Comienzan las auditorías de habitabilidad en zonas críticas como La Guaira y Caracas. El gremio de ingenieros unifica esfuerzos técnicos para certificar estructuras seguras, mientras expertos exigen estudios forenses sobre los derrumbes
Comisiones mixtas evaluarán habitabilidad en las zonas afectadas por los terremotos tras la respuesta tardía del Estado.
Las consecuencias definitivas del doble terremoto que sacudió a Venezuela son aún desconocidas y se evalúan minuto a minuto en medio de un panorama devastador. El último balance oficial emitido por el gobierno de la presidenta interina, Delcy Rodríguez, sostiene que la cifra de fallecidos por los sismos del miércoles 24 de junio ascendió a 2.295 personas. Asimismo, el reporte gubernamental revela un impacto crítico en la infraestructura, pues 189 edificios colapsaron por completo y otros 774 sufrieron daños severos, un saldo que refleja la violencia con la que la naturaleza golpeó al país.
Ante la magnitud de la tragedia, en Venezuela se ha activado un despliegue técnico en el centro-norte del país marcado por la aplicación del protocolo oficial del «Semáforo» y la respuesta de la ingeniería civil organizada, un esfuerzo en el terreno que coincide en el tiempo con el monitoreo independiente que agencias aeroespaciales internacionales realizan para registrar el alcance de los daños.
Yaracuy fue el epicentro del doble terremoto. Sus intensas y sucesivas sacudidas causaron estragos generalizados en toda la costa central y fracturaron profundamente el tejido urbano y residencial del área metropolitana de Caracas, además de golpear con fuerza a las localidades de Catia La Mar, Caraballeda y La Guaira. El primer sismo, de magnitud 7,2, ocurrió a las 6:04 pm con un epicentro ubicado a unos 24 kilómetros al este-noreste de San Felipe; apenas 39 segundos después, se registró el evento principal de magnitud 7,5, localizado cerca de Yumare y a una profundidad de 10 kilómetros, lo que consolidó la magnitud de los daños en la región capital y el litoral central.
Este fenómeno, calificado por sismólogos y agencias internacionales como un evento atípico, tiene un antecedente probable que se remonta a 1812 y se ha consolidado ya como el peor desastre telúrico registrado en la región en más de 100 años.
Mientras la cifra oficial de fallecidos supera los 2.000 y el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) advierte que la cifra real podría ser drásticamente superior debido a la alta densidad poblacional y la destrucción de estructuras multifamiliares, el país se apresura en el terreno para determinar qué estructuras se mantienen en pie de forma segura y cuáles representan un peligro para la vida humana.
Frente a este escenario, la respuesta inicial del Estado mostró graves debilidades e insuficiencias. La ayuda gubernamental se ha desplazado de forma tardía, traduciéndose en una preocupante lentitud tanto en las labores urgentes para socorrer y rescatar a las víctimas atrapadas bajo los escombros, como en el despliegue técnico necesario para inspeccionar las viviendas afectadas.
Este vacío en la gestión de la emergencia no solo retrasó la asistencia básica, sino que prolongó la incertidumbre de miles de ciudadanos que, pese a no haber perdido sus hogares, demandan respuestas institucionales inmediatas y evaluaciones técnicas confiables sobre los daños visibles de sus inmuebles para recuperar la tranquilidad.
Ante la inacción temprana por parte del gobierno y la urgencia de datos precisos, la diáspora y la sociedad civil organizada reaccionaron con rapidez y desarrollaron alternativas de contingencia de base tecnológica.
En este contexto de necesidad extrema nació «Sismo Ayuda VE», una plataforma digital de emergencia impulsada por H y Machete, una asociación de migrantes venezolanos en Barcelona, España.
Luken Quintana, ingeniero estructural de formación y presidente de la organización, decidió volcar sus conocimientos y el uso de la tecnología BIM hacia la asistencia humanitaria. «En cuanto vi lo que estaba pasando, dije: ‘Hay que ayudar’, y la mejor forma de hacerlo era poner estos conocimientos al servicio de la gente. Levantó muy rápido porque las familias estaban —y están— desesperadas porque les revisen los daños en sus viviendas», relata Quintana, al advertir que la iniciativa emergió precisamente como un soporte civil crítico frente a un Estado con «muy poca capacidad de respuesta».
La plataforma opera de manera eficiente gracias a la implementación de un sistema de triaje digital dinámico diseñado para agilizar la atención en medio de la emergencia.
