Dr. Gustavo Duque Largo
Este articulo de opinión lo escribo con dos sombreros que nunca me han quedado del todo bien juntos. Uno es el de abogado internacionalista: ese que aprendió a leer tratados, a desconfiar de las verdades absolutas y a saber que en el derecho, como en la vida, casi nada es blanco o negro. El otro es el de periodista: el que aprendió a preguntar lo que nadie quiere responder, a mirar donde otros apartan la vista y a escribir para que alguien, en algún lugar, entienda. Y desde esa doble mirada, hay una historia que se está escribiendo en tiempo real y que muchos prefieren no nombrar.
El pasado 29 de agosto de 2026, Donald Trump anunció lo que llamó “el mayor acuerdo petrolero de la historia mundial”. Del otro lado de la mesa, firmando por Venezuela, estaba Delcy Rodríguez. No un presidente electo. No un gobierno reconocido. La misma mujer que el secretario de Estado Marco Rubio había declarado, apenas ocho meses antes, como ilegítima. “No creemos que este régimen sea legítimo”, dijo Rubio en enero. “Más de 60 países comparten esa posición”.
Pero en agosto, ese mismo gobierno ilegítimo le entregó a Estados Unidos el control de 65.000 millones de barriles de petróleo. Y nadie en Washington pareció acordarse de lo que habían dicho siete meses atrás.
El acuerdo, o los números que no cuadran
Vamos a los hechos, porque los hechos son tozudos. El pacto, negociado con Rodríguez, otorga a Washington el control de reservas en la Faja del Orinoco y el estado Zulia. La empresa North American Blue Energy Partners (NABEP) recibió concesiones para explotar 17 campos petroleros. La Casa Blanca dice que son por 100 años. Rodríguez dice que son por 25. Alguien miente. O alguien no leyó lo que firmó.
Estados Unidos obtiene el 35% de la empresa matriz de NABEP “sin ningún coste para el contribuyente estadounidense”. ¿Cómo? A través de warrants, que le dan al gobierno el derecho de comprar acciones a un precio ya fijado, a veces por apenas un centavo. Es un mecanismo financiero sofisticado que, en la práctica, equivale a quedarse con un tercio de la operación sin poner un dólar.
Venezuela, por su parte, recibirá 19 dólares por cada barril comercializado, con una meta de producción de 1,5 millones de barriles diarios. Rodríguez estima que el país podría recibir 209.335 millones de dólares durante la vigencia del acuerdo. Son cifras que suenan bien en un discurso televisado. Pero la realidad del mercado las desmiente: la infraestructura petrolera venezolana está destruida tras años de desinversión y fallas eléctricas. Restablecerla requerirá inversiones colosales y, según los analistas, el aumento de producción no se verá “por lo menos en tres, cuatro años”.
El problema de la legitimidad al firmar con un fantasma
Aquí es donde el abogado internacionalista en mí se revuelve. Para que un tratado o un acuerdo internacional sea válido, las partes que lo suscriben deben tener capacidad jurídica para hacerlo. Es derecho básico. Un gobierno no reconocido por la comunidad internacional, que carece de respaldo democrático y que asumió el poder tras la captura de un dictador, no tiene esa capacidad.
Rubio lo dijo sin ambages: “La legitimidad del Estado venezolano solo podrá restablecerse mediante comicios verificables”. Y sin embargo, su propio gobierno firmó un acuerdo energético de 25 años con ese poder ilegítimo. La contradicción no es menor. Es una capitulación del principio de legitimidad democrática frente a la conveniencia del crudo.
Trump afirmó que Venezuela “no está preparada” para celebrar elecciones. Con esa frase, consolidó el statu quo del régimen liderado por Rodríguez y postergó, de forma deliberada, la transición democrática. El acuerdo no solo legitima a Rodríguez; la convierte en la interlocutora válida de Washington, la única capaz de gestionar el petróleo que Estados Unidos quiere. Y mientras ella siga siendo útil, las elecciones pueden esperar.
El Cartel de los Soles, o el fantasma que ahora firma contratos
Y aquí llegamos al nudo que nadie quiere apretar. Delcy Rodríguez no es una funcionaria cualquiera. Es parte del aparato represor del régimen, según la portavoz de María Corina Machado, y forma parte del Cartel de los Soles. El excomandante Cliver Alcalá, extraditado a Estados Unidos, ha señalado que los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez son los verdaderos artífices de esa estructura.
