El traslado se realizó en siete autobuses bajo custodia de la GNB y cuerpos policiales regionales. En una de las unidades fueron trasladadas seis mujeres, quienes fueron llevadas al anexo femenino del Centro Penitenciario David Viloria, conocido como Uribana.
El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció nuevos traslados arbitrarios de privados de libertad en el país, luego de que al menos 129 reclusos fueran movilizados desde el estado Yaracuy hacia centros penitenciarios en Lara, en medio de cuestionamientos sobre la legalidad de estos procedimientos.
De acuerdo con la organización, el traslado se realizó en siete autobuses bajo custodia de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y cuerpos policiales regionales. En una de las unidades fueron trasladadas seis mujeres recluidas en una comandancia de la GNB, quienes fueron llevadas al anexo femenino del Centro Penitenciario David Viloria, conocido como Uribana.
En los otros vehículos se movilizó a 60 hombres provenientes de la Comandancia General de la Policía de Yaracuy, a los que se sumaron otros 63 reclusos trasladados previamente desde la Policía Nacional Bolivariana (PNB). En total, 126 hombres fueron enviados al penal de Uribana y a la Comunidad Penitenciaria de Fénix.
Traslados fuera de jurisdicción
El OVP advirtió que estos movimientos presentan irregularidades, ya que los internos están siendo enviados a estados distintos de donde se encuentran los tribunales que llevan sus causas, lo que podría interrumpir los procesos judiciales y agravar el retardo procesal.
La organización explicó que, en muchos casos, los centros penitenciarios alegan falta de transporte para justificar la imposibilidad de trasladar a los reclusos a audiencias en otras entidades.
Además, recordó que ya había denunciado el traslado de más de 600 reclusos desde el Centro Penitenciario Yare III hacia distintas cárceles del país en días recientes, una práctica que —según la ONG— se repite y agrava la crisis penitenciaria.
El director del OVP, Humberto Prado, señaló que en Yaracuy existía un penal que fue desalojado hace más de dos años con la promesa de ser reestructurado, sin que hasta ahora se haya cumplido.
Impacto en las familias
La organización también alertó sobre el impacto directo en los familiares, quienes deben asumir altos costos para trasladarse y garantizar alimentación e insumos básicos que no cubre el sistema penitenciario.
Familiares de los reclusos manifestaron preocupación por las condiciones en los centros de Lara, donde —según denuncias— persisten fallas en alimentación, acceso al agua potable y atención médica. Además, indicaron que las visitas han sido limitadas a dos veces al mes, lo que incrementa la angustia.
El costo de traslado entre Yaracuy y Lara ronda los 16 dólares por visita, lo que puede elevar el gasto mensual hasta 80 dólares solo en pasajes, una carga difícil de sostener para muchas familias.
El OVP concluyó que estos traslados masivos forman parte de una crisis penitenciaria estructural que, asegura, no ha sido resuelta en más de una década. La organización ha insistido en que estas prácticas incrementan el hacinamiento en cárceles ya colapsadas y profundizan las fallas del sistema.
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