El proceso inicia cuando las familias afectadas acceden a una aplicación web amigable, donde deben llenar una ficha técnica detallada que recopila tanto los datos específicos del inmueble como fotografías nítidas y videos de los daños visibles en la estructura. Una vez enviado este formulario, el reporte genera de forma automática un ticket en el sistema que es tomado de inmediato por una red de más de 1.200 ingenieros y arquitectos voluntarios, quienes se encuentran inscritos tanto dentro del territorio nacional como en la diáspora venezolana.
Finalmente, basándose de manera en los criterios estandarizados internacionales del ATC (Applied Technology Council), estos especialistas evalúan la información de forma remota para realizar una valoración preliminar a distancia. Gracias a este análisis, los profesionales logran ofrecer alertas tempranas y lineamientos orientativos a los ciudadanos, brindándoles una primera noción sobre la gravedad de la situación en sus hogares mientras esperan las auditorías físicas institucionales.
Sin embargo, Quintana aclaró que esta iniciativa no sustituye la inspección presencial del Estado. «Nuestra iniciativa no sustituye de ninguna manera a la respuesta que tiene que venir del Estado (…). Una certificación de habitabilidad no es responsable hacerla sin una visita y una inspección de patología estructural», detalló.
Hasta la fecha, la plataforma ha registrado unos 1.300 edificios, constatando más de un centenar de colapsos totales y cerca de 300 estructuras con daños severos que requerirán ser desalojadas.
«Nos hemos encontrado con imágenes realmente preocupantes. Creo que poco a poco la gente va tomando conciencia de la escala de los daños», sostuvo Quintana, quien aseguró además que en el país se empezarán a registrar desplazamientos internos producto de la tragedia.
«Hasta ahora hay cargados en la plataforma más o menos 1.300 edificios, de esos, aproximadamente, nos quedan por evaluar unos 120-130. Los demás están ya evaluados o en proceso de evaluación. De esos, la última vez que revisé, había ciento y tantos edificios totalmente colapsados, ya registrados dentro de nuestra plataforma», explicó.
El ingeniero también detalló que alrededor de 300 edificaciones están muy dañadas y que muy posiblemente estas tendrán que ser desalojadas en algún momento. «Entonces, luego habrá 600, que ya hemos validado y que, al menos en el informe preliminar, no parecen tener daños estructurales significativos. Pero ese número va cambiando minuto a minuto», dice.
Esta labor gremial voluntaria y remota tiene relación con los esfuerzos en Caracas de Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela (CIV), quien detalló que el gremio se encuentra ejecutando intensas jornadas de inducción técnica en patología y estructuras. Estas capacitaciones están dirigidas a ingenieros, arquitectos y estudiantes de los últimos semestres de la Universidad Central de Venezuela (UCV), la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) y la Universidad Metropolitana (Unimet), trabajando en alianza con la Cámara de Construcción.
«Nosotros estamos ahorita en la etapa de inducción (…) Pero habrá un contingente muy grande en el área metropolitana y también en Vargas; de ingenieros civiles, arquitectos, estudiantes universitarios y también, pero un poco más limitados, de ingenieros civiles en estructura con posgrados en patología», explicó Betancourt.
A pesar del esfuerzo de iniciativas ciudadanas como «Sismo Ayuda VE», Betancourt marca una distancia clara y firme respecto a la validez de las inspecciones particulares o independientes, manifestando un desacuerdo técnico y legal con cualquier certificación que corra por fuera de los canales oficiales.
El presidente del CIV enfatizó que el proceso de evaluación y el posterior etiquetado de los inmuebles debe estar estrictamente centralizado y coordinado por las autoridades estatales para prevenir un escenario de desinformación masiva.
«El Colegio de Ingenieros no va a sacar ninguna etiqueta. Los únicos que pueden colocar etiquetas deben ser los órganos oficiales. Si no, esto se convierte en una anarquía y podrías conseguirte con tres etiquetas distintas en tu casa», advirtió.
Betancourt argumentó además que el ritmo profesional obliga a actuar con absoluta responsabilidad institucional.
Este posicionamiento del CIV contrasta con la dinámica de la plataforma liderada por Quintana. Mientras «Sismo Ayuda VE» defiende la rapidez digital como un mecanismo inmediato de alivio para familias desesperadas ante la parálisis oficial, Betancourt prioriza el control metodológico cerrado, argumentando que el ritmo de las cosas, para que salgan bien, con profesionalismo y de manera responsable y transparente hay que hacerlas con calma. Con ello, el CIV rechaza cualquier evaluación a distancia que pueda derivar en dictámenes informales o interpretaciones cruzadas que confundan a la población.
