El diplomátcio anunció que el Ejecutivo notificó al secretario general de la ONU la decisión de denunciar el Estatuto de Roma. El Gobierno argumenta que la CPI actúa con un «sesgo geográfico» y la acusa de instrumentalizar la justicia internacional contra el país
El canciller Félix Plasencia informó este viernes 24 de julio que el gobierno interno de Delcy Rodríguez inició el proceso para retirar al país de la Corte Penal Internacional (CPI), al comunicar al secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, su decisión de abandonar el Estatuto de Roma, tratado que dio origen al tribunal internacional.
En un mensaje publicado en su cuenta de X, Plasencia indicó que la decisión fue tomada «por instrucciones de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez», y que el procedimiento se hará conforme al artículo 127 del Estatuto de Roma, que establece el mecanismo mediante el cual un Estado puede retirarse del acuerdo.
El ministro aseguró que Venezuela considera que la actuación de la Corte responde a un «sesgo geográfico demostrado», al sostener que sus investigaciones se han concentrado «de manera desproporcionada en países africanos y latinoamericanos, en detrimento del Sur Global».
Según Plasencia, ese patrón «revela una justicia internacional que, lejos de aplicarse con equidad, ha sido instrumentalizada para profundizar las desigualdades entre los pueblos y desconocer su derecho a la autodeterminación y a la soberanía».
También afirmó que la Corte ha puesto «sus mecanismos al servicio de intereses ajenos a la justicia y a los pueblos que dice proteger», por lo que el Ejecutivo rechaza lo que calificó como «una dimensión de lawfare, que perpetúa la persecución contra el pueblo venezolano y agrava las desigualdades que la justicia internacional debería corregir».
El canciller agregó que el Gobierno mantiene su compromiso con «una justicia genuinamente equitativa, respetuosa de la soberanía y la autodeterminación de los pueblos».
¿Qué implica retirarse del Estatuto de Roma?
El Estatuto de Roma, aprobado en 1998 y vigente para Venezuela desde el año 2000, es el tratado que creó la Corte Penal Internacional y define cómo funciona ese tribunal. También establece que la CPI puede investigar cuatro tipos de delitos: genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y el crimen de agresión.
La Corte actúa de forma complementaria a los sistemas judiciales nacionales. Esto significa que solo interviene cuando considera que un Estado no puede o no quiere investigar y juzgar por sí mismo los crímenes que están bajo su competencia.
Actualmente, la Fiscalía de la CPI mantiene dos procesos relacionados con Venezuela. El principal es una investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad, que abarca denuncias de torturas, detenciones arbitrarias y violencia sexual presuntamente cometidas desde 2014.
Ese expediente se abrió después de que seis Estados parte solicitaran en 2018 que la Fiscalía examinara la situación venezolana. En noviembre de 2021, el entonces fiscal Karim Khan anunció el inicio formal de la investigación y firmó con el Gobierno venezolano un memorando de entendimiento basado en el principio de complementariedad para impulsar reformas al sistema de justicia y favorecer la rendición de cuentas de las presuntas víctimas.
La Fiscalía también mantiene un examen preliminar sobre los efectos que las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos habrían tenido sobre la población venezolana.
El anuncio de Plasencia se produce meses después de que la Corte Penal Internacional informara el cierre de su oficina de país en Caracas, una decisión que fue cuestionada por organizaciones de derechos humanos y por representantes de víctimas que siguen el avance de la investigación.
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