepción del gremio es “bastante optimista” y ven la ley como un paso en la “dirección correcta”. No obstante, aclaró que el éxito dependerá de que se ejecute con “agilidad y coordinación entre las instituciones”.
El objetivo final es consolidar una producción industrial venezolana mucho “más dinámica y competitiva”, resaltó en su declaración.
Este es un tema relevante, pues con la dinamización de las instituciones se minimizan los trámites y se aceleran los procesos, lo cual se traduce en un beneficio directo para la economía nacional.
Comisión Nacional
El Artículo 7 de la ley establece formalmente la creación de la Comisión Nacional para la Celeridad y Optimización de Trámites y Procedimientos Administrativos, un ente de alto nivel presidido por el Presidente o presidenta de la República.
Esta comisión tiene la responsabilidad estratégica de “evaluar y proponer medidas” directamente a la Jefatura del Estado para garantizar la eficiencia administrativa.
Para su funcionamiento operativo, el cuerpo contará con una secretaría técnica especializada, cuyos integrantes serán designados por la Presidencia para asegurar el cumplimiento de sus atribuciones legales.
La estructura de esta Comisión destaca por su carácter multidisciplinario y plural, al integrar a la Vicepresidencia Ejecutiva, vicepresidentes sectoriales y representantes de la Asamblea Nacional. Asimismo, incorpora una visión territorial y de derechos humanos al incluir a dos gobernadores, dos alcaldes y un representante de la Defensoría del Pueblo.
Esta composición busca que las políticas de simplificación no solo se apliquen en el gobierno central, sino que permeen hacia las regiones y municipios, garantizando siempre el respeto a los derechos ciudadanos en cada gestión pública.
Jornada de reforma de ley
La Secretaría de Asuntos Parlamentarios del Partido Socialista Unido de Venezuela impulsa jornadas de formación sobre esta ley. La ponencia principal estuvo a cargo del presidente de la Comisión Permanente de Política Interior de la Asamblea Nacional, Nicolás Maduro Guerra, quien presentó los aspectos esenciales de la ley; entre ellos, la obligación de coordinación entre organismos del Estado para reducir diferencias administrativas injustificadas y garantizar un trato adecuado a pueblos indígenas y a ciudadanos con poca experiencia en procesos digitales. Recordó que la normativa establece un plazo de 180 días continuos para que los entes públicos adapten sus procedimientos, con el fin de avanzar hacia una gestión más eficiente, tal como lo ha instruido la presidenta encargada Delcy Rodríguez.
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