Buscando un punto de encuentro y respetando los métodos de los entes gubernamentales, Quintana inscribió a la plataforma en el operativo nacional de inspecciones presenciales que se llevará a cabo hasta el sábado 4 de julio. Con esta decisión, los inspectores y voluntarios de «Sismo Ayuda VE» —tanto los radicados en Venezuela como aquellos que colaboran a distancia— se sumarán formalmente a los despliegues oficiales. Así, sus evaluaciones adquirirán un carácter vinculante, alineándose de manera directa con las atribuciones institucionales que el Colegio de Ingenieros coordina junto al Ejecutivo.
Mientras Quintana prioriza atender de inmediato la urgencia de los afectados y Betancourt defiende esperar el cumplimiento de los protocolos antes de proceder al terreno, ambos ingenieros coinciden plenamente en dos aspectos medulares: la alarmante gravedad del daño estructural observado en Caracas y el litoral central de La Guaira, y el carácter no vinculante de los informes preliminares. Tanto Quintana como Betancourt reconocen que una valoración a distancia o visual rápida jamás podrá suplantar un dictamen de patología forense definitivo realizado en el sitio, y que es obligación del Estado asumir la responsabilidad final de la certificación e intervención de las obras.
Es precisamente bajo esa premisa de centralización y rigor legal que se fundamenta el diseño del protocolo oficial que llevará a cabo el gobierno de Delcy Rodríguez, el cual creó la Comisión Presidencial para la Evaluación de la Habitabilidad e Infraestructura, presidida por el ingeniero Francisco Garcés.
El «semáforo» oficial: el protocolo de evaluación rápida
El Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información señaló que el Estado ha implementado una metodología de «evaluación de corta duración» o rápida basada en una planilla de levantamiento y manual de campo.
Esta inspección evalúa tres indicadores de riesgo (Bajo, Medio y Alto) para asignar un grado de habitabilidad mediante etiquetas de color con valor legal y vinculante.
Nivel de deterioro Color y etiqueta Condición de habitabilidad Restricción de acceso
Daño leve o nulo Verde Estructura segura. Grietas superficiales o sin daños. Acceso permitido
Daño moderado Amarillo Estructura afectada. No habitable de inmediato; requiere estudios adicionales. Acceso restringido
Daño grave o colapso Rojo Estructura inestable. Peligro inminente de derrumbe o pérdida total de integridad. Acceso no permitido
Como lo establece la normativa, una vez concluido el proceso, la tarjeta física debe ser colocada en un sitio visible en el ingreso principal de la edificación, detallando el número de planilla, la dirección exacta y la firma con nombres completos de los inspectores acreditados.
El rol de la ingeniería civil y el filtro institucional
El protocolo oficial de evaluación de daños estructurales, diseñado de forma conjunta por el Colegio de Ingenieros de Venezuela (CIV) y la Comisión Presidencial, opera bajo una metodología de filtros sucesivos para garantizar que cada dictamen sea riguroso, responsable y transparente. Este engranaje institucional busca erradicar la informalidad y la anarquía en el etiquetado de viviendas, asegurando que las decisiones sobre la habitabilidad de un inmueble estén plenamente respaldadas por criterios técnicos y legales unificados.
La primera línea de acción en este sistema recae sobre las brigadas de ingenieros civiles, arquitectos y estudiantes de los últimos semestres debidamente acreditados, quienes se despliegan en el terreno para realizar las inspecciones visuales de campo y el llenado preliminar de las planillas de levantamiento. Una vez recolectados estos datos e indicadores de riesgo preliminares, la información no se procesa de forma directa, sino que pasa a una segunda instancia donde es sometida a una rigurosa auditoría por parte de comisiones internas de revisión técnica, encargadas de validar la consistencia de los reportes.
Posteriormente, los resultados certificados son canalizados y reportados formalmente ante las direcciones de Control Urbano o gerencias de Ingeniería Municipal de las alcaldías delegadas o las gobernaciones correspondientes, quienes centralizan la data para el mapeo real del desastre.
Finalmente, en aquellos escenarios que presentan una alta complejidad o donde las estructuras reciben una «etiqueta amarilla» con condiciones dudosas, el protocolo activa un filtro superior en el que intervienen ingenieros civiles estructurales con posgrados en patología forense.
Estos especialistas de máximo nivel realizan los ensayos y estudios forenses definitivos antes de autorizar la colocación oficial de la etiqueta correspondiente, otorgando así plenas garantías de seguridad a la población afectada.