El Cartel de los Soles, ese fantasma que durante años fue más una etiqueta mediática que una organización criminal verificable, se ha convertido en el centro de un laberinto jurídico. En 2025, la administración Trump lo designó como organización terrorista extranjera. Rodríguez lo tachó de “ridículo” y de “refrito”. Pero luego, en enero de 2026, el mismo Departamento de Justicia se retractó: redujo la figura a un “sistema de clientelismo” y eliminó a Maduro como su líder.
Ahí está el problema. Si el cartel no existe como organización formal, ¿cómo se negocia con él? ¿Cómo se firma un acuerdo de 25 años con alguien que supuestamente dirige una organización terrorista? Y si existe, entonces el gobierno de Estados Unidos acaba de firmar un acuerdo petrolero con una organización criminal.
La coherencia no es el fuerte de nadie en esta historia. Trump designó al cartel como terrorista cuando le convenía presionar a Maduro. Lo desmontó cuando necesitaba negociar con Rodríguez. Y ahora firma con ella como si nada. El derecho internacional, mientras tanto, contempla figuras como la “empresa criminal conjunta”, pero aplicarlas aquí es un ejercicio de equilibrismo jurídico que pocos tribunales querrían enfrentar.
La estrategia de Trump: negar, atacar, cambiar las reglas
Trump lo sabe. Y su defensa no será jurídica en el sentido estricto. Será política, mediática y, sobre todo, narrativa.
La estrategia tiene tres capas. La primera es la deslegitimación del acusador: “los demócratas inventaron el cartel para justificar una intervención, y ahora inventan que yo negocié con él”. La segunda es la inversión de la carga: “si el cartel no existe como organización, entonces no hay crimen organizado con el que negociar”. Y la tercera es la más peligrosa: la política del hecho consumado. Trump ya ha demostrado que puede ordenar al Departamento de Justicia que deje de aplicar leyes que le incomodan, como hizo con la FCPA, la ley que prohíbe sobornar a funcionarios extranjeros. Si los demócratas abren una investigación, Trump puede simplemente declarar que la ley no aplica.
Además, está la cuestión de la inmunidad presidencial. La Corte Suprema de 2024 amplió de manera histórica ese escudo, y Trump ya lo ha invocado en otros casos para frenar acusaciones penales. Cualquier intento de procesarlo por “negocios ilegales” tendría que sortear primero ese muro.
La opacidad del consorcio: Betancourt y el lavado de dinero
Hay un detalle que no puedo dejar pasar como periodista. El consorcio ejecutor, North American Blue Energy Partners, está capitaneado por Alejandro Betancourt, un empresario venezolano investigado internacionalmente por lavado de dinero y desfalco a la propia Pdvsa. Que el socio principal de este acuerdo sea alguien con ese historial debería encender todas las alarmas.
La opacidad del acuerdo, negociado a puerta cerrada y con versiones contradictorias sobre su duración y términos, no es un detalle menor. Es la marca de fábrica de un negocio que huele a trampa. Las inversiones no se obtienen mediante pactos opacos. La seguridad jurídica es la base de cualquier recuperación económica real. Y aquí no hay seguridad jurídica. Hay un gobierno ilegítimo, un cartel que aparece y desaparece según la conveniencia, y un consorcio liderado por alguien que debería estar rindiendo cuentas, no firmando contratos.
El precio de la impunidad
Trump enfrentará a los demócratas como siempre: negando, atacando, victimizándose y, si es necesario, cambiando las reglas del juego. No perderá el sueño. Los que sí lo perderán serán los abogados que tengan que argumentar, con una mano en el corazón y otra en el Código Penal Internacional, que se puede negociar con un fantasma. Y los periodistas que tengamos que explicar, con una mano en la pluma y otra en la conciencia, que el “mayor acuerdo petrolero de la historia” se firmó con una organización que el propio gobierno que lo firmó había declarado terrorista.
Al final, los que pagan el precio no son los Trump ni los Rodríguez. Son los venezolanos que huyeron de un régimen corrupto, los que se quedaron y sobreviven con lo poco que queda, los que un día se enteran de que el “cartel” era una metáfora, que la “organización terrorista” era una designación política sin pruebas judiciales, y que los “negocios ilegales” eran, quizás, solo negocios. Negocios que hipotecaron su soberanía por un siglo.
Y yo, que soy abogado y periodista, escribiré sobre todo esto con la incómoda certeza de que, al final, la verdad jurídica y la verdad periodística rara vez coinciden. Y que en el espacio entre ambas, es donde vive la impunidad.
Abogado Gustavo Duque Largo [email protected]
Analista político internacional