El observatorio alertó que las presuntas requisas violentas y malos tratos tras la llegada del nuevo director del Injuba, Elvis Macuare Guerrero, detonaron el motín en Barinas. La organización denunció además que unos 120 reclusos permanecen bajo castigo en una celda de aislamiento
El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) reportó que privados de libertad del Internado Judicial de Barinas (Injuba) iniciaron un motín y tomaron las instalaciones del penal este domingo 24 de mayo.
Los reclusos denunciaron al equipo del OVP que hace una semana fue designado Elvis Macuare Guerrero como director de Injuba y que, desde entonces, presuntamente han sido sometidos a requisas violentas, durante las cuales les destruyen sus pertenencias dentro de las celdas. Asimismo, aseguran haber sido víctimas de golpizas y torturas.
Más de 120 privados de libertad estarían castigados en una celda de aislamiento y la ONG alertó que el personal de custodia, acompañado por el nuevo director, supuestamente disparo en contra de los presos, dejando algunos heridos. Mientras tanto, en las afueras de Injuba se encuentran familiares de los internos sumamente preocupados por la situación.
«Esta es una situación que pudo haberse evitado si la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público hubiesen cumplido con el rol que les corresponde, tal como lo hemos exigido reiteradamente. Instamos a estos funcionarios a salir de sus oficinas y dirigirse de inmediato a Injuba para garantizar los derechos y la vida de las personas privadas de libertad», exigió la organización civil.
Privados de libertad del Internado Judicial de Barinas (INJUBA) tomaron las instalaciones del penal este #24May.
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— Observatorio Venezolano de Prisiones (@oveprisiones) May 24, 2026
También responsabilizó a Julio García Zerpa, ministro para el Servicio Penitenciario, por cualquier hecho que pueda ocurrir en Injuba. Hace pocos días, el 20 de mayo, el OVP y familiares, expresos políticos, estudiantes y activista pidieron la renuncia inmediata de García Zerpa por su complicidad con las «torturas» y los 27 «asesinatos» de detenidos por razones políticas que, afirmaron, han ocurrido al menos desde 2014 en distintas cárceles del país.
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