Adicionalmente, el CIV está coordinando asistencia técnica y metodológica remota a través de la Unión Panamericana de Ingenieros (Upadi) y ha recibido el respaldo de especialistas en sismicidad de países como Chile, Colombia, México, Costa Rica y España.
Monitoreo satelital: la magnitud del daño desde el Espacio
Las herramientas de teledetección espacial aportadas por diversas agencias internacionales permiten dimensionar la catástrofe con una perspectiva global, lo que ayuda en la labor de inspección que se lleva a cabo directamente en el terreno.
En este ámbito, la NASA y la Universidad de Oregón han elaborado estimaciones globales de carácter preliminar y experimental que sitúan los daños en cerca de 59.000 edificios afectados o destruidos a lo largo de toda la región impactada.
Este cálculo se procesó mediante el análisis de datos de radar captados porel satélite Sentinel-1, perteneciente al programa europeo Copernicus, a través de una metodología que contrastó de manera precisa las imágenes satelitales tomadas los días 24 y 25 de junio de 2026 con los registros históricos recopilados durante el año anterior.
Por otra parte, los organismos multilaterales han aportado métricas más focalizadas basándose en el uso de herramientas de inteligencia artificial. Tal es el caso de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), la cual, apoyada en los datos y análisis del Microsoft AI for Good Lab, contabiliza formalmente un total de 9.868 edificios dañados, integrando en esta cifra tanto a las estructuras que colaron por completo como a aquellas que permanecen en pie pero presentan daños estructurales de consideración.
De acuerdo con las métricas geoespaciales presentadas por esta entidad de la ONU, la devastación se concentra de forma crítica en el litoral central. El organismo señala que 21% de la totalidad de los inmuebles ubicados en la denominada zona cero costera —que comprende las localidades de Catia la Mar, Caraballeda y La Guaira— sufrieron severas afectaciones.
El propio servicio europeo Copernicus ha sumado a este esfuerzo un monitoreo basado en el conteo visual directo sobre imágenes de alta resolución. A través de este método, el programa identificó de manera sumamente conservadora pero efectiva un total de 434 edificios completamente destruidos, haciendo referencia a bloques residenciales y comerciales visiblemente caídos y reducidos a escombros tras las sacudidas.
Este análisis visual satelital no solo confirma la crudeza del doble sismo, sino que además coincide con los reportes en el terreno al señalar a la localidad de Catia la Mar como el epicentro de la tragedia de infraestructura, al concentrar por sí sola 30% de los desplomes totales registrados por este organismo espacial.
¿Por qué colapsaron tantas estructuras? La necesidad de un dictamen científico
Ante la devastación visible en las zonas afectadas del país, la interrogante sobre las causas exactas que provocaron el derrumbe de centenares de edificaciones se mantiene en el centro del debate público; sin embargo, la rigurosidad técnica impide adelantar conclusiones apresuradas. Tanto Luken Quintana como Enzo Betancourt coinciden en que no es posible emitir un veredicto definitivo ni señalar responsabilidades generalizadas hasta que no concluyan los estudios de patología estructural y se procesen los resultados forenses que dictaminen científicamente qué ocurrió en el subsuelo y en los elementos de soporte.
Para los especialistas, la escala del desastre exige un análisis detallado que deje de lado las especulaciones y se base estrictamente en la evidencia física y los ensayos de materiales.
Parte fundamental de esta evaluación de fondo pasa por revisar los registros técnicos e históricos que resguarda la administración local. El presidente del CIV recordó la cadena de custodia y control que recae sobre los gobiernos locales: «Todas las alcaldías del país tienen un departamento; algunos dicen gerencia de Control Urbano, otros le dicen Ingeniería Municipal. Esa dirección o esa gerencia se encarga de recibir todo eso (…). Si yo quiero construir una casa, si quiero construir un edificio, un edificio educativo, un centro comercial, lo que sea». Son precisamente estas dependencias municipales las que concentran los planos estructurales, los permisos de habitabilidad originarios y las memorias de cálculo de cada inmueble.
Por esta razón, el protocolo actual estipula que toda la información recolectada en el terreno debe unificarse de manera rigurosa. «Con las planillas y la evaluación que se vaya a hacer, esa comisión nacional —porque todo va a ir ahí independientemente de que las alcaldías recojan data, independiente de que el Colegio recoja data— los que recojamos data tenemos que ir a esa comisión nacional, se le dará toda esa información y se puede mapear qué fue lo que sucedió realmente, cómo sucedió, qué cosas se pueden recuperar, qué cosas no se pueden recuperar», detalló Betancourt.
