Varios países han rechazado el anuncio y están alistando respuestas recíprocas para proteger sus respectivas economías
El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, anunció la entrada en vigor de un nuevo paquete de aranceles de entre 10 % y 12,5 % dirigido a las mercancías de sesenta economías. Esta medida se lanza de forma apresurada justo a tiempo para relevar el esquema arancelario anterior próximo a vencer, configurándose como una muestra más de la hostilidad comercial generalizada que la administración de Donald Trump mantiene tanto con sus aliados históricos como con sus principales competidores globales.
La oficina comercial estadounidense argumenta formalmente que la decisión busca combatir el trabajo forzado en las cadenas de suministro globales, proteger a los trabajadores locales y frenar prácticas comerciales desleales.
Sin embargo, analistas y gobiernos extranjeros denuncian que se trata de un ardid proteccionista que utiliza los derechos humanos como pretexto para reimponer cargas impositivas masivas a casi la totalidad de las importaciones del país. Bajo este esquema, los socios que no han adoptado prohibiciones explícitas enfrentan la tarifa máxima de 12,5 %, mientras que aquellos con compromisos previos o medidas de cumplimiento reciben un gravamen de 10 %.
Impacto en América Latina y otras latitudes
El listado de afectados abarca a los socios comerciales prioritarios de Estados Unidos en América Latina, incluyendo a Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Perú, Uruguay y Venezuela, cuyos productos enfrentan en su mayoría el recargo de 12,5 %. Por su parte, las mercancías procedentes de México y Ecuador fueron tasadas con el porcentaje menor de 10 %.
Fuera de la región latinoamericana, el castigo comercial se extiende a potencias y bloques enteros. Canadá y la Unión Europea reciben la tarifa intermedia de 10 %, mientras que economías de peso global como China, Corea del Sur, Japón y el Reino Unido son sancionadas directamente con el arancel máximo de 12,5 %.
Criterios de exclusión y excepciones contempladas
A pesar de que el alcance inicial de la normativa cubre el porcentaje casi absoluto de las importaciones estadounidenses, la propia administración estableció numerosas excepciones sectoriales y comerciales para evitar crisis de abastecimiento interno.
Entre los rubros exentos figuran los materiales informativos, donaciones, equipajes personales y artículos o partes que ya soportan otros gravámenes específicos. Asimismo, quedan al margen aquellas materias primas cuya tarifa podría provocar escasez en el mercado interno, productos que pudieren generar perturbaciones económicas generalizadas, bienes imposibles de cultivar o producir en cantidades suficientes dentro de territorio estadounidense, y mercancías cuyo recargo no contribuya de manera sustancial a eliminar las prácticas investigadas.
Rechazo internacional y denuncias por arbitrariedad
La imposición de estas tarifas desató una ola de indignación y rechazo frontal por parte de varios gobiernos afectados, que tachan la medida de unilateral y arbitraria. Brasil, castigado con un severo esquema de presiones arancelarias previas y los nuevos recargos, calificó la decisión de la Casa Blanca como un acto injustificado que instrumentaliza los derechos humanos con fines proteccionistas.
En respuesta a esta hostilidad, el Gobierno brasileño liderado por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunció la activación inmediata de los instrumentos previstos en su Ley de Reciprocidad aprobada por el Congreso Nacional, además de llevar formalmente el litigio ante el mecanismo de solución de controversias de la Organización Mundial del Comercio (OMC).
FUENTES AP, EFE, AFP – Noti/Imágenes
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