De este modo, el cruce entre los tickets digitales de inspección, las planillas físicas de los inspectores desplegados y los archivos históricos de Ingeniería Municipal será el único camino técnico para entender las fallas de diseño o ejecución y, sobre esa base, determinar el destino urbano de las zonas afectadas.
Criterios técnicos de inspección: ¿Qué buscar en las estructuras?
Los ciudadanos que aún esperan la auditoría oficial por parte de las autoridades y tienen pensado hacer una revisión preliminar por cuenta propia, sostienen los especialistas, deben asegurarse de que los ingenieros sigan las pautas técnicas con el fin de identificar posibles riesgos de manera oportuna.
El primer paso de este reconocimiento consiste en una revisión exterior primaria orientada a verificar la pérdida de verticalidad del edificio, la presencia de inclinaciones visibles o la existencia de asentamientos diferenciales reflejados en grietas o hundimientos anómalos en el suelo y las aceras circundantes.
También es fundamental que las personas prioricen la evaluación de los elementos portantes, concentrando toda su atención en las vigas y columnas de concreto armado, que son los componentes que realmente sostienen en pie la edificación.
En este sentido, Quintana aclara que las fisuras escandalosas en paredes divisorias de mampostería o en elementos de la fachada suelen ser fallas meramente arquitectónicas; estas ocurren debido a la flexibilidad estructural prevista en el propio diseño sismorresistente para disipar energía y, por lo tanto, no implican necesariamente un riesgo inminente de colapso.
Por el contrario, se debe prestar especial cuidado a las denominadas grietas críticas, considerándose altamente alarmantes aquellas que se presentan de forma inclinada —a unos 45 grados— en vigas o columnas, así como las fallas por corte localizadas cerca de los nodos estructurales. Asimismo, representa una señal de grave peligro estructural el desprendimiento del recubrimiento de concreto que deje expuesto el acero de refuerzo interno, especialmente si este se observa torcido o fracturado.
El ingeniero insta a la población a comprender el efecto de la fatiga por el doble sismo ocurrido en el país. Una estructura que resistió el primer impacto de magnitud 7,2, explica, tuvo que disipar una cantidad inmensa de energía, lo que se traduce en incursiones inelásticas y en una fatiga cíclica del material que mermó sus propiedades mecánicas.
Por esta razón, dice, muchas de las edificaciones que terminaron desplonándose lo hicieron porque el segundo evento de 7,5 encontró elementos de soporte con una resistencia residual drásticamente disminuida, lo que resalta la importancia de evaluar con cautela la estabilidad de los inmuebles que aún siguen en pie.
El diagnóstico estructural de fondo
El colapso de las edificaciones en Caracas y La Guaira reabrió el debate sobre la fiscalización urbana y la sismo-resistencia. Expertos como el geofísico Raúl Estévez advierten que el país presentaba una vulnerabilidad crítica debido a problemas de gobernanza: de 300 estaciones de monitoreo sísmico que existían en Venezuela, apenas funcionan 3 o 4, obligando a los sismólogos a depender de la data internacional del USGS y Europa.
Estévez recuerda que los terrenos de Caracas cuentan con cuencas de sedimentos poco compactos de más de 50 metros de profundidad. Estos sedimentos actúan como filtros que amplifican las ondas sísmicas de baja frecuencia, entrando en resonancia directa con los edificios de mayor altura (especialmente en zonas como Altamira, Los Palos Grandes y Chacao).
Por su parte, el ingeniero estructural Eduardo Cholet hizo un llamado urgente a rescatar y aplicar de manera estricta estudios científicos de microzonificación sísmica (como el desarrollado para Barquisimeto tras 30 años de postergaciones). La microzonificación permite delimitar de forma milimétrica el comportamiento del suelo calle por calle, indicando a los urbanistas dónde levantar soluciones unifamiliares de baja altura y dónde es seguro construir edificios altos para evitar el fenómeno de resonancia.
El futuro de la normativa venezolana
Las normas sismorresistentes nacionales vigentes (actualizadas formalmente por última vez hace 7 años) se basan en criterios de vanguardia internacional.
Sin embargo, Enzo Betancourt y Luken Quintana coinciden en que la ocurrencia de un doble terremoto sucesivo obligará a la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis), a las universidades y al CIV a sentarse a redactar un nuevo código de diseño.
La ingeniería global no contempla de forma probabilística dos impactos de tal magnitud de manera consecutiva, por lo que el mapa de riesgo sísmico del país deberá ser rediseñado por completo para las futuras labores de reconstrucción.
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